En el balance oficial sobre la década que transcurrió bajo los tres gobiernos kirchneristas, el discurso contra el neoliberalismo suele ir acompañado de una comparación de los actuales indicadores económicos y sociales con los del 2003. No con los indicadores de los noventa, sino con el del último año de la crisis que comienza en 1998 y se extiende hasta el crack de la convertibilidad en 2002.
En esos años el desempleo rondaba el 25% de la PEA, la pobreza superaba el 50% de la población argentina, y millones de personas eran condenadas a la indigencia.
La devaluación del 40% que decretó el gobierno de Duhalde implicó una abrupta caída de los salarios en beneficio de las patronales exportadoras, que por esos años van a contar con un viento de cola de la economía internacional traccionado por la recuperación norteamericana y las tasas de crecimiento de China. Un nuevo ciclo de negocios con ganancias extraordinarias en algunos casos superiores a los del menemismo.
La contradicción en el discurso “antineoliberal” del gobierno salta a la vista al constatar que la situación de los trabajadores cambió muy poco respecto de los primeros años de la convertibilidad.
Es que la “década ganada” se asentó sobre los pilares de la flexibilización y precarización laboral iniciadadas durante la dictadura, impuestas de forma extendida durante el menemismo, y consagradas bajo el gobierno K.
El piso alto del trabajo no registrado
La precarización laboral puede adoptar las más diversas formas: informalidad, tercerización del trabajo, trabajo bajo contratos a término, asalariados que pasan a ser monotributistas, trabajo temporario, liquidación salarial bajo distintas razones sociales, etc.
La informalidad laboral, es decir el empleo no registrado o “en negro”, es una de las formas más extendidas, y el aumento de su peso específico constituye una tendencia de largo plazo en los últimos 30 años.
De acuerdo a un informe de la OIT, “la incidencia del empleo asalariado no registrado aumentó cerca de 10 p.p. [puntos porcentuales], entre mediados de la década de 1970 y finales de la década de 1980; otros 10 p.p., en la década de 1990; y unos 7 p.p. más, a principios de los años 2000. Evidentemente, en este lapso de casi treinta años, el incremento del empleo asalariado no registrado fue sostenido, tanto en períodos de crecimiento económico como en períodos recesivos”.
Para el segundo trimestre de 2014 el trabajo en negro se ubicaba en un 33%, con un pico de 41% en el NOA. Un nivel no tan inferior al 38% de 2001, y que todavía se mantiene por encima por encima del 25,2% que había alcanzado en 1990.
El trabajo en negro, a su vez, tiene mayor peso relativo en sectores como la construcción (65%), textil (60%), o el trabajo rural (77%), con más de 300.000 trabajadores golondrinas. Una cifra que triplica los niveles de hace una década.
A su vez, es en la juventud (58.7%) donde más golpea el trabajo en negro, con seis de cada diez jóvenes trabajadores de entre 18 y 24 años tiene un empleo informal. Y en las mujeres, donde el trabajo en negro llega al 35,5% (contra el 28% de incidencia en los hombres).
El trabajo en negro constituye un mecanismo de “amortiguación salarial” que se extiende por las más diversas ramas: industria manufacturera (13,7%), construcción (12,6%), comercio (15,4%), trabajo doméstico (22,8%), transporte (8,8%), etc. Contribuye a deprimir los salarios del conjunto.
Durante la década kirchnerista el salario horario promedio de los trabajadores registrados fue un 63% mayor al de los no registrados, manteniéndose esta brecha prácticamente invariable durante todo este período.
De esta manera se explica que la creación de 4 millones de puestos de trabajo estuvo asociada al surgimiento de los “asalariados pobres”, cuya incidencia en el primer quintil de la población más pobre, pasa del 3.2% al 10.4% entre 2003 y 2012.
Los “buitres” de la tercerización laboral
La ofensiva neoliberal dio lugar al surgimiento y expansión sin precedentes de las empresas multinacionales de “out sourcing”, es decir, empresas cuyo secreto comercial no es otro que el de tercerizar el trabajo de cada vez más secciones de una misma empresa para abaratar los costos laborales.
Este proceso se va a dar a escala mundial de la mano de empresas como Manpower (20.000 millones de dólares de facturación anual), ISS (13.300 millones de dólares anuales), o Eulen (1.336 millones de euros), etc., multinacionales controladas por fondos de inversión como el fondo buitre BlackRock, el Vanguard Group, y otros. A nivel local compiten aún con una infinidad de empresas y miniempresas de origen nacional regadas a lo largo de todo el país.
