En consonancia con las declaraciones de Hillary Clinton la semana pasada en Nueva York, candidata a competir por el Partido Demócrata hacia las presidenciales del gigante del norte, el portavoz del Departamento de Estado John Kerby exhortó al gobierno mexicano a resolver el caso Ayotzinapa. En particular a no desestimar el informe presentado por el GIEI e implementar las recomendaciones emanadas del mismo.
El espaldarazo del gobierno estadounidense al GIEI se da en un contexto de fractura entre los expertos y la administración de Peña Nieto, ya que los primeros acusan que su labor ha sido saboteada por sectores del propio gobierno.
Al mismo tiempo, pone en evidencia la decisión del ejecutivo mexicano de no prolongar el mandato del grupo de expertos independientes, avalado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para seguir con las investigaciones de lo acontecido en septiembre del 2014 en el estado de Guerrero.
Las instrucciones de EPN a la Procuraduría General de la República (PGR) de seguir las recomendaciones del GIEI, son impotentes frente a los fuertes señalamientos del grupo de expertos contra su administración.
En dicho comunicado, Kirby plantea que “confiamos en que las autoridades mexicanas considerarán cuidadosamente las recomendaciones del informe”. Y hace alusión a que la labor del GIEI fue solicitada en su momento por el propio gobierno.
Según la lectura de la prensa internacional, el apoyo de Estados Unidos a la administración de Peña Nieto ha ido decreciendo, producto del grave cuestionamiento al gobierno mexicano por la violación sistemática de derechos humanos orquestada por las fuerzas de seguridad durante los últimos años.
En su último informe sobre Derechos Humanos, Estados Unidos dedica un capítulo al caso de México y allí manifiesta su preocupación por la implicación del ejército y las policías federales y locales en abusos graves de derechos humanos, a saber: desaparición forzada, tortura y ejecuciones extrajudiciales.
Ya el año pasado el propio Departamento de Estado del gigante del norte había mermado el presupuesto de la llamada “Iniciativa Mérida” para México, producto de la crisis humanitaria que aqueja al país. Es la primera vez en muchos años que el gobierno estadounidense le “suelta la mano” al ejecutivo mexicano, lo cual intensifica la presión imperialista sobre la administración priísta para que “ponga orden” en su patio trasero.
La hipocresía imperialista
Por más baños de pureza que se dé el establishment estadounidense respecto a la actuación del gobierno mexicano en materia de derechos humanos, la administración de EPN ha sido funcional a los designios imperialistas.
En el 2012, mientras miles de personas señalaban fraude frente al triunfo de EPN que marcó el regreso del PRI al poder y numerosas prácticas ilegales se registraron en la contienda, la embajada estadounidense avaló con creces la elección.
El imperialismo estadounidense requería un gobierno que “llevara hasta el final” el programa del Tratado de Libre Comercio liquidando aquellos lineamientos constitucionales que aún le ponían ciertos límites a la ofensiva neoliberal.
EPN, obediente, acabó de privatizar el petróleo con la reforma energética, legalizó el trabajo precario con la reforma laboral y siguió al pie de la letra la implementación de una reforma educativa hecha para precarizar el trabajo docente y poner la educación al servicio de la formación de mano de obra barata.
Profundizó la dependencia de México a las fuerzas de seguridad estadounidense a través del Plan Mérida y bajo la estrategia de “guerra contra el narcotráfico” de Estados Unidos, militarizó el país generando una crisis social de grandes proporciones.
Las instituciones del Estado, asociadas por múltiples lazos al crimen organizado, mientras combatían a ciertos sectores del narco, se asociaban con otros, para seguir reproduciendo las ganancias millonarias del mercado de narcóticos al que se sumó la trata de personas.
La insólita y expedita acumulación de capital que genera el narcotráfico fue reinvertida en la economía legal o blanqueada a través de empresas, bancos y grupos financieros norteamericanos.
La red de tráfico de drogas entre México y Estados Unidos no podría funcionar sin una imbricada red binacional que involucra a distintos órdenes del Estado mexicano y el estadounidense. Mientras, los organismos de inteligencia estadounidenses tienen vía libre para operar en suelo mexicano en operaciones clandestinas. Ni la producción, ni la distribución ni el consumo de estupefacientes se redujo después de más de diez años de la estrategia de seguridad del gobierno mexicano dictada hasta su última letra por Washington.
Detrás de la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa y de la crisis social que gangrena todos los poros de la sociedad mexicana, está la agresiva penetración imperialista que en 20 años de TLC transformó al país en un proveedor de materias primas para las grandes trasnacionales y una plataforma de exportación para la industria norteamericana bastada en la explotación extensiva de la fuerza de trabajo. | 
