La gobernadora de la Provincia de Buenos Aires María Eugenia Vidal acaba de presentar una batería de leyes y decretos que van desde la modificación de la Ley 10.430 hasta los superpoderes para ministros y secretarios que podrán despedir, poner en disponibilidad a todo el personal, abrir el camino de las jubilaciones anticipadas y los retiros voluntarios así como disponer de bienes muebles e inmuebles del Estado municipal, provincial o nacional.
A su vez se dispone la flexibilización de los mecanismos de control para compras en el Estado. Y se abre para los funcionarios la posibilidad de contratar carneros ante la huelgas y de ejecutar descuentos masivos como única respuesta a los reclamos.
El plan de ajuste en el Estado provincial se desarrolla por dos vías. Por un lado, el intento de poner un techo muy bajo a los salarios de los empleados públicos, buscando para ello cerrar la paritaria estatal con los gremios UPCN y Salud Pública por un 15% de aumento, miserable por donde se lo mire frente a la inflación y los tarifazos.
Por otro lado hay un intento directo de achicar las plantas de personal. Con despidos, como ya se vio en numerosos Ministerios, donde se opuso una fuerte resistencia por parte de los trabajadores que en cada organismo salieron a luchar, logrando en cada caso las reincorporaciones.
Pero en las últimas horas la gobernadora desarrolló una serie de instrumentos (decretos, leyes y resoluciones ministeriales) que de conjunto preparan un verdadero andamiaje “legal” para avanzar en el plan de recorte y ajuste. Instrumentos que si se los articula muestran la verdadera cara noventista del gobierno de Vidal.
Todo contra los auxiliares
En pocos días la gobernación implementó la Resolución Nº142/16 de la Dirección General de Cultura y Educación y los descuentos masivos como única respuesta a los reclamos del personal auxiliar de la Educación.
Pese al acuerdo de los gremios UPCN y Salud Pública, la paritaria del 15% es cuestionada por ATE y otros gremios como Soeme. Y hay escuelas en las que todavía no empezaron las clases porque el paro de auxiliares de Educación se hace sentir fuerte.
Por eso Vidal, lejos de buscar una solución que atienda la demanda de los estatales, acaba de disponer una resolución que “autoriza a los Consejos Escolares a coordinar y ejecutar acciones temporales con los municipios y organizaciones de la sociedad civil para atender las tareas de limpieza y mantenimiento de los establecimientos escolares afectados por la medida gremial en curso”.
Y junto a ese intento de institucionalización de carneros, se acaban de concretar masivos descuento por los días de paro a miles de auxiliares de Educación. Como denuncian los propios trabajadores del sector han sufrido descuentos que llegan hasta el 70 % de sus haberes.
Pero además denuncian que “le han descontado a trabajadores con carpetas médicas, bajo tratamientos oncológicos o con licencia por maternidad, lo que demuestra que es un claro ataque destinado a quebrar la huelga que los auxiliares venimos sosteniendo. Esta es la respuesta que tiene la gobernadora para los miles de auxiliares que todos los días sostenemos las escuelas públicas y los comedores, enfrentando la falta de insumos para limpiar adecuadamente, las condiciones laborales deplorables, la precarización laboral y los salarios estatales más bajos de toda la provincia” sostuvo en diálogo con La Izquierda Diario Rodrigo Garat, trabajador auxiliar de Mar del Plata y referente de la agrupación Marrón Clasista.
El sueldo inicial de un auxiliar (luego del aumento miserable acordado en paritarias desde el mes de marzo) apenas llegará a los $8.300.
El Decreto 230/16
Es un decreto firmado por todos los ministros con fecha 28 de marzo y que entrará en vigencia cuando se publique en el Boletín oficial. Otorga súperpoderes para ministros y secretarios de estado, quer podrán suscribir escrituras públicas, adquirir y/u ocupar inmuebles, adjudicar, transferir u otorgarlos en concesión así como incorporar vehículos y transferir bienes muebles del Estado nacional, provincial o municipal, hasta otorgar permisos de vuelco de efluentes provenientes de establecimientos industriales.
Pero sus atribuciones avanzan sobre los derechos del personal, pudiendo entre otras cosas designar agentes comprendidos en la Ley 10.430 con excepción del personal de planta permanente con estabilidad y sin estabilidad (directores), así como agentes de otros regímenes laborales; disponer los ceses de personal excluidos personal de planta permanente sin estabilidad (directores) y los supuestos de pasividad anticipada y retiro voluntario; otorgar licencias o permisos, con o sin goce de haberes; disponer ascensos, cambios de agrupamiento, reubicaciones y traslados de agentes dentro de cada jurisdicción; disponer mediante resolución conjunta traslado de agentes entre distintas jurisdicciones, con o sin transferencia de cargos, según las previsiones presupuestarias; dejar sin efecto designaciones de personal cuando no se hubiese tomado posesión del cargo; y fijar el valor hora de la contraprestación para tareas extraordinarias realizadas por agentes fuera de sus funciones propias.
