La noche del viernes 19 de agosto de 2011 Marisa Cárdenas (34) fue a reunirse con su ex marido Sergio Vera (45), quien le pagaría la cuota alimentaria por su hija de dos años y medio. La cita fue a dos cuadras de la casa de Marisa, frente al Centro de Participación Comunal (CPC) de barrio Villa El Libertador, a unas cincuenta cuadras al sur del centro cordobés.
Tras el divorcio, la joven cordobesa quedó viviendo junto a su mamá y su hermana Alejandra, además de sus dos hijos Stefanía (5) y Franco (18).
Se había separado de Vera hacía un año y medio, tras haberlo denunciado en seis oportunidades por violencia doméstica.
Esa noche, Marisa no regresó a casa. Y al día siguiente, cerca de las 10 de la mañana, su cadáver fue encontrado estrangulado con su propia bufanda en el Parque Sarmiento, en la zona del Rosedal, detrás del zoológico y a pocos metros de una calesita.
Nueve meses después del femicidio, en mayo de 2012, finalmente Vera fue detenido por la Policía. Una filmación de una cámara de seguridad de un telecentro lo ubicó como el autor de un misterioso llamado que recibió la víctima, horas antes de ser asesinada. “Nunca confesó el crimen, siempre se mostró soberbio, frío. Un psicópata”, señaló una fuente de la investigación a La Izquierda Diario.
Cuando estaba todo listo para que este femicida cordobés sea juzgado, ocurrió lo impensado: “Dijo que estaba enfermo, que tenía apendicitis, y se suspendió el juicio. Eso pasó hace unos dos meses atrás”, contó la hermana de la víctima, Alejandra Cárdenas.
La nueva fecha del juicio en la Cámara Cuarta del Crimen fue prevista para el 15 de septiembre. El día antes, Verá despidió a su abogado defensor. Y el juicio se postergó.
Para que no quede sin defensa, el Estado cordobés le asignó un abogado oficial y una nueva fecha de juicio, el 3 de octubre. El día antes, el asesino de Marisa Cárdenas repitió su chicana judicial: despidió al defensor. “Esta es una chicana que este delincuente va a repetir constantemente y va a dilatar el juicio por tiempo indeterminado. Estamos trabajando en una estrategia legal para que Vera no pueda volver a posponer un juicio”, confió una fuente judicial.
Los familiares y amigos de Marisa realizaron ayer a la tarde una nutrida marcha por el centro de Córdoba convocada para reclamar “porque a tres años de ocurrido este cobarde femicidio, el caso sigue impune”.
“Al igual que Paola Acosta, Marisa estaba exigiendo lo que era justo, los derechos de su hija y sus propios derechos, y como Paola encontró el mismo final. Sin embargo, en este caso Marisa había realizado seis denuncias previas por violencia contra el femicida. Sus hijos se quedaron sin madre, sin protección, para ellos no hay respuesta ni justicia”, le dijo Alejandra Cárdenas a La Izquierda Diario.
La abogada del CeProDH, dirigente del PTS y referente de Pan y Rosas, Leticia Celli, opinó: “El caso de Marisa, como el de Paola, son muestras de una justicia machista que nunca tiene en cuenta a las víctimas y lamentablemente terminan en femicidios. En el caso de Marisa ya había denuncias por violencia de género y el Estado no hizo nada. Y eso queda en evidencia con los 300 femicidios que hay anualmente y el Estado no tiene una política seria para combatir este flagelo”.
Y agregó: “Las víctimas tienen dificultades económicas para sostenerse y tienen que estar en los juzgados buscando las cuotas alimentarias del victimario, el Estado debería dar subsidios acorde a la canasta familiar y asegurarle vivienda a las víctimas”.
Por su parte, Laura Vilches, legisladora electa del PTS–Frente de Izquierda, señaló: “Sobre la problemática de las cuotas alimentarias, hay una investigación de los primeros meses de 2014, ‘Mujeres: violencias y sociedad urbana’, prologado por Dora Barrancos, una reconocida intelectual feminista argentina; que revela que en los principales centros urbanos de Argentina, sobre una muestra de 2.500 casos, el 60% de las mujeres encuestadas no recibe la cuota alimentaria por parte de los padres de sus hijos. Y acá en Córdoba, la cifra retrocede unos puntos, pero alcanza a casi la mitad, llegando al 47,8%”.
Vilches sostuvo que “en una sociedad capitalista donde la vida pasa por la posesión y acumulación de la riqueza, y el dinero expresa esa relación; la violencia machista y la voluntad de dominar no sólo en clave capitalista sino también en clave patriarcal: se traduce en si me someto o no, a darte el dinero necesario para sostener a un hijo/a de ambos”. |
