La Asamblea fue convocada por iniciativa de algunos países latinoamericanos como Colombia, Guatemala y México que hicieron un llamado a la comunidad internacional para que la Ungass fuera el escenario de un "cambio de paradigma", en el que se analicen "todas las opciones disponibles, incluyendo medidas regulatorias o de mercado".
Ante la convocatoria, a través de una carta abierta, personalidades políticas y de la cultura pidieron al secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, un cambio en la estrategia contra las drogas. Artistas, políticos, investigadores, expresidentes de Latinoamérica y Europa, pidieron que se abandonen las políticas punitivas y se focalicen en abordajes de salud pública y de reducción de daños.
Desde Argentina adhirieron Osvaldo Bayer, Raúl Eugenio Zaffaroni y Roberto Gargarella, entre otros. A contramano, la canciller Susana Malcorra, sostuvo ante la Ungass una postura punitiva.
Expectativas frustradas
La Ungass 2016 fue presentada como "una oportunidad sin precedentes para revisar y reorientar las políticas de drogas". Sin embargo las expectativas generadas se vieron frustradas.
En esos tres días quedó claro que los países que mencionaron el fracaso de la “guerra contra las drogas”, no plantearon un cambio de paradigma, y mucho menos se enfrentaron con las posiciones de países como Argentina, Rusia, Irán y China que se niegan a dar fin con el prohibicionismo.
Tampoco la Ungass se pronunció contra los países que penalizan con la muerte, lo que tipifican como “delitos vinculados a las drogas”. China, Irán, Singapur, Arabia Saudita, Tailandia, Indonesia, Malasia y Taiwán condenan a cadena perpetua y hasta a la pena de muerte la posesión de drogas.
Según los datos más recientes de Amnistía Internacional, 2.466 personas fueron sentenciadas a la pena capital en 2014 en el mundo, 28 % más que en el año 2013. Claro que los condenados no son jefes de los Carteles de la droga. Sólo en China, de los 138 colombianos detenidos, el 90 % son condenados por portar drogas.
El documento final que emitió la Ungass, 18 años después de la última Asamblea, no cambió mucho sus objetivos. Pasó de proclamar “un mundo libre de drogas” por el de “un mundo libre de abuso de drogas”. Si bien se incluyeron las sugerencias propuestas por el Comité Científico, que destacó la importancia de aplicar políticas de reducción de daños, esto quedó a consideración de cada país miembro de la ONU. Sin embargo, y como era previsible, no se abordó el problema central sobre la legalización.
Prohibicionismo y guerra contra las drogas
Se podría afirmar que la prohibición de las drogas a escala mundial fue producto de un gran contrabando producido a principios del Siglo XX. Los Estados Unidos, que a partir del surgimiento de la producción fordista necesitaba disciplinar la mano de obra, venía reclamando, sin éxito, al resto de la comunidad internacional que adopten leyes que prohibieran el consumo de sustancias psicoactivas. Recién cuando a fines de la Primera Guerra Mundial se firmó el Tratado de Versallles, Estados Unidos incluyó de contrabando este punto.
Pero las consecuencias sangrientas del prohibicionismo comenzaron recién en los años 70, cuando Richard Nixon impulsó la guerra contra las drogas. A partir de allí se expandieron las redes de narcotráfico, hasta convertirse en lo que conocemos hoy: Carteles que se han convertido en empresas transnacionales que exportan lo que producen en su país de origen a Estados Unidos, Europa, Asia y África; y que ampliaron el negocio, incluyendo el contrabando de personas y de armas.
La “guerra contra las drogas” se transformó en una sangrienta realidad con miles de crímenes. Se calcula que solo en México ha dejado más de 200 mil muertos, miles de desaparecidos y de desplazados, en los últimos diez años.
Este gigantesco mercado negro de las drogas, administrado por el crimen organizado, mueve cerca de U$S 500 mil millones al año. Semejante cantidad de mercancías y dinero no puede ser traficada al margen de funcionarios de instituciones estatales que, como en México, cuentan con el apoyo directo de los militares, políticos y la Justicia, pero también de grandes bancos que lavan el dinero que proviene del narcotráfico.
