El gobierno de Puerto Rico firmó una moratoria temporal de los títulos de deuda emitidos por el Banco Gubernamental de Fomento (BGF).
De acuerdo con Associated Press, la deuda que no se abonará suma unos US$ 370 millones, esto a pesar de que García Padilla pagará US$22 millones de intereses y consiguió reestructurar obligaciones por un valor de US$30 millones.
La deuda total de Puerto Rico como Estado Libre Asociados asciende a 72,000 millones de dólares. La isla tiene 3,6 millones de habitantes, ha pasado nueve años en recesión y lleva tres de incumplimientos de pago.
El gobernador culpa al congreso estadounidense de no haber ayudado dando la posibilidad de acogerse a la Ley de Quiebras, un recurso que hoy no puede aplicar por ser parte del territorio estadounidense, pero sin tener los mismos derechos que los estados que son parte de la Unión.
Elementos para una historia de una crisis
Luego de la finalización de la Segunda Guerra Mundial, en 1947, Estados Unidos implementó en Puerto Rico la Operación Manos a la Obra. Entre otras medidas, este plan incluía exención impositiva sobre las ganancias de las empresas estadounidense y pagos a patentes, entre otros rubros. Asimismo, el gobierno de la isla se haría cargo de proveer la infraestructura económico para sostener la operación de estas compañías –electricidad, puertos, agua, telecomunicaciones, edificios industriales y comerciales. Otra de las medidas beneficiosas para el capital estadounidense fue la exención de impuestos aduaneros al comercializar sus productos en el territorio continental del gigante del norte. A esto se sumaba financiamiento y la oferta de mano de obra con salarios bajos.
La Operación Manos a la Obra fue clave para el proceso de industrialización de la isla, que antes tenía la producción de azúcar como principal actividad económica, también explotada por empresas estadounidenses.
Con la llegada de la crisis internacional del petróleo de la década de 1970 el gobierno estadounidense y la administración de la isla dieron de baja este plan. Pero lo sustituyeron por la sección 936 de su código de Impuestos Internos, claramente favorable a los empresarios que apostaran a instalar empresas en la isla.
Esta medida, puesta en vigor a partir de 1976, determina exenciones fiscales para las empresas estadounidenses que se instalaron en Puerto Rico. Las filiales que producían en la isla podían enviar sus utilidades a la empresa matriz radicada en el continente cuando quisieran, sin tener que pagar impuestos. En 1993 se eliminó y la aplicación de estas ventajas para las compañías fue a partir de 2006. Ese fue el año de la recesión aun en curso.
Las consecuencias de estos planes fue el desempleo que llega a un 12.2%, más del doble del promedio de EE.UU. Y su índice de pobreza rebasó el 47%, el más alto del país.
Según explicamos en otra nota, “se trata de la bancarrota del ‘modelo’ económico neocolonial evidenciada en la larga depresión de casi una década. Ésta se combina con la pérdida de importancia geopolítica y militar de la isla en tiempos de “deshielo” con Cuba y reajustes de la relación con América Latina.”
Y el telón de fondo es la política de expoliación que aplicó Estados Unidos sobre la isla -desde la invasión en 1898 durante la Guerra Hispanoamericana-, que en cada época se manifestó de distintas formas y se consolidó desde 1952, con la implementación del estatuto del Estado Libre Asociado (ELA).
El actual estatus de la isla otorga una mínima autonomía local - elegir al gobernador y dotarse de leyes propias- pero deja a Puerto Rico a merced del Congreso estadounidense, que puede dejar en suspenso la Constitución portorriqueña e impugnar cualquier medida establecida por el gobierno local, no permite que Puerto Rico pueda apelar a instituciones financieras internacionales para obtener créditos con los que componer su situación financiera. Incluye otras restricciones como que sólo pueden transportar mercancías a los puertos de la isla naves de cabotaje estadounidenses, con lo que se incrementan los precios de productos de primera necesidad.
Un paquete de austeridad
Ésa es la receta del gobierno de Padilla y de los economistas al servicio del capital internacional como Anne Krueger, ex funcionaria del Fondo Monetario Internacional.
La baja del salario mínimo –hoy 7.25 dólares la hora en empresas sujetas a la Ley Federal de Normas Justas de Trabajo y 5.08 dólares la hora en empresas que no se rigen por esa ley– es una de sus medidas. También proponen despidos masivos de maestros y cierre de escuelas públicas. Además, Krueger y sus socios, demandan una reducción del gasto público y la privatización de bienes públicos.
Todo esto no hizo más que acelerar un éxodo al territorio continental estadounidense. En la actualidad, más puertorriqueños residen en territorio continental –4.9 millones hasta 2013– que en la isla –3.679 millones en 2016–. Constituyen el segundo grupo hispano en Estados Unidos, luego de los mexicanos. En el estado de Florida su voto define las elecciones. En un año electoral, esta cuestión no es menor.
La crisis fiscal de Puerto Rico se da en simultáneo con el deterioro industrial de Silicon Valley, Detroit, Virginia occidental, Misisipi y Alabama. En un escenario complejo, con la ralentización del crecimiento de la economía mundial, Puerto Rico constituye un foco rojo para la economía estadounidense.
Una salida a favor de los trabajadores
Ya se han realizado manifestaciones contra la crisis fiscal que golpea sobre el pueblo boricua. Pero es necesario mucho más para enfrentar las medidas de austeridad. La crisis la deben pagar quienes la provocaron: el gobierno estadounidense, la administración de la isla y las empresas que por décadas lucraron con el trabajo de los puertorriqueños y los beneficios fiscales otorgados por el gobierno.
El estatus de ELA y la deuda externa son las dos caras de la profunda crisis que enfrenta Puerto Rico. La clase trabajadora –tanto la que vive en Estados Unidos como la que reside en la isla– junto a los sectores populares deben unir fuerzas para no cargar sobre sus hombros con esta crisis. Y con la movilización en las calles deben abrir camino para imponer la independencia de la isla y el desconocimiento de esta deuda fraudulenta de los capitales internacionales y el imperialismo.
Con información de BBC Mundo, Associated Press y United States Department of Labor. | 
