A media tarde de ayer se concretaban los rumores: Podemos está dispuesto a alcanzar un acuerdo estatal con IU para concurrir unidos a las urnas en caso de que finalmente haya elecciones el próximo 26 de junio. Todavía no han trascendido los detalles del posible acuerdo, pero según fuentes de la formación morada, aunque quedan muchos aspectos por negociar, hay voluntad de pacto y, por supuesto, de mejora de su rendimiento electoral.
En la negociación, Izquierda Unida pareciera defender solo un aspecto “irrenunciable”: la fórmula de la alianza. Miembros de la dirección de la formación han asegurado en declaraciones a EFE que presentarse bajo la fórmula de “coalición electoral” es la única fórmula jurídica que les garantiza ser reconocidos como partido político, lo que entre muchas ventajas les permite acceder a las subvenciones electorales.
A la noticia le acompaña una ausencia de detalles del pacto, si bien fuentes de ambas formaciones han esbozado los puntos que más van a tensionar las negociaciones. Fijada la posición inamovible de IU frente a la fórmula electoral quedan otros aspectos sobre la mesa que deberán ser discutidos, en particular la configuración de las listas, una de las mayores preocupaciones de Iglesias y su equipo.
Podemos concurrió a las elecciones del 20D después de haber realizado unas primarias muy cuestionadas, pero que permitieron al núcleo de Iglesias-Errejón tener el control absoluto del armado de las listas. Por ese entonces, la formación morada y sus principales líderes exudaban arrogancia y cerraban la puerta a cualquier tipo de acuerdo con Garzón e IU, con la esperanza de borrarlos del mapa político.
Pero el fracaso de las negociaciones de Podemos con el PSOE primero, y con el tándem PSOE-Ciudadanos después, para lo cual el partido de Pablo Iglesias concedió aspectos centrales de su ya limitado programa reformista al punto de hacerlo irreconocible, han dado paso a un notable giro político.
La caída de Podemos en las últimas encuestas para una eventual “segunda vuelta electoral”, junto con la módica pero significativa subida de Izquierda Unida –que recordemos, el 20D obtuvo la nada despreciable suma de un millón de votos-, han situado a Alberto Garzón en una mejor posición negociadora.
Por ello ahora desde la formación morada tienen completamente asumido que tanto Garzón como miembros de IU deberán ocupar puestos destacados en una eventual lista común. En el caso de Alberto Garzón, se baraja la posibilidad de que sea el número de tres por Madrid. Todo un reto de la negociación teniendo en cuenta que el pasado 20D ese lugar lo ocupó Iñigo Errejón, a su vez el más escéptico a un acercamiento de IU, y en general a cualquier “cosa” que suene a izquierda. Si en general las disputas internas entre Iglesias y Errejón, el arquitecto de la última campaña electoral, parecieran haberse resuelto a favor de Iglesias, no queda claro hasta qué punto el poder de Errejón dentro de Podemos se verá reducido en el armado de las listas.
Otro aspecto “espinoso” de la negociación mencionado por miembros de ambas cúpulas hace referencia al nombre de la candidatura. En este punto Podemos se mantiene inflexible y aboga por mantener su “marca”. En declaraciones a EFE, desde Podemos han asegurado que no convence mucho la idea de que la etiqueta “IU” aparezca en el nombre.
Respecto a este asunto la formación liderada por Alberto Garzón se ha mostrado “flexible”, asumiendo la posibilidad de “camuflar” bajo otra etiqueta su participación en la candidatura. Se barajan opciones del estilo “Podemos – Unidad Popular”, atendiendo al nombre con el que IU concurrió a las elecciones de diciembre, o incluso “Podemos – En Común”, una marca que de adoptarse desdibujaría completamente la identidad de Izquierda Unida.
Pero más allá de estos aspectos relativos al “maquillaje” con el cual presentarse en sociedad, ambas formaciones señalan que quedan “aspectos políticos que debatir”. Desde IU enumeran cuestiones como como “el día después” de las elecciones, los posibles pactos, el rol de Alberto Garzón en el Congreso o la organización de los grupos parlamentarios.
Ambas formaciones bajarán a sus bases la decisión de este posible pacto. En Podemos parecen estar más seguro del resultado de esa consulta, sobre todo después del resultado obtenido en el referéndum realizado la semana pasada.
En IU las cosas no parecen tan sencillas y todo apunta a que el debate será polarizado. Es público que dentro de la formación existen resistencias a un acuerdo con Podemos, y nada menos que por parte de pesos pesados como Cayo Lara o Gaspar Llamazares.
Podemos ha presentado la posibilidad de un acuerdo global como un hecho si se convocan a nuevas elecciones, pero aún así Pablo Iglesias ha declarado a la prensa que "hay que ser prudentes, pero estamos en una coyuntura histórica especial. Nosotros hemos planteado un gobierno de coalición en una dirección muy clara" y "deseamos de corazón que Alberto y yo podamos estar a la altura".
