A tres semanas de la tragedia en Costa Salguero, se han abierto múltiples debates alrededor del consumo de drogas, la reducción de daños y el narcotráfico, que atraviesan a grandes franjas de la sociedad.
Mientras los medios de comunicación siguen esforzándose por encubrir a los verdaderos responsables y bloquear todo tipo de discusión sería, el Estado solo ofrece mano dura y prohibición. Es el momento de dar un paso adelante en estos debates, despojándolos del desconocimiento y el miedo que buscan implantar.
¿Prohibición o legalización?
Las políticas prohibicionistas a lo largo de la historia han demostrado que, lejos de estar destinadas a la salud pública y a la desarticulación de las mafias estatales y paraestatales involucradas en el narcotráfico, fueron producto de los intereses políticos de turno y han fracasado rotundamente.
La Ley Seca puesta en marcha en 1920 en Estados Unidos, no redujo el consumo, sino que generó un auge desmedido de corrupción: el tráfico de alcohol movió cientos de millones de dólares y estimuló el crimen organizado dando origen al “gangsterismo”. Aumentaron los bares clandestinos, el precio desmedido de las bebidas y su consumo mortal. El prohibicionismo como política de Estado, ha sido –desde sus orígenes- el principal responsable de las muertes relacionadas a estos consumos.
Las políticas prohibicionistas no solo introducen sustancias de mala calidad, dificultan el acceso a información científica y obturan la búsqueda de tratamiento para quienes padecen el uso problemático, sino que demoniza y criminaliza al consumidor, corriendo del eje al sangriento negocio del narcotráfico – relacionado a su vez con el tráfico de armas y las redes de trata- que mueve 500 billones de dólares por año mientras es garantizado por las mafias, funcionarios públicos, jueces y fuerzas represivas.
Los hechos sucedidos en Time Warp desencadenaron una ola reaccionaria sobre la juventud: desde el PRO, bajo un discurso estigmatizante de los jóvenes, han buscado tapar los entramados mafiosos que se esconden detrás de las cinco muertes en Costa Salguero, de las cuales el Estado es el principal responsable.
Lejos de brindar herramientas en materia de salud pública, fomentar la reducción de daños y el consumo responsable, la salida que proponen es mayor censura y clandestinidad.
En este contexto, la pelea por la legalización de todas las drogas expresa la necesidad social de buscar una política alternativa al prohibicionismo, una salida superior que ponga en debate el derecho que se atribuye el Estado de imponer una visión moralista alrededor de las drogas y enfrente el control social ejercido por parte de este sobre la vida de los individuos, lo que incluso explica cómo se consideran “legítimas” sustancias como el alcohol y el tabaco cuyo impacto a la salud es mayor que el de otras drogas prohibidas como la marihuana.
Reducción de daños, un paso elemental
En diferentes países de Europa y América Latina funcionan planes para la reducción de daños frente al consumo de sustancias psicoactivas, con el objetivo de evitar crímenes sociales como los ocurridos en Costa Salguero.
Estas políticas comenzaron a implementarse en los años 80’ en Amsterdam y Rotterdam y una década más adelante en el Estado español, Portugal, Italia y Francia, con el fin de disminuir el contagio de Sida y Hepatitis que, causados por el consumo de heroína, producían miles de muertes al año mediante el uso compartido de jeringas. En la actualidad estas políticas de reducción de daños se dan de forma extendida abarcando a la mayoría de las drogas, y han demostrado su efectividad reduciendo el consumo y las muertes causadas por ello.
De ninguna manera la salida es mirar para otro lado, negar y estigmatizar el consumo.
Es de máxima urgencia que el ministerio de salud -a cargo del Estado, que debería velar por la salud de la población- garantice en las fiestas tests reactivos para que los consumidores tengan acceso a saber que están consumiendo, si es éxtasis o es veneno para ratas, como así también la ubicación de puestos de atención sanitaria primaria para todo el público.
Están los ejemplos de Ong’s como (Energy Control) que mediante fuertes campañas de exigencia al Estado Español, han conquistado la aplicación en los hechos de políticas de prevención y reducción de daños.
En la misma sintonía, es fundamental la difusión masiva sobre los efectos y las problemáticas que traen las drogas, como así el público acceso a información sobre los cockteles letales, tanto de sustancias legales como ilegales.
El acceso a una salud de calidad y gratuita es parte de esta pelea.
Las políticas orientadas a la reducción de daños y consumo responsable, se hacen cada dia mas urgentes como medidas transicionales en el marco de la lucha por la legalización de todas las drogas. Si bien sólo con políticas de disminución de daños no alcanza, su inmediata aplicación podría evitar que el entramado sangriento del negocio del narcotráfico se siga llevando la vida de los jóvenes, sobretodo de aquellos más pobres y vulnerables, que directamente consumen los desechos de la producción como la Pasta Base, que mata centenares por año.
Los intereses del PRO son claros: criminalizar a la juventud -en particular a la de los sectores populares- mientras pagan millones a fondos usureros y lavan su dinero en cuentas offshore. ¿Qué pasaría si ese dinero fuera destinado a políticas de prevención y salud públicas?
Parte de la izquierda jugando para la prohibición
Las concepciones moralistas no vienen sólo del Estado y los partidos patronales, desde sectores autodenominados de izquierda como La Mella, han llegado lejos, estos como parte de la presidencia de la Federación Universitaria de Buenos Aires, solicitaron a un juez que clausure la vida nocturna en la ciudad. Un fallo escandaloso enteramente reaccionario y estigmatizador con la juventud.
Aunque se retrocedió con esta cautelar la mancha para Patria Grande no se va a borrar, la salida parece ser que la gente no salga a bailar ni se divierta, como si la vida cultural de la juventud fueran las causantes de las muertes.
Por otro lado el Partido Obrero ha publicado recientemente una declaración en la que plantean: "Del mismo modo que el capitalismo atiende al desempleo crónico con los raseros universales de pobreza (AUH), aspira a administrar ’ordenadamente’ la sujeción de la juventud al narcoflagelo. Si esta posición domina a la opinión pública pretendidamente ‘progresista’, es inconcebible entre quienes se reclaman de la izquierda revolucionaria”. Una posición claramente contraria a plantear un programa de urgencia que salve vidas. Pero lamentablemente la posición de Partido Obrero no sólo rechaza una salida transicional al problema del consumo en las condiciones actuales de prohibición, sino que pregona una concepción adaptada a la moral que busca imponer el Estado, como se ve en el siguiente planteo: “Nuestra lucha por la despenalización (…) no puede confundirse con la apología de la droga, que busca liquidar a la juventud como factor transformador…” Es decir, niegan que para miles de jóvenes fumar un porro o consumir otros tipos de drogas puede ser una forma de recreación, así como tomar una cerveza con amigos. Una vez más, el problema no es el consumo sino el oscuro mercado del narcotráfico que, como todo en esta sociedad, está pensado en función de la ganancia de unos pocos y no de las necesidades y deseos de los trabajadores y la juventud.
La Marcha Mundial de la Marihuana es el puntapié
La pelea contra las concepciones prohibicionistas y moralistas que vienen primando, tiene como cita de honor la Marcha Mundial de la Marihuana este sábado 7 de mayo. El contexto político en el que se inscribe es fundamental: un gobierno ajustador también en los derechos democráticos de los sectores populares y una abierta campaña de persecución a los jóvenes a partir del crimen social en Time Warp. La masividad que tendrá la movilización será un punto clave para mostrarle al PRO que la juventud comienza a levantarse por sus reivindicaciones y no va a ser fácil quebrarla. | 
