Según se informa, será sometida a votación por parte de la Comisión de Gobernación la minuta del senado con la ley reglamentaria del artículo 29 constitucional. Mediante esta ley el presidente podrá solicitar al Congreso la suspensión de garantías y estados de excepción ante una amplia gama de riesgos ‘‘a la paz pública, la seguridad o una amenaza al Estado’’.
Incluye la suspensión o restricción a derechos humanos y otros derechos como a manifestación, asociación, circulación y libertad de expresión, patrimoniales, crédito o de derecho de autor.
El presidente podría solicitar la suspensión de derechos en un estado, en una región o en todo el país ante desastres naturales –como el sismo de 1985 o los huracanes que asuelan las costas– y también ante “revueltas internas de gran calado, incursiones de grupos armados internos, graves afectaciones a la paz o la estabilidad interna del propio Estado, crisis económicas que por su gravedad puedan generar alteraciones al orden público, eventos derivados de la intervención humana (casos fortuitos), como incendios, accidentes nucleares o liberación de plagas/epidemias, entre muchas otras’’.
Los legisladores de la Comisión de Gobernación argumentan que estas medidas de suspensión de derechos se aplicarían “para salvaguardar un bien jurídico superior que se estima preciado”.
Esto constituye un acto de avasallamiento a las más básicas libertades democráticas por parte del presidente Enrique Peña Nieto, la cámara de senadores y la de diputados. El objetivo central es “blindar” al régimen político frente a las protestas y manifestaciones obreras, juveniles y populares, las que serán sujeto de “medidas de excepción”.
Nosotros, trabajadores de la educación que aspiramos a una candidatura independiente a la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México, denunciamos este proyecto de ley como parte de la ofensiva del gobierno de Enrique Peña Nieto y sus secuaces del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y del Partido Acción Nacional (PAN). Ellos buscan aplicar a como dé lugar las reformas estructurales que ya se han traducido en decenas de miles de despidos para el pueblo trabajador. Es parte de la gestión de la “clase política” en defensa del “bien jurídico superior” del capital privado, nativo o extranjero y del imperialismo.
Es ley habilitará que el gobierno imponga toque de queda, un salto en la militarización y el amordazamiento de la clase trabajadora, las organizaciones políticas y sociales, la juventud, las mujeres y los pueblos originarios.
Estamos ante un brutal cercenamiento y una regimentación del derecho a la protesta y a la oposición política, un avance de las atribuciones de las fuerzas represivas para reprimir mitines, plantones, movilizaciones, huelgas y todo tipo de métodos de lucha. Constituye, ni más ni menos que la intención por parte del gobierno de Enrique Peña Nieto de acorazar el ataque desatado desde hace años y aun en curso contra la clase trabajadora y los sectores populares, que con el reciente movimiento por Ayotzinapa y las movilizaciones contra la evaluación punitiva demostramos estar hartos de las desapariciones forzadas, la militarización y la precariedad laboral.
Es necesario unir las fuerzas de todos los movimientos sociales y sectores en lucha, personalidades e intelectuales críticos, para frenar la ofensiva reaccionaria de Peña Nieto y el imperialismo estadounidense. Las y los trabajadores y sus organizaciones deben ponerse al frente de esta lucha. | 
