El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU diseñó un Pacto Internacional sobre el derecho a la salud sexual y reproductiva que establece objetivos que deberían alcanzar los Estados miembros. Esto significa que Argentina debería darle cumplimiento efectivo, ya que tiene carácter obligatorio y constitucional. Por lo tanto debe arbitrar, de manera inmediata, los medios para prevenir abortos inseguros y garantizar el acceso al aborto seguro, legal y gratuito. El no hacerlo constituiría una violación del derecho a la vida y la seguridad de las mujeres.
Para alcanzar progresivamente el ejercicio pleno de este derecho, el protocolo establece que es necesario contar con disponibilidad de personal médico capacitado, asesoramiento sobre métodos anticonceptivos, como el uso del preservativo o anticonceptivos de emergencia, la pastilla del día después, etc. Además de asegurar el acceso a medicamentos que inducen el aborto como el misoprostol y la mifepristona.
Sin embargo, las políticas públicas en esta materia, en la actualidad están siendo seriamente amenazadas a causa de la decisión del gobierno de Mauricio Macri de desmantelar el Programa de Salud Sexual y Reproductiva.
Parte de los derechos de la salud sexual de las mujeres, es el acceso al aborto seguro. En este sentido hace diez años que el movimiento de mujeres de Argentina viene luchando para lograr la sanción de una ley que permita la interrupción voluntaria del embarazo. Sin embargo, ni siquiera se ha conseguido obtener dictamen para que el proyecto llegue a la Cámara baja.
No es casualidad que el proyecto permanezca en un cajón (a pesar de contar con el apoyo de diputados de los diferentes bloques parlamentarios). Esto es así por la abierta oposición de la iglesia y de la decisión de la ex presidenta Cristina Kirchner, quien expresó claramente que mientras durase su mandato esta ley no se promulgaría. Y así fue, la consecuencia inmediata de su posición llevó a que durante la “década ganada” murieran 3000 mujeres por abortos clandestinos.
Ni siquiera aquellas mujeres que como consecuencia de una violación quedan embarazadas, o las que su salud está en riesgo pueden acceder libremente a un aborto. Es que aunque el fallo FAL de la Corte Suprema de Justicia ratifique lo normado en el art. 86 del Código Penal, muchos médicos se niegan a realizar esta práctica utilizando como excusa la objeción de conciencia. Sin contar con que la aplicación del protocolo para abortos no punibles es completa solo en ocho provincias (Chaco, Chubut, Jujuy, La Rioja, Misiones, Santa Cruz, Santa Fe, Tierra del Fuego y Río Negro). El resto usa protocolos más restrictivos y burocráticos o directamente no lo aplica.
En definitiva, y pese a la responsabilidad que le cabría a la Argentina según esta nueva resolución de la ONU, resulta difícil imaginar que el gobierno de Cambiemos acepte mansamente darle un cumplimiento estricto a lo expresado en el dictamen. Prueba de ello es que en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, vetó mediante un decreto el protocolo para la atención de abortos no punibles, interponiendo todas las barreras necesarias para obstaculizarlo. Algo que a la luz de este nuevo dictamen representaría claramente una violación a los derechos de salud de las mujeres.
El derecho a la salud sexual de las mujeres es vulnerado de forma sistemática. Nada podemos esperar de gobiernos que usan como moneda de cambio la vida de miles de mujeres para seguir siendo cómplices de uno de los poderes políticos y económicos más grandes como es el Vaticano. Solo con la acción y la lucha de las organizaciones y las mujeres en las calles, lograremos definitivamente conquistar este derecho. | 
