El ajuste en las proyecciones
El presidente del Banco Central Rodrigo Vergara en su presentación del Informe de Política Monetaria (IPOM) de marzo ante el Senado corrigió fuertemente a la baja las proyecciones de crecimiento para este año. En el Informe de diciembre, proyectaba un crecimiento de entre 2% y 3%. En este, baja fuertemente a entre 1,25% y 2,25%.
Además, la demanda interna también caerá del 2,6% proyectado en diciembre a 1,5%; la inflación mantendrá, aunque con fluctuaciones, una tendencia a la baja, en 3,6% para este año. La inversión se mantendrá débil, y con una muy fuerte baja: del 1,7% estimado en diciembre a solo 0,5% en esta nueva proyección.
Las explicaciones son varias. Principalmente, externas: alta volatilidad internacional, con las dudas sobre el crecimiento de China, los movimientos de las tasas de interés y el débil crecimiento de Estados Unidos, siguen estando entre las principales. Se agrega el factor político internacional: estiman que el resultado de las elecciones en varios países, como Estados Unidos, puede llevar a políticas proteccionistas. El precio del cobre se estima en US$ 2,2 la libra, disminuyendo abruptamente las inversiones mineras. Con todo esto, serán menores los términos de intercambio.
Compensará parcialmente la caída del precio del petróleo. En lo interno, la debilidad de la actividad, la demanda, el mercado laboral “resentido”, y las menores expectativas de consumidores y empresas.
La puja: el empresariado militante y sus expertos
Rodrigo Valdés hizo de vocero de los empresarios, al decir que "es posible que algunas de las reformas produzcan ciertas ansiedades e incertidumbre en el sector privado y eso tenga algún efecto particularmente en la inversión”. El empresariado es militante. Se organiza, hace lobby, lanza campañas de prensa, mueven a sus expertos y a sus representantes en el Parlamento.
El presidente de la Confederación de la Producción y el Comercio CPC) Alberto Salas, advierte que la reforma laboral, como todas las reformas, afectan sus inversiones. El presidente de la Asociación de Industrias Metalúrgicas y Metalmecánicas ASIMET Juan Carlos Martínez, abunda con que “el Gobierno insiste en aplicar reformas que no hacen más que desincentivar lo que en el discurso dicen apoyar. En la actual coyuntura, la combinación de elevados riesgos externos con las consecuencias domésticas de reformas mal diseñadas y ejecutadas puede implicar un lamentable escenario de estancamiento y crisis. Estas reformas son inhibidoras al crecimiento”.
Sus medios de comunicación insisten en que hay que abandonar las reformas por las “incertidumbres” que generan. Uno de sus senadores, el DC Andrés Zaldívar declara que el escenario interno enrarece el clima, y especifica que “declaraciones muchas veces desafortunadas, como cuando alguien pone en duda el derecho de propiedad casi como bandera de lucha; cuando se aborda el tema laboral más desde el punto de vista de la confrontación que del entendimiento y colaboración. Ese tipo de cosas trae como consecuencia cierta incertidumbre o temor”.
La puja: los trabajadores se movilizan
Sin expertos, ni medios de comunicación de masas, ni parlamentarios propios, los trabajadores se lanzan a esta pugna. El paro con movilización de los trabajadores públicos en Atacama, que se inició el 1º de marzo, hace casi un mes, puso el dedo en la llaga: demandando la continuidad del “Bono Atacama”, denunciaron los bajos sueldos que reciben contra el alto costo de la vida.
La proyección a la baja de la economía, podría generalizar este tipo de movilizaciones.
La respuesta del Gobierno
El Gobierno ya eligió su campo. Moderó todas las reformas, haciendo de la laboral, una marcadamente pro-empresarial. Se niega a otorgar las demandas de los trabajadores, como el “Bono Atacama”, mientras que anuncia planes de inversión mediante concesiones que favorecerán a las empresas, el más afinado, es el plan de obras públicas por casi mil quinientos millones de dólares que favorecerán a las empresas de la construcción.
Pero además, abrió las puertas al ajuste. Semanas atrás anunció un “ajuste fiscal” que declaró no afectaría los “planes sociales”, limitándose a recortes de gastos innecesarios. Sin embargo, este mismo ajuste fiscal, fue la respuesta que dieron a los trabajadores de Atacama: que por el ajuste fiscal no podrían entregar el Bono, revelando que lo que hace es preparar un ajuste contra los trabajadores. |
