Un abogado vinculado al empresario kirchnerista Lázaro Báez –quien se halla detenido en Ezeiza, acusado por lavado de dinero- es buscado intensamente por la Justicia y las Policías argentina y brasileña, luego de su misteriosa desaparición en la ciudad misionera de Puerto Iguazú, donde se habría ido de vacaciones.
Chueco es apoderado de "Helvetic Service Group SA", la empresa que estaba detrás de SGI, la financiera conocida como "La Rosadita". Fue mencionado la semana pasada en esa causa por el "arrepentido" Leonardo Fariña, quien lo describió como una persona que tuvo un importante rol en el armado legal de la operatoria que investiga el juez federal Sebastián Casanello.
El letrado viajó a Puerto Iguazú hace cinco días, se habría alojado en el hotel Saint George y la hostería Los Helechos, desde donde se habría contactado con su ex mujer Patricia para, supuestamente, avisarle que iba a quitarse la vida.
Su ex esposa no tuvo más noticias suyas y viajó hasta la ciudad misionera para denunciar el caso ante la Justicia. “Presiento que está en riesgo de vida. Está siendo amenazado. Me da la sensación de que se ha alejado de su familia para protegernos”, declaró en diálogo con una radio misionera.
La mujer descartó la posibilidad de un suicidio pero reconoció que Chueco le había dicho que tenía “una presión enorme”.
El juez de instrucción de la localidad misionera de Puerto Rico, Rubén Lunge, tomó intervención en el asunto y dispuso allanamientos en esos hoteles.
En uno de los establecimientos los investigadores hallaron una carta en la que el abogado habría explicado las razones de su desaparición, no descartándose la posibilidad de un suicidio, además de 1.000 pesos y cerca de 43 mil dólares.
Hasta el día de ayer no había precisiones sobre el paradero de Chueco. Mientras trascendió que se habría encontrado un cadáver con vestimenta similar a la del letrado.
El juez Casanello, a cargo de la investigación por presunto lavado de dinero, conocida como "ruta del dinero K", pidió después de la declaración de Fariña que el abogado sea vigilado y, tras la desaparición de Chueco, solicitó informes a su par de Misiones para estar al tanto de cualquier novedad.
Lo sucedido pondría en aprietos a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich y sus funcionarios, que no habrían podido vigilar y cuidar al abogado pese a la orden judicial y a los pedidos de Gendarmería y Prefectura, las dos fuerzas nacionales que operan en la zona y cuyos efectivos habrían advertido sobre los problemas para cumplir la orden adecuadamente. | 
