El PT nunca criticó al Poder judicial mientras le sirvió para llevar adelante sus negocios. Ahora, correctamente, levanta la voz contra sus abusos. Por su parte la derecha del PSDB y otros sectores que siempre confiaron en el Poder judicial como garantía de impunidad, claman por nuevas investigaciones pero, con complicidad de los medios, esconden las denuncias que salen a luz donde aparecen involucrados. El Poder judicial viene mostrando más y más fuerza porque está funcionando como un árbitro en el impasse de fuerzas entre el impeachment y la continuidad del gobierno de Dilma, para erigirse por “encima del bien y del mal”, ofreciendo salidas supuestamente neutrales que en realidad ligan al país carnalmente al imperialismo.
Siete ideas sobre Moro y la Operación Lava-Jato y el Poder judicial brasilero que seguramente no podrá encontrar en la revista opositora Veja
1. El poder Judicial es imparcial siempre y cuando no se involucre al PSDB y especialmente, a las multinacionales
Todo brasilero puede observar que el tratamiento que la Operación Lava-Jato y otras investigaciones judiciales son completamente diferentes cuando afectan al PSDB o a otros miembros “natos” de la elite nacional. El PT viene denunciando esta situación ampliamente. Busca que prevalezca una situación de “impunidad general”, sin mencionar que los omitidos realmente por la justicia brasilera y la Operación Lava-Jato, quienes están a salvo, son las empresas imperialistas.
Las contadas delaciones de la Operación Lava-Jato que se hicieron públicas, como la de Barusco, ex gerente de Petrobras, dejan en evidencia extendidas redes de sobornos involucrando a empresas imperialistas como la Mitsui (es la segunda accionista de la empresa minera Vale do Rio Doce). Curiosamente ni la Mitsui, ni la empresa Transocean, son siquiera investigadas. En sus declaraciones Barusco afirmó que existía un cartel internacional que la construcción de un “cartel nacional” buscaba burlar, involucrando a la empresa Sete Brasil (empresa brasilera creada en 2011, especializada en la gestión de activos relacionados con la exploración del Pré-sal). Entre otros detalles, durante el proceso, el juez Moro no le hizo ni una pregunta siquiera sobre a qué cartel se refería.
La impunidad garantizada al imperialismo y sus empresas no es exclusividad de Moro y de la Operación Lava-Jato, ya que se expresa también en otra operación judicial en curso, la del escándalo de trenes en San Pablo. En este caso, en el que la empresa imperialista Siemens ha admitido su responsabilidad, no hay ningún tipo de pena a la persona jurídica sino solo a personas físicas y solo a aquellas que viven en Brasil. Siemens, que ha admitido su responsabilidad, delató a otras empresas extranjeras que participaban del cartel y nada… ninguna acción sobre ninguna de ellas. En el caso de la empresa minera Samarco, la justicia brasilera eligió procesar a Samarco y a una de sus accionistas, Vale. La otra accionista, la BHP anglo-australiana no fue procesada como socia nacional. Tal como ocurrió con la FIFA hace dos años, las empresas extranjeras están siempre a salvo, con jueces dispuestos a garantizarles esta situación.
2. La Lava-Jato tiene profunda relaciones con el Departamento de Estado americano
Recientemente se hizo público un documento de la diplomacia americana, los llamados Wikileaks, donde la embajada yanqui informa al Departamento de Estado que fue un éxito la realización del proyecto “Puentes” que reunió a jueces y policías (federales) de diversos países. El cable informa sobre la buena participación del juez Sérgio Moro.
En un artículo que publicamos en este Diario, André Augusto Acier relata cómo los Estados Unidos buscaron entrenar a jueces y policías en las siguientes técnicas: “investigación y castigo en los casos de lavado de dinero, incluyendo la cooperación formal e informal entre los países, confiscación de bienes, métodos para obtener pruebas, negociación de la delaciones, uso del examen como herramienta, y sugerencias sobre cómo lidiar con Organizaciones No Gubernamentales (ONGs) sospechadas de ser usadas para el financiamiento ilícito”. Casualmente, la Operación Lava Jato ha sino una innovación en Brasil justamente por su método para obtener pruebas y usar la inusual figura de la delación en amplia escala. Para que no queden dudas, el mismo informe relata la necesidad de aprovechar la apertura de los magistrados brasileros e instalar cursos más intensos en algunas ciudades. Curitiba (ciudad donde opera el juez Moro) obviamente estaba en la lista.
Sérgio Moro fue citado en el documento no por casualidad, ya en 2009 era conocido. Estudió en el Departamento de Estado Americano. Esta no es información de algún “blog sucio” como afirman los grandes medios, sino de Zero Hora gaúcho, insospechado de ser izquierdista.
Como muestra el Wikileaks, el Poder judicial brasilero, y no solo Moro, tiene amplias relaciones con el imperialismo. Lo mismo vale para la Policía Federal (PF) entrenada en diversos cursos y prácticas, junto a la Interpol, el FBI, la Mossad para “combatir al terrorismo”. En estos cursos el Poder judicial y la PF aprenden no solo los métodos sino también a ser agentes de intereses no muy nacionales.
