Luego que la 26ª fase de la Operación Lava-Jato pusiera en evidencia una estructura profesional de pagos de sobornos, con nombres en clave y sistema informatizado que funcionaba al interior de la empresa, la mayor contratista del país emitió una nota pública afirmando que hará “una colaboración definitiva” con las investigaciones. Esta estructura incluía altos ejecutivos autorizando pagos ilícitos, que incluso se mantuvo luego de la detención del presidente de la empresa, Marcelo Odebrecht.
Marcelo Odebrecht está bajo prisión preventiva desde junio de 2015 y el pasado 8 de marzo el juez Sérgio Moro lo condenó a 19 años de prisión por corrupción, lavado de dinero y organización criminal. La condena es en segunda instancia. Aún cabe un recurso, pero la pena ya comenzó a ser cumplida debido a una reciente modificación promovida por el Supremo Tribunal Federal (STF).
Esta situación venía alimentando especulaciones si el ejecutivo negociaría una delación premiada como forma de escapar de la condena y en qué medida ésta podría afectar a Lula y al gobierno de Dilma, teniendo en cuenta las innumerables relaciones con la empresa.
La cuestión es que cuanto más demoraba en concretarse el proceso de delación más compleja se tornaba, considerando que figuras menores negociaban sus delaciones, como ocurrió con la secretaria responsable por las planillas de pago de sobornos. Es decir, para que Sergio Moro y la Policía Federal aceptaran negociar una delación con Marcelo Odebrecht, el acusado debería tener algo realmente novedoso para decir, entregar o comprometer más a Lula y al gobierno. Esta fue la señal finalmente emitida por la empresa con su nota pública de este martes.
Avanza la Operación Lava-Jato, las piezas se reposicionan en el tablero
Involucrando a 380 policías en 8 Estados, 110 mandatos judiciales, 11 prisiones temporarias, 4 preventivas, 28 traslados coercitivos y 67 mandatos de búsqueda y detención, la nueva fase de la Operación Lava-Jato puso a la mayor contratista del país en el centro de las investigaciones y podría haber contribuido decisivamente sobre el proceso de impeachment. La delación premiada de Maria Lúcia Tavares, ex secretaria de Odebrecht,junto a las planillas de contabilidad del esquema de pagos de sobornos encontradas en su casa, fueron la base para la 26ª fase, iniciada este martes 22. Esta fase de la Operación, llamada Xepa, es un desdoblamiento de la 23ª, llamada Acarajé (nombre utilizado para el pago de sobornos) que decretó la prisión del publicista João Santana, responsable de campañas de Lula y Dilma y que también habría recibido sobornos.
Luego de un juego de presiones en el Supremo Tribunal Federal, el ministro Teori Zavascki determinó el pasado martes que el juez Sérgio Moro envíe toda la investigación al tribunal superior que involucra al expresidente Lula. El ministro también puso en sigilo las grabaciones interceptadas, que alcanzaron a la presidenta Dilma Rousseff. Esta decisión es un triunfo parcial del gobierno del PT que preserva la figura de Lula de las investigaciones a cargo del juez Sérgio Moro, quedando la votación final para el plenario del Supremo Tribunal Federal de la próxima semana.
Por otro lado, el PMDB que decidirá sobre su eventual salida del gobierno el próximo 29 de marzo, aparece dividido. Este martes (22) el presidente del senado, Renan Calheiros del PMDB, comentó que “cuando no hay una caracterización de delito de responsabilidad, no hay impeachment. El nombre debe ser otro”, dejando abierta la posibilidad de continuar con el apoyo al gobierno.
Investigaciones llegan al “Timón”
El vicepresidente del Corinthians, André Luiz de Oliveira, también apareció entre los investigados y fue preso in fraganti por portación ilegal de armas, luego de que la Policía Federal encontrara armamento en su casa donde fueron a buscarlo para declarar. En la planilla de contabilidad encontrada en la casa de Maria Lúcia Tavares, André Negão, asociado al alias Timão (Timón), habría recibido R$ 500 mil en sobornos de Odebrecht. Además del estadio “Itaquerão” (como es conocido el estadio del club de Corinthians), otras obras emprendidas por Odebrecht, como el “canal del sertão”, en Alagoas; un aeropuerto en Goiânia y la ampliación del subte de Río de Janeiro y de Porto Alegre, también serían parte del esquema de corrupción en licitaciones y pagos de sobornos.
Hacia dónde dirigir el descontento popular
Para los trabajadores esta disputa entre el gobierno y la oposición no ofrece ninguna ventaja, como quedó claro con el recién aprobado paquete de ajustes del gobierno, articulado con la participación de Lula, que recorta el presupuesto público. Dilma y el gobierno del PT asimilaron toda la corrupción propia de los capitalistas para gobernar, y aplican ajustes que darían envidia a cualquier tucano (PSDB). Fortalecieron a la derecha y a las instituciones autoritarias como el hiperactivo “partido Judicial”, el primero en pasar por sobre las leyes establecidas por los propios capitalistas, que cuenta con mil privilegios financieros. Una salida por derecha con el impeachment de Dilma y el fortalecimiento de los sectores más reaccionarios de la política brasilera, abriría un escenario de mayores ajustes, como se han visto en Argentina con el gobierno de Macri, tanto desde el punto de vista económico como de los derechos democráticos.
Contra esta política reaccionaria de derrumbar el gobierno con un impeachment articulado por la derecha, que gana fuerza a partir del avance de la Operación Lava-Jato, selectiva e interesada, guiada por un juez ligado al imperialismo, a los trabajadores y a la juventud solo nos resta la opción de organizarnos en los lugares de trabajo y estudio para luchar contra la corrupción y la impunidad con nuestros propios métodos, a través de la huelga y la movilización, independiente de la derecha.
Es necesario que los sindicatos de la CUT, la Central de Trabajadores y Trabajadoras Brasilero (CTB) y la UGT abandonen definitivamente su política de defensa del gobierno para fortalecer la construcción de un amplio movimiento contra los ajustes, comenzando por enfrentar el impeachment, pero llevando a fondo un cuestionamiento social de todo el sistema político, a través de la construcción de una Asamblea Constituyente Libre y Soberana, que instituya mandatos revocables, salarios coherentes con la realidad de los trabajadores brasileros y el fin de todos los privilegios que los actuales políticos y jueces disfrutan.
Traducción: Liliana O. Caló |
