Aurelio Nuño afirmó que con estos despidos el gobierno tiene como objetivo "erradicar la impunidad" del sistema educativo nacional, y "poner fin a la impunidad que durante muchos años se vivió en el sector".
¿Qué impunidad? Más que “erradicar la impunidad” lo que quiere el gobierno de Peña Nieto es doblegar al sector que se ha opuesto a la aplicación de la reforma educativa, parte del paquete de las reformas estructurales diseñadas por Estados Unidos y las trasnacionales.
Impunidad es la del gobierno y sus tecnócratas, que ganan millones de pesos y entregan todos los recursos energéticos del país, mientras los maestros al frente de grupo ganan poco más de $7000.
Impunidad es la de los empresarios, y sus partidos, el PRI, el PAN y el PRD, todos responsables políticos de la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
Impunidad la del gobierno y los partidos que votaron la reforma laboral que legalizó el outsourcing y la reforma energética que entregó la explotación petrolera a trasnacionales como Mexichem, y recortan presupuesto para mantenimiento de las refinerías. Y así, por combinación de la ambición sin límites del capital y sus funcionarios a sueldo, ocurrió el crimen industrial de la Planta Clorados III en el complejo Pajaritos, en Veracruz, que dejó gran cantidad de trabajadores muertos y desaparecidos.
Impunidad de los dirigentes charros -que estafan y lucran, como Guadalupe Castillo y Bernardo Quezada Salas- que recibieron millones para entregar cada una de las conquistas del magisterio y abrir camino para la reaccionaria reforma educativa, que pretende privatizar la educación, restringir aún más los programas de estudio que se les imparte a los hijos del pueblo trabajador y liquidar la estabilidad laboral del magisterio.
Impunidad la del gobierno que pretende doblegar al magisterio para avanzar aún más en precarizar las condiciones laborales del conjunto del pueblo trabajador. | 
