El pasado 8 de octubre, decenas de miles de personas salimos a las calles en al menos 25 estados de la república mexicana y otros países del mundo -como Argentina, Reino Unido, Alemania, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Canadá, Uruguay, Bolivia, España y varias ciudades de Estados Unidos-, para exigir la aparición con vida de los 43 normalistas desaparecidos desde la noche del 26 de septiembre.
Aquel aciago día, un contingente de estudiantes de la Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa (en el sureño estado de Guerrero), fue atacado con armas de grueso calibre por policías del municipio de Iguala y un comando paramilitar, lo que ocasionó la muerte de al menos cinco normalistas, así como de tres ciudadanos más. Otros dos estudiantes que fueron heridos de gravedad actualmente se debaten entre la vida y la muerte. Aunque aun no ha sido comprobado, según declaraciones de testigos los 17 normalistas que detuvo la policía habrían sido asesinados. De confirmarse, se trataría de una de las peores masacres en la historia de nuestro país.
Bajo la consigna de “vivos se los llevaron, vivos los queremos”, la movilización que se realizó en la Ciudad de México ha sido quizá la más numerosa en lo que va del gobierno del priísta Enrique Peña Nieto. La encabezaron los padres de familia de los estudiantes desaparecidos, seguidos por nutridos contingentes de estudiantes de distintas normales del país (instituciones que se encargan de la formación profesional de las y los docentes para las escuelas públicas de educación básica). También participaron estudiantes de la UNAM, del Politécnico, de la Universidad Autónoma Metropolitana, la Universidad Autónoma de la Ciudad de México y otras escuelas, así como diversas organizaciones obreras (como el Sindicato Mexicano de Electricistas), campesinas y populares.
En el resto del país, se realizaron marchas, mítines, bloqueo de carreteras, toma de casetas y de dependencias oficiales, al igual que multitudinarias manifestaciones en importantes ciudades, como Guadalajara, Guanajuato, Chilpancingo y otras. En Guerrero y en Oaxaca fue muy destacada la participación de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. En San Cristóbal de las Casas, Chiapas, 20 mil integrantes del Ejército Zapatista de Liberación Nacional realizaron una marcha silenciosa.
Un común denominador de las protestas fue la exigencia de juicio y castigo para los responsables materiales y políticos de la masacre. No sólo para los 22 policías municipales que fueron detenidos al constatarse su participación en los hechos, sino también para el alcalde de Iguala, José Luis Abarca, vinculado con el narcotráfico, quien se encuentra prófugo y ha sido señalado como el autor intelectual del crimen; así como también para el gobernador del estado de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero, ambos pertenecientes al centroizquierdista Partido de la Revolución Democrática. Cuauhtémoc Cárdenas, dirigente histórico de este partido fue abucheado por los manifestantes cuando intentó dirigir unas palabras al enorme mitín que tuvo lugar en el Distrito Federal.
Poca confianza hay en que la Procuraduría General de la República, que atrajo el caso, vaya a investigar realmente lo sucedido y a dar con el paradero de los desaparecidos. Es que el gobierno federal es responsable de la militarización del país y la “guerra contra el narco”, que en los últimos años se ha cobrado la vida de más de 100 mil personas mientras los grupos del crimen organizado siguen actuando con total impunidad y estrechamente vinculados a funcionarios, políticos y los cuerpos policiacos.
Las acciones por la aparición con vida de los 43 estudiantes desaparecidos continuarán en los próximos días.
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