Imagen: Reuters
Bueno, algo peor hizo esta semana la presidente Cristina Fernández de Kirchner. Conversó sobre “libertad de expresión”, “acceso democrático a la información” y “apertura de puntos de vista” nada menos que con un especialista en censura, ataques a periodistas, restricción a las libertades democráticas elementales y jefe de un régimen reaccionario y opresivo de las minorías sociales y los opositores políticos.
Seguramente Vladimir Putin, el presidente ruso que el jueves habló por teleconferencia con Cristina, mientras charlaba estaría pensando para adentro en lo increíble que sonaban esas palabras en su boca. Tal vez se le vino a la mente aquel episodio del año 2000, cuando recién asumido como presidente mandó a allanar las oficinas del grupo Media-Most y del canal de televisión NTV, famoso por sus programas sobre la corrupción de los funcionarios del Gobierno y las amenazas a los derechos civiles. Una batalla que duró un año y terminó con la apropiación del paquete de acciones por parte de otro grupo, Gazprom-Media.
Gazprom… Gazprom… Ah, sí, Gazprom, la misma corporación en la que estaría pensando Cristina mientras lo miraba a Putin en la pantalla. Es la compañía con la que está negociando el gobierno argentino para la explotación de gas en Argentina.
Pero lo más patético de la puesta en escena no fueron las mentiras de Putin sino el cinismo de la presidente argentina que, en su afán de congraciarse con quien puede darle al país una necesitada ayuda económica, no duda en aceptar esas mentiras e intentar hacernos creer que todo lo que dice ese “buen hombre” es verdad.
Denuncias a granel
La realidad indica que Putin es uno de los presidentes del mundo contemporáneo más sanguinarios, retrógrados y represores. Y uno de los ámbitos en los que más se expresa su política es en el de los medios y el ejercicio de la información.
Frente a los Juegos Olímpicos de Invierno realizados en la ciudad de Sochi en febrero de este año, dos centenares de intelectuales denunciaron públicamente a Vladimir Putin. A través de una carta publicada en el diario inglés The Guardian un día antes de que se inauguren los juegos, personalidades como Paul Auster, Günter Grass, Gioconda Belli y Margaret Atwood se pronunciaron contra el “estrangulamiento al derecho a expresarse libremente que se está produciendo en Rusia en los últimos 18 meses”. El período mencionado no es casual, ya que 2012 es el año en que Putin regresó a la presidencia de Rusia tras ocho años como primer ministro.
¿De qué estrangulamiento hablan? Del cierre de medios por no ajustar sus opiniones a los intereses del gobierno, de despidos y persecución a quienes se identifiquen abiertamente con posturas opositoras, de asesinatos mafiosos de periodistas y de la promulgación de leyes restrictivas de libertades básicas. Una situación que dista mucho de la máscara de Rusia que ayuda a crear la presidente argentina.
Putin gobierna Rusia desde el año 2000, con dos períodos como presidente, dos como primer ministro y una tercera presidencia en curso. En todos estos años de manejo bonapartista del Estado, se registraron decenas de muertes de periodistas críticos del régimen en circunstancias violentas y mafiosas, se clausuraron varios medios masivos importantes tanto de televisión, gráficos como radiales. Se bloquearon cientos de páginas web y portales de noticias y hasta se legisló para restringir duramente los contenidos de los medios digitales.
Para poner sólo un ejemplo contundente, en 2006 fue asesinada brutalmente la reportera Anna Politkóvskaya, opositora al Kremlin y famosa por las denuncias contra los abusos de policías y militares, particularmente en Chechenia. Como se vio en el juicio realizado ocho años después, su crimen involucra directamente al régimen de Putin. Pero la Justicia dictó penas contra los emisarios, dejando impunes a los autores intelectuales. El hecho es un emblema mundial de asesinatos contra periodistas y reporteros. Posiblemente Cristina Fernández no se interese por esos temas y sus asesores no le hayan recordado el caso al preparar su intercambio con Putin.
