El creciente malestar social por los despidos y la inflación, el importante acto de las centrales sindicales del 29 de abril, y la caída de la imagen presidencial tras el escándalo de los Panama Papers convencieron a Mauricio Macri de intentar una maniobra contra la llamada “Ley Antidespidos” no de frente, sino de costado. El humor social no ofrece el mejor contexto para un veto de la ley, como había anunciado el presidente que haría si la norma resultara votada en el Congreso Nacional, aunque ayer por la noche el ministro Rogelio Frigerio insistió con que eso es lo que hará Macri si la misma finalmente es aprobada.
Resuelto entonces el gobierno a la maniobra, la puesta en escena de ayer entre Macri y los empresarios busca lograr el difícil objetivo de bloquear un proyecto de ley que es repudiado por todos los capitalistas, sin tener que utilizar el veto, y tratando de mostrar sensibilidad social y preocupación por el empleo. Llegar al recurso del veto pondría de manifiesto la debilidad parlamentaria del gobierno de Cambiemos, que arrastra el problema de origen de no tener mayoría propia en las cámaras del Poder Legislativo, y tendría un importante costo político.
Si en sus primeros días el macrismo gobernó a fuerza de decretos, y luego contó con el aval de la mayor parte del Frente para la Victoria en el Senado para votar el acuerdo con los fondos buitre, ahora el debate por la “Ley Antidespidos” ofrece mayores dificultades, en un marco en el que, pasados cinco meses, Cambiemos ya no cuenta con el mismo capital político que al comienzo. El rol del Frente Renovador será clave en el desenlace de este enredo, mientras que desde la izquierda le exigen a las centrales sindicales un paro nacional para lograr imponer la ley.
Rodeado de un importante arco empresarial, el presidente ensayó ayer un discurso que buscó convencer de que el suyo es el camino más conveniente para generar empleo. Cuestionando el proyecto de ley, sin nombrarlo, Macri sostuvo que "la inversión trae trabajo de calidad, no viene de la mano de las imposiciones, de las trabas, de las arbitrariedades". Al igual que en otras ocasiones, también justificó el difícil momento que se vive acusando a la “herencia recibida” por parte del gobierno anterior: "Tenemos que recordar el punto de partida, que no es fácil, porque el desorden de la economía, con el 700% de inflación acumulado, ha generado un estancamiento que lleva casi 5 años".
El “Compromiso por el Empleo” firmado con los empresarios defiende la misma línea argumental que el gobierno. Valora el “cambio positivo” que estaría atravesando el país según su visión, y dice que “la propuesta de ley antidespidos que tiene media sanción en el Congreso introduce un cepo al trabajo que dificulta las nuevas inversiones y generará el efecto contrario al que dicen buscar".
La coincidencia, a esta altura, no sorprende. Ayer era difícil distinguir cuáles eran los CEO invitados a Casa Rosada de los CEO que son funcionarios del gobierno nacional. Todos defienden los mismos intereses, que son los suyos propios, aunque intentan convencer de que defienden los intereses de todo el país. El caso más paradigmático es el de Juan José Aranguren, accionista de Shell y ministro de Energía y Minería, que dispone un aumento tras otro en el precio de las naftas. En el evento tampoco faltaron los empresarios que se comprometían a no despedir…porque en los últimos meses ya despidieron todo lo que necesitaban.
Ayer el intento de convencer de que el camino propuesto es el mejor para generar empleo se pareció bastante a la cuadratura del círculo. Nadie en el gobierno puede explicar por qué, si hay un compromiso para que no haya despidos, se niegan a sancionarlo por ley. Vale recordar que el compromiso firmado ayer no es nada más que una foto que no obliga a nada a los empresarios, ya que ningún valor legal tiene para el caso de que no cumplan con lo acordado. Tampoco define lo firmado qué es lo que sucederá luego de los escasos 90 días que duraría el “compromiso y, para mayor incertidumbre, los ayer presentes fueron principalmente grandes empresarios y no del sector de las pequeñas y medianas empresas donde más se siente el efecto de la recesión.
Así las cosas, el acto de ayer fue interpretado desde distintos sectores como una maniobra para obstaculizar la votación de la “Ley Antidespidos” en la Cámara de Diputados. La diputada nacional Myriam Bregman afirmó que "es una maniobra de bajo vuelo para evitar que se haga la sesión especial en Diputados y que salga una ley que frene los despidos. La del Senado no es nuestra ley, ya que tiene muchos límites. Sin embargo, las patronales y sus representantes políticos de la Rosada, con Macri a la cabeza, pusieron el grito en el cielo porque quieren tener las manos libres para seguir despidiendo y bajando los salarios reales, y por eso a diario nos encontramos con maniobras de todo tipo para que no sancionemos en Diputados lo aprobado en el Senado".
También desde otros sectores se escucharon críticas. "Quiero saber si el Estado también se comprometió a no cesantear", se preguntó Héctor Recalde del Frente para la Victoria en diálogo con C5N. Desde su mismo espacio, el presidente del Partido Justicialista, José Luis Gioja, sostuvo que "Macri pretende cambiar la fuerza de una ley por la firma de un papel", al aludir al compromiso firmado en Casa Rosada.
Desde el Bloque Justicialista, Diego Bossio opinó que "escuchar y reconocer los problemas está bien, pero los trabajadores necesitan soluciones concretas, no compromisos" y afirmó que "vamos a seguir insistiendo con la ley".
Las miradas están puestas entonces sobre el Frente Renovador, que puede ser clave para la sanción de la ley, y presenta divisiones internas. Sergio Massa afirmó ayer, en declaraciones favorables al macrismo, que "es un signo de madurez del gobierno reconocer que hay un problema de empleo real". En otra postura, Facundo Moyano, diputado nacional del mismo bloque, sostuvo que el compromiso firmado es como "poner al lobo a cuidar el rebaño. En el documento que firmaron se comprometen a no reducir sus planteles de empleados, que no es lo mismo que no despedir. Pedirles a los empresarios que no despidan gente parece más bien una táctica política en función del debate que se está dando en la Cámara", concluyó.
Más allá del debate parlamentario, desde la izquierda Myriam Bregman también sostuvo que "la ley no puede esperar. Los despidos se intensifican. Si quieren seguir dilatando, las centrales sindicales deberían convocar a un paro general para imponer de una buena vez la ley antidespidos". La presencia de distinto burócratas sindicales avalando ayer con su presencia en Casa Rosada la maniobra contra la “Ley Antidespidos” promete también entonces debate dentro de los sindicatos.
El miércoles, en diputados, se espera una sesión especial donde muchos de los interrogantes comenzarán a dirimirse. |