Este decreto viola la Ley 10.430 (Estatuto y escalafón para el personal de la Administración Pública Provincial) y abre el camino para los despidos masivos y los traslados de personal, volviendo a las figuras de jubilación anticipada y retiros voluntarios. Es un arma disciplinadora y de uso arbitrario de ministros y funcionarios.
“Emergencia Administrativa y Tecnológica”
La Proyecto de Ley de Declaración de la Emergencia Administrativa y Tecnológica ya fue enviada al Senado provincial. Plantea la necesidad de adoptar medidas de “excepción” para el rápido reordenamiento del Estado y contempla la “creación de un régimen de regulación de contrato de servicios autónomo a fin de dotar a la Administración de herramientas más eficaces para la contratación de servicios profesionales o técnicos a título personal, escindiéndolo de la regulación del empleo público”.
Así es como determina que para los contratos de servicios no se aplicarán los derechos establecidos en la Ley 10.430 , planteando la derogación de todos los incisos y artículos de dicha Ley que regulaban los contratos. Y establece que “los contratos celebrados bajo el régimen establecido en la ley Nº10.430 y modificatorias que se estuvieren cumpliendo a la fecha de la entrada en vigencia de la presente Ley, continuaran bajo dicho régimen hasta su extinsión”.
A su vez flexibiliza la contratación de servicios y el mecanismo de compras del Estado. Se establecen adjudicaciones sin que se requiera la intervención previa de los órganos de control y asesoramiento o, en casos en los que si los establece, se da un plazo máximo de tres días para emitir opinión. Para la “agilización de trámites” dispone un plazo máximo de diez días para que Fiscalía, Contaduría y Asesoría General de Gobierno emitan sus informes y dictámenes. Si esto no ocurre se entiende que no hay objeciones para la compra o contratación.
Los miles de trabajadores precarios que dejó el gobierno de Scioli y el Frente para la Victoria son hoy la variable de ajuste del gobierno de Vidal y Cambiemos. Por eso, por un lado, con el Decreto 230 se congelan los pases a la planta permanente y se permite despedir según le dé la gana a cada ministro o secretario, pero también este proyecto de ley les permite contratar personal sin ningún tipo de regulación y sin ninguno de los derechos de la ley 10.430 para los trabajadores.
Por otro lado el gobierno de los CEO le da rienda suelta a la “libertad de empresa” haciendo uso de los recursos públicos sin ningún tipo de control y auditoria para contratar los servicios de sus empresarios amigos.
“Plan estratégico de modernización”
Según la versión del gobierno de Vidal, los ejes rectores del Proyecto de ley “Plan estratégico de modernización de la administración de la Provincia de Bs As.” son “la calidad y optimización en el uso de los recursos públicos, economía y racionalidad administrativas, ética y transparencia y participación de la ciudadanía en la gestión pública”
Se plantea el reordenamiento e informatización de todo el andamiaje administrativo así como la territorialización de la gestión con la puesta en marcha de una “ventanilla única de trámites” y plantea “sedes electrónicas” como prolongación virtual de las oficinas tradicionales de la Administración Pública. Además hace hincapié en los sistemas de evaluación de los servicios.
Este proyecto intenta establecer una nueva forma de gestión pública que implica achicar la planta de personal o reubicarla en el territorio. Para hacer esto, que la ley 10.430 no permite, Vidal propone el decreto 230.
Paro de 48 horas y organizar la lucha desde abajo
En todos los ministerios, delegaciones y oficinas de la Provincia se constata la bronca que crece día a día de forma inversamente proporcional a como se desploma la campaña que tilda de “ñoquis” y “vagos” a los trabajadores del Estado.
En cada corte y piquete empezaron a hacerse sentir los apoyos de transeúntes y automovilistas que tocan bocina y agitan sus puños en apoyo a la lucha.
Este jueves 7 y viernes 8 la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) convoca a un paro provincial con movilización.
La disposición y voluntad para dar pelea, para debatir en asamblea y salir a las calles va en aumento y se realimenta ante cada pequeño triunfo.
Vidal dispuso de un arsenal de medidas para ir a fondo en el ajuste. Es necesario avanzar en un plan de lucha unificado, convocado por todos los gremios estatales y surgido desde abajo para enfrentarlo. | 
