Más de 5000 personas en la marcha en solidaridad con Andrés Bódalo, el pasado 10 de abril. Foto: @SAT_nacional
Diego Cañamero, anterior portavoz nacional y el responsable de finanzas del sindicato, y Manuel Rodríguez tienen orden de detención, emitida por la Juez de instrucción 19 de Sevilla, según el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía para que declaren, a petición de la Fiscalía. Un día después de poner en libertad a Néstor Salvador, secretario de coordinación, que estuvo en busca y captura acusado de participar en verano de 2013 en el asalto de un Carrefour en Dos Hermanas (Sevilla).
Esta nueva detención contra los jornaleros del SAT es justificada por el supuesto robo de material escolar de un supermercado en Sevilla. La orden de detención se llevó a cabo después de que los tres jornaleros se negasen reiteradamente a prestar declaración obligatoria. Los compañeros ya han explicado que estas acciones forman parte de una protesta contra las crisis “estafa” que vienen pagando los trabajadores, una “acción de protesta para visibilizar la situación de pobreza existente en Andalucía”. Es por eso que se han declarado “insumisos judiciales”.
Cañamero, cuya detención se anunció cuando el SAT acudía al Defensor del Pueblo de Andalucía, ha denunciado que se siente “perseguido” por la “brutal campaña de represión” que sufre su sindicato, según informa Efe.
Y la realidad de las cifras no deja lugar a dudas. Según publica el SAT en su página oficial, el antiguo Sindicato de Obreros del Campo, ya tiene a sus espaldas un total de 637 sindicalistas entre acusados, sancionados e imputados/investigados, y peticiones de cárcel contra sindicalistas que alcanzan los 416 años y 11 meses. A lo que se le suman peticiones de multa, sanciones y pendientes que llegan al millón de euros. De hecho, uno de los casos más importantes fue la puesta en prisión del compañero Andrés Bódalo, jornalero del SAT y concejal por “Jaen en Común”, que ha sido condenado a 3 años y medio de prisión por una supuesta agresión al edil socialista de Jodar en 2012 en un justa protesta de los jornaleros que exigían más peonadas.
Como ya vienen denunciando con estas acciones, la idea de sus promotores es dejar planteado de forma simbólica que la solución de los terribles problemas sociales pasa por “expropiar a los expropiadores” como señalaba un miembro del SAT. La enorme brecha social del pueblo andaluz y su agudizamiento en un 7% desde 2010 a 2013, y el aumento de la pobreza, se refleja, como informamos en este diario, en que Andalucía es una de la regiones más pobres de Europa, mientras los Duques de Alba son los mayores terratenientes del continente. Realmente, la solución estructural a este problema pasa, en Andalucía, por la expropiación de los grandes capitalistas de la tierra y la distribución de los terrenos de los Alba y compañía hasta el control obrero de los grandes supermercados y distribuidoras, que garantice trabajo y cubra las necesidades a toda la población.
Estas nuevas detenciones y la campaña brutal contra los luchadores chocan directamente con la benevolencia con la que la “justicia” del Régimen del ‘78 viene juzgando a los responsables de la crisis y sus políticos, que con esta serie de medidas y las nuevas reformas realizadas en el Código Penal contra los huelguistas (junto a la Ley Mordaza) intentan asegurarse acabar con los luchadores y preventivamente, futuros estallidos sociales. |
