En México el consumo de marihuana no fue declarado ilegal sino hasta 1920. En un curioso estudio de la época llamado “La marihuana en México”, de Eugenio Gómez Maillefert, se asegura que los consumidores se encontraban tanto en las clases bajas como en las altas, desde expresidiarios, prostitutas y soldados, hasta “jóvenes acomodados de la mejor sociedad”.
Gómez cuenta que se podía conseguir drogas recurriendo a los puestos de herbolarios en los mercados, con curanderas, en cantinas por medio de mandaderos, en velerías (locales en donde se fabricaban velas de sebo) y ubica algunos puntos de venta en el barrio de Peralvillo. Se podía conseguir a cualquier hora del día y el costo de un cigarrillo era de 20 centavos. Ya desde entonces señalaba la compleja red que existía para introducir la droga en cuarteles y en cárceles y el gran negocio que significaba para unos cuantos la venta al menudeo.
El Reglamento Federal de Toxicomanía
El historiador sinaloense Froylan Enciso, por su parte, da cuenta de los trabajos del Doctor Leopoldo Salazar Viniegra, jefe del Departamento de Salubridad Pública del gobierno de Lázaro Cárdenas, quien a finales de la década de los 30 comenzó una campaña para desmitificar la marihuana y acabar con la criminalización de sus consumidores.
Sus trabajos incluirían investigaciones con 400 presos de las cárceles de la Ciudad de México, con internos del famoso psiquiátrico “La Castañeda” (de donde fue director) e inclusive convenciendo a miembros del Comité Nacional de Drogas Narcóticas de fumarla con él en público, con la finalidad de demostrar sus dichos.
Había expuesto también sus razonamientos legalizadores ante delegaciones internacionales de la Liga de las Naciones en 1939, contando con el respaldo de países como Suiza y Polonia, pero el tajante rechazo de Estados Unidos y Canadá.
Salazar Viniegra declaraba que no había ninguna base que sostuviera que la planta fuera dañina para el ser humano ni que provocara los exacerbados efectos que se le atribuían. La propuesta de Salazar, además de señalar la necesidad de que el Estado asumiera el control de las drogas, contemplaba la legalización de la siembra y el cobro de impuestos a los agricultores, tal y como sucede con quienes comercian con el tabaco. El médico duranguense consideraba, según declaró en una histórica entrevista concedida a Carmen Báez en junio de 1938, que el problema de la “toxicomanía” era artificial, producto de “la incomprensión y de la torpeza legislativa”, así como un problema provocado por las autoridades, quienes habían contribuido a “crear una situación de ventaja y privilegio para el traficante”.
Así, el 17 de febrero de 1940 se publicaría en el Diario Oficial de la Federación el Reglamento Federal de Toxicomanía (RFT), que pretendió poner en manos del Estado el monopolio de la venta de fármacos prohibidos, así como su distribución y precio.
Según el RFT, los médicos podían recetar drogas a los adictos y éstos podrían ir a surtir la receta en cualquier farmacia de la capital. El precio debía ser el que el Estado hubiera pagado por la droga. El Departamento de Salud supervisaría que la venta fuera únicamente con fines terapéuticos y crearía dispensarios para atender, como un problema de salud y no como uno de seguridad, a las personas que así lo requirieran. El primer dispensario operaría en la calle de Versalles y estaría dispuesto para atender un promedio de 700 pacientes.
Luego de la aprobación del RFT, Estados Unidos, alegando un supuesto problema de seguridad, presionaría para que Salazar fuera destituido de su cargo (de por sí ya en riesgo por sus vínculos almazanistas, en aquél entonces opositores al candidato presidencial oficial, Manuel Ávila Camacho) y no sólo eso: EE.UU. suspendió la exportación de medicamentos a México con el argumento de que no sabrían si se les daría un uso “médico y legítimo”. Promovió además una denuncia contra México ante el Comité Central Permanente del Opio, acusándolo de violar la Convención de Ginebra de 1931, según consta en expedientes diplomáticos de la época.
Apenas unos meses después, en julio de 1940, Lázaro Cárdenas suspendería la vigencia del RFT. Pese a que el decreto aclaraba que sería sólo durante el periodo de guerra en Europa, tras terminarse ésta en 1945, la suspensión se mantuvo.
Cien años de prohibición en México
En México, el gobierno ha hecho oídos sordos ante las recomendaciones de la Academia Nacional de Medicina, órgano regulador a nivel federal, con respecto a las drogas en general y a la marihuana en particular. Hoy por hoy, la legalización de la planta se discute de nuevo en espacios internacionales. Debemos discutir las experiencias del pasado.
Si bien es cierto que el gobierno de Lázaro Cárdenas emprendió medidas de defensa nacional altamente progresista, como la expropiación del petróleo, cedió a las presiones del imperialismo y retrocedió de la aplicación de una política como la que representaba el RFT. El consumo de marihuana pasó a ser ilegal. Y esto abrió la puerta en décadas posteriores a la criminalización de los consumidores.
Con el paso del tiempo, el tráfico de drogas evolucionó hasta ser uno de los negocios más lucrativos de la economía "ilegal" del capitalismo. En nuestros días ese negocio millonario fue la excusa para lanzar la Iniciativa Mérida y la militarización del país, en aras de la llamada "guerra contra el narco".
El saldo de esta línea de subordinación a las políticas norteamericanas en torno a las drogas ha mostrado su cara más cruenta los últimos 10 años: cientos de miles de muertos, desaparecidos y desplazados, además de los miles de presos en cárceles mexicanas por temas relacionados con el consumo o la posesión de sustancias consideradas ilegales, de los que hablaremos en una siguiente entrega. | 
