En la reunión especial de la Organización de Naciones Unidas (ONU) sobre el problema internacional de las drogas, el presidente de México planteó que “Debemos asegurar la disponibilidad y un mejor acceso de las sustancias controladas para fines médicos y científicos”.
Y se comprometió a que en los próximos días el gobierno mexicano anunciará las medidas para avanzar en la legalización para uso medicinal de la marihuana en tierra azteca. Explícitamente, el mandatario planteó que dicha resolución del gobierno mexicano da cuenta de los foros abiertos que su administración organizó después de que el año pasado, la Suprema Corte de Justicia, permitiera mediante fallo histórico a cuatro personas consumir y cultivar marihuana para su uso personal.
El fallo, abrió la puerta para que algunos sectores del país plantearan abiertamente la necesidad de legalizar el consumo. Pero el discurso de Enrique Peña Nieto (EPN) fue más allá, no en los compromisos pero si en las declaraciones aunque por ahora hay más ruido que nueces ¿estamos ante un giro de la política “antidrogas” del gobierno mexicano?
Desastroso resultado de la “guerra contra el narco” cimbra estrategia gubernamental
La reciente apertura del gobierno mexicano a legalizar la marihuana para uso medicinal -lo cual es enormemente restringido en un país que produce la mayor cantidad de cannabis a nivel mundial-, se debe al estrepitoso fracaso de la llamada “guerra contra el narcotráfico”.
La militarización de un país cuyo poder político y militar está asociado al narcotráfico ha devenido en una de las crisis humanitarias más importantes de la historia reciente. Ni la producción, ni el tráfico ni el consumo han disminuido a pesar de que el saldo de la “narcoguerra” ha sido de 200 mil muertos (según cifras de organizaciones de derechos humanos), decenas de miles de desaparecidos y una creciente deslegitimación de la institución castrense.
De ahí que Enrique Peña Nieto presentó un decálogo en la sesión mencionada donde plantea que “el consumo de drogas sea tratado como un problema de salud” que tendría que ser atendido con políticas de prevención y no con “instrumentos penales”. Y en seguida advirtió que “El esquema basado esencialmente en el prohibicionismo, la llamada guerra contra las drogas, que inició en los años ‘70, no han logrado inhibir la producción, el tráfico, ni el consumo de drogas en el mundo”. Y se refirió a la situación de México planteando que “Mi país forma parte de las naciones que han pagado un alto precio, un precio excesivo, en términos de tranquilidad, sufrimiento y vidas humanas”.
Y es que la peor crisis política que enfrentó el gobierno de Peña Nieto se debió justamente al ataque armado contra normalistas y civiles guerrerenses y la subsecuente desaparición de 43 de ellos por parte del ejército, la policía federal y un comando armado vinculado al crimen organizado. Masivas movilizaciones de repudio se dieron en todo el país donde se acusaba “¡Fue el Estado!”.
Aun sin cerrar la herida abierta por el caso Ayotzinapa, que enfrentó por primera vez en mucho tiempo al gobierno mexicano con la misma ONU, el ultra famoso narcotraficante “Chapo” Guzmán se escapó de un penal de alta seguridad controlado directamente por la Secretaría de Gobernación.
A pesar del viraje, Peña Nieto se cuidó de no mencionar uno de los aspectos más controversiales de la estrategia de seguridad: la militarización. El hecho se da días después de que el Ejército mexicano pidiera disculpas por un caso de tortura video grabado que se viralizó en redes sociales, donde dos militares y un policía federal torturan salvajemente a una joven de 21 años.
¿Qué está detrás del nuevo discurso de EPN?
México fue arrastrado en los últimos años a una crisis social de grandes proporciones. La asociación de las instituciones estatales con el narcotráfico, la proliferación del feminicidio, la trata y la guerra entre cárteles –y entre facciones de las fuerzas de seguridad– ha impactado sobre todo en la población civil y sus sectores más vulnerables.
Al mismo tiempo, el “proyecto de nación” de EPN que marcó la “vuelta del Partido Revolucionario Institucional (PRI)” a la presidencia, se basó en consumar la integración subordinada de México a Estados Unidos para convertirse en su plataforma de exportación industrial, fuente de mano de obra barata y surtidora de recursos estratégicos como petróleo, gas, materiales extractivos, entre otros.
La clave para el gobierno actual es profundizar el curso económico basado en la atracción de Inversión Extranjera Directa (IED), poniendo a competir en el mercado mundial a la depreciada mano de obra mexicana. Este proyecto, basado en la super explotación de los 40 millones de asalariados del país, que le ha permitido a México subirse al carro de la recuperación económica estadounidense y sostener un crecimiento del 2.5% del PIB, está en constante riesgo si la burguesía mexicana y los partidos patronales no logran estabilizar los aspectos más descompuestos de la dominación imperialista y la actuación estatal.
¿Es posible que la presión imperialista esté obligando al PRI a girar en su política “antidrogas”? Parece difícil esta empresa ante la evidencia contundente de que las instituciones del Estado mexicano están corroídas hasta el tuétano por el poder del narcotráfico. Esta perspectiva sólo podría hacerse efectiva si el “amo del norte”, desde la Casa Blanca, está presionando al régimen político para que ponga un poco de “orden” en su patio trasero. | 
