El gobierno de Mauricio Macri planea firmar un acuerdo con empresarios y sindicatos para suspender temporalmente los despidos como un intento por frenar la “ley antidespidos” que ya obtuvo media sanción del Senado. Más allá de lo limitado del mismo -90 días-, los motivos por los que tal acuerdo no logrará su declarado objetivo son varios y de distinta índole.
La primera observación al respecto es que su nivel de alcance dependerá de qué corporaciones empresarias firmen tal acuerdo. Hasta el momento sólo habría confirmado su participación la Cámara Argentina de la Construcción, sector que ya realizó buena parte del ajuste en materia laboral, siendo que fue el que más despidos realizó en estos meses (unos 54 mil).
En segundo lugar, aunque se lograse la participación de las principales cámaras empresarias, sin un mecanismo efectivo de control y sanciones, nada impedirá que las empresas achiquen su personal, con lo cual el acuerdo sería solo una “expresión de deseos”. Así se produciría una especie de “revival” del famoso “les hablé con el corazón y me respondieron con el bolsillo”.
En tercer lugar, dicho acuerdo –y cualquier otro- dejaría a más de un tercio de la población ocupada afuera, ya que el empleo no registrado no se encuentra amparado por ningún régimen legal. No casualmente el sector de la construcción es uno de los que tienen mayor proporción de trabajadores no registrados.
En último lugar, el nivel de ocupación no depende de “las buenas intenciones” o “el humor” de los empresarios sino del nivel de actividad (directamente) y de la productividad laboral (inversamente). En este sentido, en tanto persista un programa de ajuste y de apertura de la economía y el nivel de actividad se siga contrayendo, por más “acuerdos” o “pactos” que se firmen, las penurias para la clase trabajadora se seguirán profundizando.
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* El autor es co-autor de “Restricción Eterna. El poder económico
durante el kirchnerismo” (editorial Futuro Anterior) | 