3. Los intereses extranjeros por detrás de la Operación Lava-Jato
A primera vista llama la atención la singularidad de la Operación Lava-Jato. Se detuvo a dueños de empresas contratistas, incluyendo incluso a un banquero millonario como Esteves, CEO del banco de inversión BTG Pactual y dueño de una de las fortunas más voluminosas de Brasil. Cosa extraña en cualquier país del mundo, ni qué decir en Brasil. Sin embargo, analizando cuáles son las áreas de Petrobras investigadas y cuáles no, y en los que el banquero Esteves estaba involucrado, aparecen poderosos intereses detrás de la Operación Lava-Jato.
La detención del banquero responde a varios motivos. Esteves junto a otras empresas que controlan astilleros, iba a construir una empresa de navíos-sonda dedicada a la perforación de pozos de petróleo. Era, además, accionista de Sete Brasil empresa que competía con un monopolio internacional. Así puede explicarse su inaudita prisión. La prisión de estos ejecutivos, además de ofrecer informaciones valiosas contra el PT y todo el régimen político, sirvió para fortalecer un lobby yanqui en el país de hace muchas décadas: revocar la ley de la época de la dictadura que excluye a las empresas extranjeras de participar en licitaciones públicas. Las empresas contratistas extranjeras quieren instalar sus esquemas de sobornos para sustituir el de grupos como Odebrecht.
4. La Operación Lava-Jato puede limpiar el país si sigue el modelo del “Mani Pulite” de Italia
Sergio Moro escribió un artículo con pretensiones académicas en 2004, puede leerse aquí, donde aplaude el proceso de “Mani Pulite” por haber “precipitado la caída del régimen de corrupción italiano” y por ser una de las “más impresionantes cruzadas jurídicas contra la corrupción política y administrativa”. En el mismo artículo afirma cómo Brasil está listo para una Operación parecida y lo bueno que sería inspirarse en los métodos de presión sobre los acusados usando, de forma innovadora, las prisiones preventivas, delaciones, filtraciones selectivas de información a los medios. Exactamente el modus operandi utilizado en la Operación Lava-Jato.
A entender por el relato de la revista Veja y otras similares y del mismo juez Moro, el “Mani Pulite” habría extirpado a Italia de la llaga capitalista llamada corrupción. Sin embargo, como demostramos en este artículo que utiliza fuentes usadas por el derechista Merval Pereira y la entrevista concedida por el “Moro” italiano, Antonio Di Pietro, la Operación dio como resultado la explosión del régimen político de partidos (estallido que pudo darse sin sobresaltos gracias a la colaboración del antiguo PC italiano, muy influyente en los sindicatos y transformado en Partido Democrático, y el mafioso Berlusconi emergiendo como presidente) pero nada parecido a un combate a la corrupción. Muy por el contrario, de los 2500 condenados solo 4 siguen cumpliendo penas. Un porcentaje que da envidia hasta para los padrones brasileros de indulgencia con los corruptos.
5. ¿La Operación Lava Jato y Sergio Moro dirigen las investigaciones de forma transparente?
Se trata de otro mito sobre la Operación Lava-Jato difundido por el socio “natural” en todo este proceso: los grandes medios. Hay decenas de delaciones premiadas homologadas, sin embargo, poquísimas son de conocimiento público. Nestor Cerveró, exdirector del área internacional de Petrobras y pieza crucial en la Operación Lava-Jato, cuenta solamente con un documento sobre su delación, que aparece como 11/12, de acceso público. Las listas de los sobornos de la firma Odebrecht fueron rápidamente puestas bajo secreto.
El juez Sérgio Moro, juez de primera instancia, divulgó el audio correspondiente a una conversación entre Lula y Dilma, actuando fuera de su jurisdicción y de sus atribuciones puesto que un proceder de tal tipo solo corresponde al Supremo Tribunal Federal. Es asombroso cómo la conversación fue rápidamente filtrada a los grandes medios el mismo día en que se produjeron, dejando en evidencia el poder y aparato policial a disposición del juez, capaz de causar envidia a cualquiera de las series norteamericanas.
Lo que sabemos y lo que no sabemos es lo que el juez Sérgio Moro, el procurador general de la República de Brasil Rodrigo Janot, el Supremo Tribunal Federal y los grandes medios deciden que sepamos. Por cómo se viene moviendo el proceso, hasta ahora parece que todo lo que afecte demasiado a los partidos y amenace con hacer estallar todo el régimen político, no es el escenario buscado, ni tampoco exponer aquello que involucre a las multinacionales extranjeras, permaneciendo en silencio eterno.
