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La Izquierda Diario
7 de abril de 2016 Twitter Faceboock

Provincia de Buenos Aires
Ordenan a Vidal devolver a los auxiliares de Educación lo descontado como castigo por protestar

El juez de La Plata Luis Arias dictó una cautelar que ordena a la gobernación a no descontar más y restituir los haberes ya quitados. “Supera todo límite de legalidad y razonabilidad”, sentenció.

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El titular del Juzgado en lo Contencioso Administrativo Nº1 de La Plata, Luis Federico Arias, hizo lugar al pedido del Sindicato de Obreros y Empleados de la Minoridad y Educación (Soeme) para que oblige al gobierno de María Eugenia Vidal a dar marcha atrás con la medida de descontar de los haberes del personal auxiliar de Educación como forma de “castigo” ante las medidas de lucha encaradas por ese sector de trabajadores en el marco de las paritarias bonaerenses.

En la denuncia presentada por el sindicato se afirmaba que el gobierno de Vidal “practicó descuentos en los haberes de los afiliados a la entidad gremial que participan de las medidas de huelga convocadas por su mandante, provocando una afectación del orden del 70% del salario de los trabajadores”.

Arias resolvió hacer lugar a la medida solicitada por Soeme y ATE, ordenando a Vidal que proceda a la “inmediata suspensión de los descuentos de haberes con motivo de los hechos denunciados en autos y a la restitución de las detracciones salariales sufridas por los afiliados a las entidades accionantes”.

En su resolución Arias observa que “los descuentos aplicados al personal afiliado a S.O.E.M.E., supera todo límite de legalidad y razonabilidad, al constituir una afectación del orden del setenta por ciento (70%) del salario. En general, se observan descuentos que promedian los $6.000, reduciendo el salario a cifras cercanas a los $2.000”.

Y en ese sentido recuerda que “el carácter alimentario del salario -como principio general- impide que los descuentos y retenciones superen el 20% del haber, a efectos de garantizar la subsistencia del trabajador y su grupo familiar. En ese sentido, surge ’prima facie’ la vulneración” de varias normativas protectoras del derecho al trabajo y al salario estipuladas en la Constitución Nacional, en la Constitución de la Provincia y en varios pactos internacionales como la Declaración Americana de los Deberes y Derechos del Hombre.

 
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