Lo ocurrido el 15 de abril en la fiesta Time Warp, donde murieron cinco jóvenes por consumir sustancias que al día de hoy todavía se desconoce qué contenían, puso en evidencia la hipocresía de funcionarios y políticos respecto al uso de psicoactivos. En los grandes medios de comunicación se expresaron voces que en su mayoría culparon a los padres y a los jóvenes por lo ocurrido.

En menor medida, se habló del entramado mafioso integrado por empresarios, fuerzas de seguridad y funcionarios, responsables de la sobreventa de entradas. Muy poco dijeron del Jefe de Gobierno, que en medio de la crisis política abierta, estaba en Nueva York. A su regreso, Horacio Rodríguez Larreta, se dedicó a enumerar los controles que realizaron los funcionarios, cuando ya se conocía la sobreventa de entradas, y la implicancia de la Prefectura. La hipocresía es mayor cuando es de conocimiento público que en los boliches se venden sustancias denominadas ilícitas, y el gobierno no toma medidas mínimas como la despenalización del consumo y la aplicación de políticas de salud pública elementales, como la reducción de daños, que provea a los usuarios información sobre lo que van a consumir y el acceso a puestos sanitarios donde se testeen las sustancias que como las pastillas de diseño, son fácilmente adulteradas.

El cinismo no tiene fin. Mientras que funcionarios y políticos dicen que la prohibición de las drogas es una medida necesaria de salud pública, ocultan que las causas de mayores riesgos de intoxicación y muerte son ocasionadas por las llamadas drogas legales como el alcohol. Según la Organización Mundial de la Salud, cada año se producen 3,3 millones de muertes en el mundo debido al consumo nocivo de alcohol (un 6 % de todas las defunciones). En Argentina en los últimos diez años aumentó un 19 % el nú- mero de personas que abusan del alcohol. En el Hospital Fernández (CABA) durante el año pasado, el 67% de los que ingresaron por guardia intoxicados lo hicieran por sustancias legales y el 11,5 % de los casos corresponden a intoxicaciones con psicofármacos. Un consumo dirigido a sobreadaptarse a las demandas sociales y los insalubres ritmos laborales. En nuestro país, según la Dirección Nacional de Vialidad, en el último año se registró que 9 de cada 10 accidentes de tránsito durante los fines de semana se debieron al consumo excesivo de bebidas alcohólicas de los conductores.

Prohibir ¿una solución?

A principios del siglo XX, Estados Unidos aplicó la ley seca. Tomar alcohol estaba prohibido, sin embargo el consumo continuó. Se comercializaba en el mercado negro y su mala calidad ocasionó miles de muertes. Con las llamadas drogas ilegales ocurre algo similar. La prohibición no evita su consumo, sino que agrava las condiciones en que los usuarios las consumen: adulteraciones de las sustancias y falta de información para que ese consumo se realice en las mejores condiciones. La prohibición ha cercado cualquier investigación científica sobre los efectos y los recaudos que deberían tomarse a la hora de elegir consumir alguna sustancia. La Asamblea de Naciones Unidas (Ungass 2016) no condenó la “guerra contra las drogas” que impulsó Richard Nixon y que favoreció la expansión de las sangrientas redes de narcotráfico. Además, se negó a pronunciarse a favor de que los países miembros apliquen políticas de reducción de daños. Una medida mínima de salud pública que evitaría las consecuencias fatales del consumo de sustancias que se venden en el mercado negro. Por eso sorprende que el legislador Marcelo Ramal del PO se haya pronunciado en contra de medidas elementales de salud pública como las políticas de reducción de daños. Vale recordar que entre los usuarios de sustancias se encuentran quienes consumen en forma recreativa, que no afecta su vida cotidiana; los que aun haciendo uso ocasional abusan y los que tienen un uso problemático con las sustancias. Por nuestra parte peleamos por la legalización, porque nos oponemos a la intervención policial o judicial y a la criminalización de los usuarios. Incluso, la legalización, facilitaría el control de calidad de las sustancias que se consuman. Pelear por la legalización no significa promover su consumo, sino enfrentar al Estado burgués que utiliza la prohibición de las drogas para criminalizar a la juventud. La legalización de las sustancias que hoy permanecen ilegales, sería una medida inicial para acabar con las mafias que las comercializan y evitar los miles de asesinatos cometidos por los carteles narcos. En última instancia, la lucha por la legalización es una lucha por quitarle parte del poder represivo al Estado y atacar los intereses económicos sobre los que se funda la siniestra industria del narcotráfico, de la que se benefician los capitalistas y sus funcionarios civiles, policías y militares.