6. Avance sobre los derechos democráticos, visible en las favelas y barrios pobres y en las detenciones sin juzgamiento
La Operación Lava-Jato siguiendo las instrucciones de la embajada norteamericana y el ejemplo italiano, configura un testimonio del uso de métodos represivos entre los “de arriba” para dirimir disputas entre diferentes alas de la elite y de la política nacional. La innovación que supone las detenciones de empresarios, petistas, publicistas, es parte del día a día para aquellos que viven en la periferia, barrios pobres y favelas. Casi el 40% de la población carcelaria brasilera está detenida sin haber sido juzgada.
Hay flagrantes arbitrariedades constitucionales como la figura del “mandato de búsqueda colectiva” que permite a la policía en Río de Janeiro, y otras ciudades, entrar en cualquier casa de una favela sin individualizar cuáles son las sospechas. Esto para no mencionar los procesos de indulgencia con todos los asesinos de casos como el de Amarildo (obrero de la construcción que sigue desaparecido luego de ser detenido por la Policía Militar) convertido en un símbolo nacional del abuso y violencia policial; o la masacre de Carandiru, la masacre en la favela Vigário Geral conducida por un grupo de exterminio, y un interminable etc.
Estas arbitrariedades siempre presentes con la población negra y los pobladores de las favelas pasan, en cierta forma, a ser aplicadas a dirigentes como Lula y el PT. Se intentó incluso alterar la premisa constitucional de que alguien sin condena pueda ser ministro. Hasta el momento el STF aún no retrocedió en este proceder, otorgando de hecho un aval al impeachment. Este conjunto de arbitrariedades aplicadas también “a los de arriba” deben ser combatidas, junto a las que se cometen en los barrios y favelas bajo pena de extenderse al conjunto de los trabajadores en su lucha contra los ajustes; situación agravada con la aprobación de la Ley Antiterrorista, recién sancionada por Dilma
7. Nadie controla al Poder judicial y a las fuerzas represivas
El Ministerio Público Federal (MPF), presidido por Rodrigo Janot, tiene garantizada su autonomía a partir del Proyecto de Enmienda Constitucional (PEC) 37 aprobado en medio de las movilizaciones de Junio del 2013, que fue acompañada de una extendida propaganda favorable de la Red Globo. El procurador General de la República es electo a partir de una lista triple enviada al presidente para su aprobación. Las acciones de los Ministerios Públicos (MPs) son controlados por un Consejo nacional con mayoría electa por el propio Ministerio Público Federal (MPF). Es decir, en la práctica se controlan a sí mismos.
Por su lado, los fiscales de la Operación Lava-Jato recogen firmas online, para un proyecto de enmienda constitucional que les asegure aún mayor autonomía. La Policía Federal (PF), que goza de alta popularidad con encarcelamientos televisados de importantes referentes políticos y empresarios, no quiere ser menos y organizó un stand para juntar firmas en plena Avenida Paulista, junto al campamento pro-impeachment, para una enmienda constitucional que haga de esta fuerza represiva algo tan fuera de control como el Ministerio Público Federal. El Poder judicial y las fuerzas represivas quieren consolidarse más y más como una casta sin el mínimo control democrático de cualquier democracia capitalista. Ya fijan sus salarios y beneficios. Quieren gozar de privilegios constitucionales, como dioses que se especializan en modificar y adaptar las leyes conforme sus intereses personales, políticos y para favorecer al imperialismo.
Qué hacer
Frente a tantas pruebas que exponen cómo el Poder judicial está íntimamente ligado al imperialismo, que la Operación Lava Jato está en función de responder a los intereses de las multinacionales, del impeachment o de cambios mayores en el régimen político brasilero promoviendo algún tipo de elección anticipada, al estilo del “Manu Pulite a la brasilera”, que desconocen la Constitución y los derechos constitucionales actuales para arbitrar entre los intereses de la elite; mañana se dirigirá contra los trabajadores en lucha contra los ajustes. No podemos confiar en que será de las manos de estos jueces que se podrán conocer los hechos y asegurar el castigo de los corruptos. No será de las manos del juez Moro, Janot o del STF y del conjunto del “Partido judicial” que se avanzará contra la corrupción. Por el contrario, sustituirán un esquema por otro más funcional al imperialismo. Proponer que la Operación Lava-Jato vaya hasta el final como hace Luciana Genro del Partido Socialismo y Libertad (PSOL) y varios exponentes de la izquierda, es ayudar a sembrar las ilusiones construidas por la Red Globo, la revista Veja, etc.
Porque no confiamos en que la justicia de esta casta de privilegiados y ligados a los políticos, empresarios y el imperialismo enfrentará la corrupción, proponemos un movimiento contra el impeachment, contra el golpe del Poder judicial y contra los ajustes del PT, que impulse con la fuerza de su movilización una Asamblea Constituyente, que instaure que todo juzgamiento de corrupción sea hecho por jurados populares y no por una casta de jueces ligados al imperialismo, los empresarios y políticos. Que todo juez, parlamentario o fiscal gane lo mismo que un maestro y sea electo y revocable.
Traducción: Liliana O. Caló |