Dos décadas atrás Richard Haldeman (jefe de Gabinete de Nixon entre 1969 y 1973 y condenado por Watergate) reveló en una entrevista que los enemigo de Nixon era “la izquierda que se oponía a la guerra [en Vietnam] y los negros [que luchaban por sus derechos civiles]. Sabíamos que no podíamos ilegalizar la oposición a la guerra o el ser negro, pero los quebraríamos si lográbamos que el público asociara a los hippies con la marihuana y a los negros con la heroína y luego las criminalizáramos con dureza. Podíamos arrestar a sus líderes, allanar sus casas, interrumpir sus reuniones y vilipendiarlos día tras día en los noticieros de la noche. ¿Sabíamos que estábamos mintiendo sobre las drogas? Claro que lo sabíamos”. Lo que deja expuestos los objetivos políticos de ilegalizar las drogas.
Reducir daños
Las políticas de reducción de daños son promovidas por profesionales de la salud que, aun estando contra el consumo de cualquier sustancia, sean éstas legales o ilegales, sugieren que la única manera de prevenir casos fatales es a través de campañas de prevención y aplicar políticas efectivas de reducción de daños.
En los últimos años se ha registrado un incremento del consumo de pastillas de diseño que, aun cuando no producen adicción, sustancias como el MDMA (que consumido en condiciones controladas no es de alta toxicidad), requieren de ciertas precauciones a la hora de elegir su consumo.
Lo más peligroso de estas sustancias es la imposibilidad de controlar su contenido, qué principios activos contienen y en qué cantidades, ya que si llegaran a producir intoxicación a quien las ingiera, se dificulta la rápida indicación médica para salir de ese cuadro agudo.
La información es muy importante, pero no alcanza. Se necesita que en cada lugar donde los jóvenes y adultos decidan consumir pastillas de diseño, haya un stand sanitario que pueda testear qué contienen las pastillas. Este tipo de iniciativas se realizan en países como Colombia, Francia, País Vasco, Holanda o España.
También se aplicaron en Argentina, a instancias de una ONG, en algunos boliches de Rosario y CABA. Esa experiencia se interrumpió porque no contaron con el apoyo del gobierno nacional, a pesar de que en esos años, bajo el kirchnerismo, la Dirección Nacional de Salud Mental y Adicciones puso en pie programas de disminución de daños.
El macrismo, cuando llegó a la Secretaría, directamente cerró el programa y despidió a la mayoría de los profesionales especializados en este abordaje, dejando aún más desprotegidos a usuarios y profesionales de la salud.
Y legalizar
La legalización de todas las drogas no es una política destinada a promover el consumo. Por el contrario, es una medida inicial para desbaratar a los Carteles integrados no solo por bandas criminales organizadas y las fuerzas represivas, sino por un amplio entramado de jueces, políticos y empresarios que protegen y son parte del negocio y del lavado dinero.
La legalización permitirá una discusión científica sobre las sustancias que destierren los argumentos oscurantistas que promueven los sectores prohibicionistas. Los análisis y las conclusiones de la ciencia, y no las especulaciones de los criminólogos, constituyen el método más avanzado para determinar en qué medida tal o cual sustancia, por su composición o por sus riesgos para la salud, deba ser abandonada para el consumo humano.
La legalización de todas las drogas y una política sanitaria para la atención de los consumidores en riesgo y la reducción de daños, es un derecho y una libertad todavía pendientes para los usuarios de sustancias. Mientras tanto la penalización a los usuarios es una herramienta que tiene el Estado capitalista para criminalizar a la juventud (sobre todo de los sectores populares).
Para combatir el narcotráfico (que se cobra la vida de cientos de miles de víctimas) hay que derrumbar los mecanismos financieros que permiten el blanqueo de capitales de los empresarios y políticos asociados con los señores del narco, expropiando y nacionalizando todas sus propiedades y sus cuentas bancarias. | 