A diferencia del empleo en negro, que se concentra en los pequeños y medianos establecimientos, la tercerización laboral es una forma de flexibilización legal que ha sido adoptada por las grandes empresas y hasta el propio Estado.
Entre el 30 y 40% de los asalariados están involucrados en alguna forma de subcontratación.
Si en un principio la tercerización abarcaba áreas como la limpieza, mensajería, transporte, etc., hay empresas donde se va a dar un traslado de áreas enteras del proceso productivo a la órbita de una empresa tercerizada. De esta manera podemos encontrar que en una empresa alimenticia puede haber trabajadores bajo convenio de comercio, petroleros que trabajan bajo convenio OUCRA, o automotrices que trabajan bajo convenio UOM.
Esta modalidad implica también la falta de representación gremial a nivel de fábrica y mayores dificultades para la organización de los trabajadores.
Bajo el kirchnerismo la tercerización se ha extendido por todas las ramas de la economía protegida por las mismas reglamentaciones laborales que sancionó el menemismo en 1991.
Los contratos basura
Otra modalidad de flexibilización es la del trabajo bajo contratos a término, modalidad que también se extiende a todas las ramas y tamaños de empresa, mediante la cual la patronal establece una negociación a nivel individual con el trabajador, pasando por encima del convenio y de derechos tan elementales como la antigüedad, indemnización, etc.
Si bien no contamos con datos precisos sobre la incidencia de esta modalidad de flexibilización, los datos sobre la evolución a largo plazo en la modalidad de contratación de quienes ingresan al Sistema Integrado Previsional Argentino son concluyentes.
Desde 2008 en adelante, un 32,6% en promedio de los trabajadores tiende a permanecer en un empleo eventual; un 38% tiende a acceder a un empleo no eventual; y 29,6% sale del sistema formal. Es decir que a largo plazo un 62% de la fuerza de trabajo que ingresa con un contrato eventual, permanece en condiciones de inestabilidad.
El avance de esta modalidad de contrato no se detuvo, sino que fue avanzando en la fragmentación entre trabajadores de la planta y nuevas camadas de jóvenes contratados en las mismas funciones.
La precarización laboral está presente en el propio Estado, con un 12% de trabajo informal, 10% de contratación, y un extendido plantel de empleados monotributistas.
Política de Estado
La fragmentación laboral constituye una gran conquista para el empresariado local. Que le permite, aun cuando aumente la demanda de trabajo y se reduzca la tasa de desempleo, tener garantizado el acceso a mano de obra barata. Para el “capitalismo en serio” semicolonial argentino es, a su vez, una forma de compensar sus debilidades productivas aumentando la tasa de explotación.
Es por eso que bajo el gobierno K todas las iniciativas orientadas a “combatir” el empleo informal o la precarización laboral más bien han tendido a preservar los pilares de la precarización.
La derogación en 2006 de la Ley Banelco, de los decretos que reglamentaban el trabajo eventual, o la Ley del Peón Rural, fueron medidas más bien cosméticas. El decreto 1694/2006 en vez de prohibir el régimen de contratación establece que el plazo y la proporción entre empleados eventuales y permanentes deben ser “razonables”.
La Ley de Promoción de Trabajo Registrado y Prevención del Fraude Laboral promulgada este año, reglamenta la creación de un Registro Público de Empleadores con Sanciones Laborales (REPSAL), y el establecimiento de nuevas penalidades (trabas para el acceso a regímenes de promoción, subsidios, contratos con el Estado, líneas de crédito con la banca pública), combinado con un régimen de exenciones impositivas para fomentar el blanqueo de trabajadores en las PyMES.
Para la mayoría de las patronales que trabajan con empleo en negro implicará que podrán “optar” por el blanqueo si acceder a este régimen de promociones si les resulta más favorable. Pero dudosamente se arriesguen a hacerlo cuando la economía se precipita a la recesión.
La tan mentada década “ganada”, lo ha sido ante todo para los empresarios que pudieron garantizarse la preservación de esta gran conquista noventista que es la precariedad laboral. Es una cuestión urgente para toda la clase trabajadora pelear por terminar con los contratos “basura”, con el empleo no registrado y las cláusulas de flexibilización. Objetivo inseparable de la pelea por expulsar de los sindicatos a los burócratas y por conquistar la representación gremial en todas las unidades productivas donde los sindicatos están ostentosamente ausentes para ir contra la “triple alianza” de patrones, Estado y burocracia que sostiene la precarización.
Fuentes:
Esteban Mercatante, Mundo Grúa, Ideas de Izquierda N°5, noviembre 2013.
OIT, Informalidad Laboral en Argentina (2013).
Boletín de Estadísticas Laborales (Ministerio de Trabajo) | 
