La Facultad de Derecho cuenta al día de hoy con más de 26 mil estudiantes. Miles de ellos trabajan en distintos organismos y dependencias públicas, con precarios contratos de locación de servicios que facilitan los “Convenios de asistencia técnica” ofrecidos por la Facultad.
Se trata de un fraudulento mecanismo de precarización laboral, en el que la Facultad actúa como una consultora encargada de tercerizar el trabajo de sus estudiantes, a cambio de sumas millonarias de dinero.
Aprobados por el Consejo Directivo que dirigen la decana radical Mónica Pinto y 15 de 16 consejeros de la UCR/PRO (Cambiemos), los convenios son firmados entre la Facultad y, principalmente, distintos organismos o dependencias del Estado. Prácticamente todas las jurisdicciones (nacional, de CABA, de varias provincias y de algunos municipios) de la estructura de la Administración Pública (desde ministerios hasta direcciones), del Poder Judicial (incluida la CSJN) y del Poder Legislativo, tiene convenios con la Facultad.
Varias de estas dependencias estatales actualmente están provocando despidos masivos o amenazan hacerlo. Esta situación es producto de un régimen precarizador que se mantiene desde hace varios años con los estudiantes que deciden quedarse. Es que muchos se ven obligados a renunciar por los miserables salarios, por la incertidumbre en la renovación de contratos y por la frustración en la espera de un pase a planta que nunca llega.
Pero la Facultad no limita los beneficios de la precarización laboral al Estado. También hay lugar para los sindicatos (la Unión Ferroviaria y la Unión de Empleados de Justicia de la Nación que dirige Julio Piumato), fundaciones (como la Fundación Magister, que brinda posgrados privados en la propia Facultad) y empresas privadas. Desde cámaras empresariales hasta empresas de tecnología, se “destacan” las multinacionales Pan American Energy, Telefónica y América Latina Logística. Esta última fue operadora ferroviaria de ciertos tramos de las líneas San Martín, Sarmiento y Urquiza, hasta que fuere rescindido su contrato en el 2013 por incumplimiento al programa anual de inversiones, abandono de ramales, levantamiento de vías y traslado de activos sin autorización.
Estos son solo algunos casos. A fines del 2015, el Consejo Directivo válido más de 300 Convenios.
Cómo funciona el fraude
Firmado el Convenio de Asistencia Técnica, la Facultad firma un contrato de locación de servicios con los estudiantes. Estos deben confeccionar una factura como trabajador/a independiente, a nombre de la facultad, que es la encargada de pagarle su remuneración. Ese dinero es girado por la repartición, fundación o empresa en donde el estudiante desempeña sus tareas. Cínicas cláusulas contractuales estipulan que entre las partes (facultad y estudiante) no surge una relación laboral de dependencia. Pero las tareas y funciones que los estudiantes realizan las hacen a la par de los trabajadores de planta permanente, bajo la ficción de que su función es temporal o un servicio pasajero.
El fraude y la precarización violan la garantía contra el despido sin causa (para trabajadores estatales) y el derecho a la indemnización por despido (para trabajadores del ámbito privado). Niega también derechos laborales básicos: a las vacaciones anuales (no contempladas en estos “contratos basura”), al sueldo anual complementario (aguinaldo) y a la representación sindical.
Los retrasos en los pagos de sueldo son moneda corriente, al igual que la amenaza a “dar de baja el contrato” en caso de que haya algún reclamo.
La propina de la Decana y el Consejo Directivo
Pero no solo empleadores públicos y privados se benefician con los Convenios y la explotación laboral de miles de estudiantes. La facultad recibe por los “servicios” brindados sumas millonarias: solo en 2014 recibió más de 140 millones de pesos.
Los salarios, más bajos que los que corresponderían por Convenio, sufren una “retención” que, no casualmente, queda en poder de la Facultad. Los estudiantes desconocen el manejo de ese dinero, pero conocen bien la oferta de cursos que disminuye año tras año, el vaciamiento de contenidos a favor de los posgrados privados y el costo de bares y fotocopiadoras privadas.
Estos fondos deberían servir para al pago de un salario acorde a la canasta básica familiar y de haber excedentes, su destino debería ser sometido a consideración de todo la comunidad educativa (estudiantes, docentes y no docentes). Pero el radicalismo y la Franja Morada están muy lejos de la tradición reformista de 1918 que dicen reivindicar y son experimentados administradores de los ajustes que piden los empresarios.
Mientras el dinero ingresa, ni la Decana Mónica Pinto ni el Consejo Directivo rinden cuentas del destino de esos fondos. Por eso motivo, la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos denunció a la decana Pinto y a otras autoridades de la Facultad, por la posible utilización de estos fondos para el financiamiento de actividades partidarias del radicalismo universitario y el enriquecimiento personal de la decana.
Al servicio del ajuste
Sin embargo, el rol de los Convenios tiene implicancias más profundas que las de engrosar los bolsillos de altos funcionarios y militantes radicales.
La asistencia técnica es brindada a vaciadores de servicios públicos, a empresas que lucran con recursos naturales y a dependencias del Estado responsables de despidos masivos. Con un programa de estudio que lo facilita, el gobierno morado de la Facultad busca formar a los futuros abogados que, como ellos, defiendan los beneficios de los empresarios a costa del saqueo de nuestros recursos y la explotación de nuestro trabajo.
Por eso es que quieren poner la Facultad al servicio del ajuste que ya comenzó. Reflejando la alianza nacional, la gestión de la UCR, el PRO y los radicales de la Franja Morada sostienen la precarización de miles de estudiantes, favoreciendo los negocios empresarios y privados en detrimento de la educación pública. | 
