Los candidatos constituyentes del PAN y Nueva Alianza han argumentado que frente a la nueva redacción de la Carta Magna de la Ciudad de México es necesario regular marchas y plantones.
Argumentaron que hay un impacto negativo y que se viola la libertad de tránsito, por lo que propusieron que las manifestaciones en las calles de la capital del país se “restrinjan a horarios y días específicos, para no afectar al resto de la población” según afirmó el candidato de Nueva Alianza.
Dichos candidatos plantearon que en diferentes partes del mundo las manifestaciones públicas están reguladas, como los casos de ciudades como Berlín, París, Madrid y Londres.
Sin embargo, en esas mismas ciudades hay una resistencia contra esas medidas. Actualmente, la juventud francesa se ha apostado a salir a las calles contra la nueva ley de trabajo. También lo hemos visto en Madrid, donde a pesar de llamada Ley Mordaza implementada al calor del movimiento #15M, la juventud se aglomeraba en masivas asambleas y plantones en las principales plazas de todo el país. Lo hemos visto en diferentes latitudes del mundo.
A decir de estas medidas que aplican los gobiernos, existe el objetivo de someter y acallar el malestar y las demandas de la juventud, las mujeres y el pueblo trabajador, que resiste medidas políticas y económicas.
Mientras los partidos al servicio de los empresarios pretenden coartar el derecho a la libre manifestación, hacen jugosos negocios a partir de la privatización del espacio público. Es el caso del zócalo capitalino.
Cada año se destina una suma exorbitante en la instalación de la pista de hielo, que paso de un gasto de 1.49 millones de pesos en 2012 bajo la gestión de Marcelo Ebrad, a más de 6 millones de pesos en el último año con Miguel Ángel Mancera. Pero también se reciben jugosas cotizaciones; para ejemplo está el rodaje del filme “Spectre” o de los distintos eventos deportivos y de entretenimiento auspiciados por poderosas empresas, como la millonaria marca Fórmula 1, cercando todo acceso a la plancha del zócalo.
Hay entonces un falso debate que contrapone la movilidad en la ciudad ante un derecho legítimo por la libre manifestación, asociación y expresión de la ciudadanía. Esto lo hemos planteado en nuestra campaña desde la plataforma Anticapitalistas a la Constituyente en contraposición con los representantes de los partidos que vienen votando en el congreso oscuras medidas como la reciente aprobación del Código de Justicia Militar, que permite cateos en domicilios sin ninguna garantía al respeto de las garantías individuales.
No estamos en cualquier escenario político. Y esos mismos partidos se están preparando para blindar aún más sus planes e intereses.
La plataforma que comparto con la maestra Sulem Estada, propone:
La derogación del artículo 362 del Código Penal, que atenta el derecho a la protesta social. Estamos por la libertad de los presos políticos de la ciudad y del resto del país, así como por por echar abajo el protocolo de control de multitudes del Gobierno del Distrito Federal. Para garantizar el respeto a los derechos humanos de todas las mujeres que viven el acoso a diario, que son las víctimas de feminicidio; de los jóvenes que son excluidos de la educación y que trabajan bajo el outsourcing; para el conjunto de la clase trabajadora de la ciudad, exigimos todos los derechos. Por ello proponemos también la disolución del cuerpo de granaderos y poner alto a la militarización y represión en la Ciudad de México. | 
