El gobierno de María Eugenia Vidal, a través de los actuales directivos de IOMA, denunció en las últimas horas ante la Justicia una defraudación a la obra social de los estatales bonaerenses por unos $ 1.500 millones, que habrían cometido los funcionarios del gobierno de Daniel Scioli entre 2011 y 2015.
Sobreprecios en la compra de medicamentos y prótesis, servicios no prestados pero sí cobrados por empresas de internación domiciliaria, "compras fraguadas" en ortopedia, ítems con sobreprecios entre dos y tres veces más caros y hasta irregularidades en la compra de 103 computadoras constituyen los temas a investigar en las siete denuncias realizadas por el presidente del Instituto Sergio Cassinotti ante la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) Nº 8 de Delitos Complejos de La Plata, a cargo del fiscal Jorge Paolini.
Pero la “libertad de acción” con que cuentan los grandes prestadores es el resultado de haber puesto el Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA) al servicio de los intereses de estas empresas.
En los últimos años todos los convenios con los grandes prestadores se han ido modificando, dejando de lado y hasta eliminando los mecanismos de control y auditoría que debe tener la obra social como forma de verificar tanto la cantidad de servicios brindados a los afiliados, como la calidad de los mismos.
La política llevada adelante fue de vía libre para los prestadores, eliminando las auditorías en terreno que sirven para certificar que las prestaciones llegan a los afiliados, como así también debilitando las áreas y tareas de control y auditoría, llegando al extremo de ceder éste poder de fiscalización al propio prestador, haciendo que de “controlen” a ellos mismos.
Este es el sistema que montó la administración Scioli (que fue a su vez continuidad de sus antecesores Carlos Ruckauf y Felipe Solá) mientras llevaron adelante un proceso de reconversión y vaciamiento del IOMA.
Vale recordar que se está hablando de la segunda obra social más grande del país (luego del PAMI) con dos millones de afiliados y un presupuesto anual de $ 21.000 millones.
Deuda interna
Junto con estos mecanismos el Ejecutivo provincial ha practicado un sistemático vaciamiento de la obra social bonaerense. Los aportes realizados todos los meses por los afiliados directos y los aportes que debe realizar el Estado (como carga patronal) no han sido girados a las cuentas de IOMA, acumulando una deuda que en enero de este año llegaba a los $ 2.500 millones.
A las denuncias por corrupción se suma al enorme deterioro en las prestaciones que brinda IOMA a sus afiliados, que durante la última década ha sido constante. La pérdida de los niveles de cobertura, el cobro de diferenciados ilegales, la falta y hasta cortes de servicios a los afiliados y el aumento permanente de los diferenciados que deben pagar los estatales de sus bolsillos se fue transformando en moneda corriente.
Los propios trabajadores de la obra social han venido denunciando en los últimos años el avance de la injerencia de los grandes prestadores, como la industria farmacéutica, sobre la obra social y la realización de todo tipo de negociados con el Estado.
La Junta Interna de ATE del sector denunció en un comunicado que “ha habido una decisión política, sostenida por años, de vaciar todos los mecanismos de control y auditoría. Los trabajadores de IOMA, que también somos afiliados, hemos visto y enfrentado durante muchos años el avance de la injerencia de los prestadores en la Obra Social”.
A su vez manifiestan que “hay que decir basta al vaciamiento de nuestra Obra Social, que se deroguen en forma inmediata todos los convenios que permitieron el gerenciamiento de IOMA por el sector privado y que son la base para todos los hechos de corrupción y que se implemente un sistema de control, auditoría y fiscalización, en manos de los propios trabajadores y abierto a la fiscalización de los afiliados de todas las prestaciones y el destino de los fondos que aportan mes a mes todos los afiliados”.
Un directorio cómplice
El IOMA posee un directorio integrado por cuatro vocales en representación del Estado provincial y tres vocales en representación de los afiliados. Las tres representaciones gremiales son de UPCN, Suteba y la Policía Bonaerense.
Quienes ocupan lugares en el directorio en representación de los afiliados no han constituido en todo este tiempo una voz alternativa allí adentro. Por el contrario, en el caso de UPCN han estado completamente integrados a la administración Scioli de la Obra Social, avalando cada paso dado por ésta en los últimos años, callando frente al desfinanciamiento permanente que hace el ejecutivo provincial y sobre los nefastos convenios que dan cada vez mayor poder a los prestadores.
En el comunicado emitido por ATE-IOMA se pronuncian sobre ésta forma de administración y señalan además la perspectiva que entienden debe adoptar la mutual bonaerense: “La utilización de nuestra Obra Social y nuestros recursos por cada gobierno, deja la salud miles de estatales en manos de los diferentes funcionarios y sus empresarios amigos. No depositamos ninguna confianza en que la investigación la lleve adelante esta gestión y el gobierno de los Ceo´s del PRO, que está buscando ajustes y recortes a todos los estatales”.
Y plantean una salida de fondo. “Un IOMA dirigido y administrado íntegramente por trabajadores y afiliados, con un directorio elegido democráticamente por el voto de los afiliados. Los trabajadores somos los únicos interesados en poner todos los recursos de la Obra Social al servicio de la salud de los 2 millones de afiliados, porque no tenemos compromisos ni con los políticos de turno que vacían nuestras finanzas, ni con los grandes prestadores que ven en IOMA la fuente de sus ganancias. Los afiliados que financian íntegramente la Obra Social, también deben administrarla”, finalizan. | 
