Fotografía: Vierja // Enfoque Rojo
Como fue en el caso del “gendarme carancho” y en la detención de la nieta restituida Victoria Moyano, la fuerza predilecta del gobierno volvió a montar un nuevo escándalo, ante la impotencia de no poder impedir de ninguna manera la justa protesta de los trabajadores y las organizaciones solidarias que están reclamando que se reincorpore a los cuarenta trabajadores que aún exigen la restitución de su puesto de trabajo.
Como parte de este descomunal operativo represivo volvió a verse a más de una decena de gendarmes filmando a los manifestantes (ver videos) desde distintos puntos. Este afán por el registro de los hechos contrasta con los reiterados intentos por restringir la posibilidad a los medios de filmar en momentos en los que la Gendarmería reprime a los manifestantes. Este accionar ha sido denunciado desde distintos medios de comunicación, cuyos movileros sufrieron más de una vez los palazos y gas pimienta de la fuerza de Sergio Berni.
La utilización de “filmadores” en las movilizaciones como las de Lear viene siendo un recurso recurrente por parte de las fuerzas represivas del Estado. No es el objetivo de esta nota discernir sobre la legalidad o ilegalidad de este accionar, sobre si tenían o no orden de un juez para realizarlo en este caso puntual. Sino, analizarlo en el marco de las denuncias que ya han sido realizadas y demostradas sobre la utilización de este tipo de mecanismos que culminan en casos de espionaje y armados de causas, con la “información” recabada a partir de las filmaciones a manifestantes populares lo que constituye un verdadero ataque y criminalización del legítimo derecho de protesta. Estamos hablando de lo que se hizo popularmente conocido como “Proyecto X”.
Historia reciente
Durante el kirchnerismo la Gendarmería Nacional fue la fuerza represiva elegida desde el Gobierno para mostrarla como más “potable” ante la sociedad, teniendo en cuenta el desprestigio de las policías provinciales y la Policía Federal.
Pero este intento de tener una fuerza legitimada para reprimir está fracasando, si analizamos los conflictos obreros más importantes de los últimos años.
A partir del conflicto por los despidos en la fábrica Kraft de la localidad de Pacheco en el año 2009, se conocieron las denuncias por el accionar del llamado “Proyecto X” un sistema de espionaje y armado de causas orquestado por Gendarmería Nacional para intervenir en las movilizaciones de trabajadores, organizaciones sociales y políticas y realizar tareas de “inteligencia” infiltrando agentes de civil entre los manifestantes. Con esta información recabada se arman bases de datos y causas judiciales.
Estas denuncias fueron presentadas por la abogada del PTS y el Centro de Profesionales por los Derechos Humanos Myriam Bregman, junto a delegados de las fábricas alimenticias Kraft y Pepsico y otros organismos de DDHH. El caso tomó estado público y gran repercusión en los medios masivos en el año 2012 y abrió una crisis política en el gobierno que culminó con el alejamiento de la ministra Nilda Garré del Ministerio de Seguridad. Los organismos denunciantes aportaron todas las pruebas del caso en el que se describe el “modus operandi” de la Gendarmería: infiltrar agentes de civil que se hacen pasar por periodistas; filmar, recabar información, “marcar” a referentes y dirigentes, armar bases de datos -centralizada en Campo de Mayo- en las que se vuelca la información conseguida y se detallan cuestiones tales como ideas o filiación política; utilizar la información de la base de datos para el armado de causas que lesionan el legítimo derecho a la protesta.
De Kraft a Lear
Este accionar de la Gendarmería se prosiguió en el conflicto de Lear. El Gobierno en vez de dar una respuesta a los reclamos y poner un límite al accionar ilegal de la empresa y la cúpula del sindicato SMATA, brinda un enorme dispositivo de doce mil gendarmes mensualmente para reprimir a los trabajadores, a lo que se suman los efectivos policiales. Así lo señala la Comisión Interna de los trabajadores de Lear en un comunicado de prensa: “Nosotros denunciamos que es el propio Gobierno el que le brinda a Lear un enorme dispositivo de gendarmes y de policías, que fue el Gobierno el que les permitió (a la empresa, NdR) realizar medidas ilegales como los despidos masivos sin declarar preventivo de crisis, luego el lock out, y permite al día de hoy la importación de cables desde el exterior. Sin todo esto Lear no podría sostener esta posición totalmente intransigente”.
En los casi cinco meses que lleva la lucha de los trabajadores de Lear contra los despidos, la Gendarmería hizo más de un escándalo nacional. El del “gendarme carancho” se hizo tan conocido que ni siquiera es necesario explicarlo en estas líneas. El mismo día que el Comandante Torales se tiró encima de un auto de un manifestante al que le armaron una causa, el coronel retirado Galeano se infiltraba para hacer inteligencia ilegal. Ambas denuncias tomaron tal estado público y el propio Gobierno tuvo que echar a Galeano y retirar a Torales de los operativos en Panamericana.
Una nueva crisis política se volvió a abrir y dejó en la cuerda floja al Secretario de Seguridad Sergio Berni, que fue sostenido en su cargo por la presidencia. Fue masivo el repudio en los medios, en las redes sociales y hasta en charlas cotidianas que uno tenía por esos días. El blanco era el accionar de la fuerza estrella (¿o estrellada?) del Gobierno. El día posterior a esos hechos tomé un remis muy temprano, y al pasar por el destacamento de Gendarmería de Pacheco, sin mediar conversación anterior el remisero dice: “Qué vergüenza estos tipos ¿Viste la tele ayer, el que se tiró arriba del auto? Pobre pibe, encima lo metieron en cana, le rompieron el auto y le armaron una causa. Una vergüenza. Estos se parecen cada vez más a la bonaerense, son unos corruptos”. Ese comentario es un termómetro del humor social.
Torales y Galeano ya no están en la Panamericana, pero quedan muchos caranchos más que siguen reprimiendo a favor de un buitre llamado Lear y siguen filmando a los manifestantes y trabajadores. ¿Adónde va la información? ¿Para qué la quieren? ¿Cuántas causas más pretenden armar? Son todas respuestas que tiene que dar el Gobierno. Mientras tanto, su fuerza predilecta se desprestigia socialmente y eso es favorable para todos los que salen a reclamar por sus derechos. Espionaje, armado de causas, criminalización de la protesta y familias en la calle Nunca Más.
Video: tvpts
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