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Durante la mañana de ayer conocíamos la noticia. Después de que la asociación médica Batas Blancas denunciara la muerte de al menos tres personas que padecían Hepatitis C, saltó la alarma. La Fiscalía de Santiago acusa al Gobierno de Feijoó (PP) de homicidio imprudente por la muerte de seis pacientes al no haber recibido el medicamento necesario para combatir la enfermedad. Todos cumplían los requisitos para recibir la medicación, que les había sido prescrita. De hecho existen varios informes en lo que se expresa de forma explícita la gravedad de la situación.
Se trata de la primera causa penal abierta en el Estado español contra una administración pública. La Fiscalía denuncia que la decisión de retrasar la donación del fármaco se debió a causas presupuestarias y no médicas.
El juez Andrés Lago Louro ha presentado diligencias. Las personas imputadas son Félix Rubial Bernárdez, director de Asistencia de la Xunta, y Carolina González-Criado. La Fiscalía, mantiene que incumplieron los criterios administrativos para costear los gastos, retrasando la donación de los medicamentos mientras negociaban con las farmacéuticas su precio para la sanidad pública. Una espera que ha sido mortal para seis de las personas enfermas.
La Fiscalía ha solicitado que varios de los médicos que tenían relación con los pacientes declaren como peritos en el juicio y sostiene que existen informes médicos en los que las fechas han sido modificadas reflejando tiempos más cortos de espera.
Además, se pone de manifiesto el caso de uno de los pacientes que consiguió la medicación y pudo salvarse debido a que la doctora que le trataba se saltó los trámites, enviando varias cartas a la que en su momento era consejera de Sanidad, al director de Asistencia Médica y a la directora de Farmacia.
Pero la alarma por la falta de medicación contra la Hepatitis C no es algo nuevo. Ya hace tiempo que enfermos, familiares y médicos se organizaron en la Plataforma de Afectados por la Hepatitis C. Protestan para conseguir la médicación rápida. La indignación saltó cuando el Ministerio de Sanidad en su Plan Nacional contra la Hepatitis C determinó que de los más de 95.500 enfermos, tan solo la mitad debe recibir la medicación.
Uno de los momentos de más tensión se vivió hace poco más de un año, cuando el PP votó en contra de una iniciativa para garantizar el acceso al medicamento Sovaldi. En ese momento, los enfermos por Hepatitis C presentes en el debate, empezaron a protestar contra el veto del grupo de Feijoó y fueron expulsados del Parlamento Gallego.
Oponiéndose totalmente a la versión de la Fiscalía, de los enfermos, de los médicos y de los familiares, el Presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijoó ha culpado a los médicos de que los pacientes no recibieran los fármacos y acabasen muriendo. El Presidente, se ha mostrado indignado cuando en un almuerzo organizado por El Mundo, fue interpelado por el moderador quién le preguntó si no había forma de relacionar esas muertes con las políticas de austeridad y recortes aplicadas durante los últimos años.
Pero lo cierto es que el Presidente de la Xunta aseguró en varias ocasiones que desde el Estado se sufragarían los costes de la medicación contra la Hepatitis C, algo que de hecho no ha ocurrido, dando lugar a procedimientos de espera eternos que han provocado la muerte de varias personas enfermas. Tanto la oposición, como afectados por la enfermedad denuncian que esto ocurre debido a los altos costes de los medicamentos y la reducción en el gasto en sanidad.
Sin embargo, pese a la gravedad de este asunto, no es la primera vez que salta la alarma. Los recortes en sanidad provocan la muerte de quienes tienen menos recursos, convirtiendo el derecho a la sanidad pública, de calidad y gratuita para todos y todas sin ningún tipo de distinción en un derecho para unos pocos privilegiados. La austeridad multiplica las negligencias sanitarias y tiene una terrible consecuencia sobre la calidad de la asistencia. El balance cada vez es peor. | 