Como complemento a esas acciones represivas, durante estos años se votaron leyes que legitiman la censura y la discriminación de la homosexualidad, la diversidad sexual y los anhelos independentistas de algunas repúblicas que forman parte de la Federación Rusa. Esas leyes están puestas en práctica y ya cargan con detenidos, procesados y condenados.
Ortodoxamente reaccionario
La política de Putin para con la “libertad de expresión” y “el libre acceso a la información” no podía ser otra. Él es quien encabeza desde hace quince años una verdadera guerra sucia contra los movimientos separatistas de Chechenia, Daguestán e Ingusetia. Guerra que destruyó ciudades enteras como Grozni a principios de los años 2000, mató a decenas de miles de chechenos e instauró la opresión nacional sobre estas repúblicas independentistas, imponiendo gobiernos prorrusos y manteniendo la estabilidad y el orden con métodos de terrorismo de Estado.
Entre las obsesiones de Putin y su gobierno está la persecución a quienes no son heterosexuales ni partidarios de la Iglesia Ortodoxa. Así una de las leyes más “famosas” impuestas desde Moscú es la que prohíbe en toda la Federación de Rusia la propaganda de “relaciones sexuales no tradicionales” (homosexuales, lésbicas, transexuales) ante menores en la prensa y en los medios digitales. Esa normativa ya se cobró varias víctimas, entre ellas el editor de un periódico local de la región de Jabárovsk que fue multado con 50.000 rublos por dar voz a un profesor de educación secundaria y activista gay que aseguraba haber sido despedido por su orientación sexual.
Otra de las personas a las que les cayó “todo el peso de la ley” es un abogado defensor de los derechos de la comunidad LGTB, a quien la Corte Suprema le rechazó una apelación contra la sentencia de un tribunal de Moscú que prohibía la marcha del orgullo gay en la ciudad durante los próximos 100 años.
Y sin dudas el ejemplo más brutal en este caso es el de la banda de punk feminista Pussy Riot, perseguida, procesada, sentenciada y deportada a Siberia como si hubieran cometido el peor de los crímenes. Sin embargo todo el crimen del trío de jóvenes mujeres consistió en blasfemar contra la Iglesia Ortodoxa y el presidente Putin. En febrero de 2012 ellas ingresaron en la principal catedral de Moscú y en medio de una acción totalmente pacífica realizaron una representación musical que llamaron “plegaria punk” donde le pedían a la Virgen María que proteja a Rusia de Putin. Inmediatamente Nadesda Tolokonnikova, de 22 años, Marina Alyojina, de 24, y Yekaterina Samuzevich, de 30 fueron detenidas y enjuiciadas con una acusación que buscó ser aleccionadora no sólo contra los sectores opositores al régimen sino contra quienes se atrevan a cuestionar la institución de la Iglesia Ortodoxa rusa, con un gran peso dentro de él.
Creer que Cristina Fernández de Kirchner no sabe nada de todo esto es, cuanto menos, una ingenuidad. La pregunta real que habría que hacerse es por qué ella eligió montar un circo patético, saludando a Vladimir Putin y sumándolo a una charla cínica sobre “libertades” y “expresión”. Y una respuesta en serio no podría eludir un aspecto básico: no es el kirchnerismo precisamente el indicado para hablar de democratización de la información, de los medios y de la palabra.
Por eso Cristina se atrevió a hablar con Moscú desde Las Heras, Santa Cruz, la misma ciudad en la que se desarrolló durante su mandato uno de los juicios más escandalosos de la historia argentina contra luchadores obreros y populares. Un juicio armado con pruebas falsas, en el que terminaron con cadena perpetua trabajadores petroleros acusados de un crimen que no cometieron, y al que la misma presidente avaló como un acto de verdadera “Justicia”.
Más allá de los discursos con los que pretende todavía sostener el “relato”, el gobierno de Cristina a lo que más está abocado es a formar una corporación mediática propia con capitalistas amigos y un costoso aparato de propaganda gubernamental. Y en eso, vaya si se entienden con Putin. | 