El único tema del que no ha trascendido nada aún es el programa de una futura coalición electoral. Igual que antes del 20D, los parámetros de la discusión no se salen de las negociaciones y debates en torno a reparto de cargos, optar por una marca u otra y otros aspectos de la videopolítica.
Aunque Podemos e IU no han mostrado diferencias programáticas sustanciales en el último período, de lo que sí han dado sobradas muestras es de su capacidad de liquidar en la práctica cualquier programa firmado en el papel.
Durante los meses de negociaciones de palacio posteriores al 20D, tanto Garzón como Iglesias han estado trabajando codo con codo para facilitar un “gobierno de progreso” con el PSOE, un proceso en el que IU y Podemos han escrito un verdadero manual de concesiones políticas a los social-liberales.
Alberto Garzón fue el primero en alcanzar un acuerdo con Pedro Sánchez y hacer de “Celestina” para sentar a Podemos en la mesa de negociación. Un acuerdo en el que aceptaba, por poner sólo un ejemplo, dejar en el cajón el derecho democrático de Cataluña a decidir.
Pero a la hora de negociar, Pablo Iglesias no le ha ido en zaga a su homólogo de IU. En su “última” oferta al partido socialista, plasmó en un documento de 20 puntos una entrega programática sin precedentes en la joven vida de la formación reformista. La aceptación de la reforma laboral de Zapatero, el copago farmacéutico, la jubilación a los 67 años, la postergación sin fecha de la cuestión catalana, son algunos de los aspectos más destacables.
El adelanto de un posible acuerdo estatal entre Podemos e IU es ya motivo suficiente para que ehaya convocatoria a nuevas elecciones. La aritmética parlamentaria no plantea ninguna salida, salvo la improbable abstención del PP.
De oficializarse una candidatura unitaria Podemos-IU, posiblemente esta pueda reverdecer el entusiasmo entre muchos jóvenes y trabajadores que sinceramente apuestan por una salida “de izquierda”. Incluso puede abonar una amnesia momentánea sobre las penosas negociaciones por arriba que transcurrieron estos meses.
Sin embargo, como se preguntaba Santiago Lupe en otro artículo hace pocos días: “¿sobre qué programa se llevará adelante dicha confluencia? Y, sobre todo, una vez pasadas las elecciones, ¿hasta dónde se está dispuesto a abandonar dicho programa en favor de un gobierno del PSOE para evitar que repita el PP?”.
La experiencia reciente (desde el más rancio historial de IU y sus cogobiernos con el PSOE en Andalucía y otras comunidades, hasta el más corto pero intenso de Podemos estos meses), anuncian un oscuro panorama para quienes confían en que Podemos e IU pueden ser una verdadera alternativa para resolver todas las reivindicaciones sociales y políticas pendientes.
La posibilidad de un acuerdo Podemos-IU no cuestiona en ningún aspecto su estrategia política, que se ha demostrado reducida a la posibilidad de conquistar un “gobierno de progreso”. Más bien tiene todas las características de un matrimonio por conveniencia.
El problema no es el giro oportunista de ambas formaciones para concurrir juntas a las elecciones -aunque cada una por distintos motivos-, sino que el contenido del “gobierno de progreso” por el que abogan Iglesias y Garzón se sustenta en su negativa a levantar un programa de ruptura con el Régimen para imponer mediante la movilización un verdadero proceso constituyente que no esté encorsetado en la legalidad del ‘78 y defender un programa para que la crisis la paguen los capitalistas. Una estrategia que conduce inexorablemente a reeditar la vieja experiencia de la socialdemocracia -hoy devenida en social-liberalismo-, presentada como la única alternativa posible, el “mal menor”. Toda una consumación de la devaluación de las ilusiones que emergieron desde el 15M en adelante.
Ante una hoja de ruta de cuyo final ya conocemos de antemano (la reforma superficial del régimen y facilitar un nuevo gobierno socialista, con o sin tripartito), es hora que aquellos que nos reivindicamos anticapitalistas y revolucionarios avancemos en construir una alternativa.
Afortunadamente, el surgimiento de nuevas iniciativas como la de No Hay Tiempo Que Perder, de la que Clase contra Clase y quienes escribimos en Izquierda Diario somos parte impulsora desde sus inicios, se propone comenzar a agrupar desde ahora en torno a un programa anticapitalista y de clase.
Una iniciativa aun joven y humilde, pero enormemente auspiciosa y que está dando pasos firmes para construir un frente político en todo el Estado que siente las bases de una verdadera alternativa para los trabajadores, las mujeres y la juventud a la estrategia del nuevo y viejo reformismo y a la opereta de restauración del Régimen del ‘78. | 
