Foto: Radio Fides. Quintana en interpelación parlamentaria
La detención, el 17 de mayo pasado, del equipo de abogados que atendía el caso de la ex novia de Evo Morales, Gabriela Zapata, Eduardo León, Walter Zuleta y William Sánchez detenidos con la increíble acusación de “trata y tráfico” de personas y “asociación delictuosa”, además de la tía de Zapata, Pilar Guzmán, detenida en la cárcel de Obrajes, ha sido repudiada por las organizaciones de abogados y diversas organizaciones políticas opositoras que han denunciado que se trata de un nuevo salto en la ruptura del llamado “Estado de Derecho” al atentar no solo al derecho a una defensa asistida por parte de Zapata, sino de los abogados que brindan servicios a los opositores políticos.
Luego de la detención del equipo de abogados, acusados por el Ministro De la Quintana de formar parte de una red mafiosa, el Tribunal 9no de sentencia denegó la tutela de acción de libertad solicitada por el abogado de Eduardo León, situación que deberá dirimirse hoy en una audiencia de medidas cautelares para determinar si los abogados deberán defenderse tras las rejas o podrán hacerlo en libertad.
Esta nueva ofensiva judicial al servicio de proteger a Evo Morales y su entorno, que encarcela con suma rapidez a los abogados de Zapata, se da luego de que se emitiera una resolución judicial que indica que el hijo entre Evo Morales y Gabriela Zapata, “no existiría”, aunque la ex novia del presidente sigue afirmando su existencia. El escándalo, tiene importancia en el hecho de que habría existido tráfico de influencias y ganancias ilícitas sobre la base de estas relaciones. Se recordará que Zapata realizaba negocios al servicio de la empresa china CAMC desde las oficinas mismas de Juan Ramón de la Quintana, el Ministerio de la Presidencia, aunque este afirma no conocer a la imputada. Este caso que está causando la repulsa generalizada de diversas capas de la población pone en evidencia los vicios y la asimilación por parte de los funcionarios del gobierno de Evo Morales a las prácticas de la clase dominante a la que tanto se afirma combatir y que pone en evidencia enriquecimiento acelerado de diversos funcionarios como se pudo evidenciar en el caso FONDIOC, donde hasta la fecha la ex ministra Achacollo aún no ha sido llamada a declarar.
Rechazamos los mecanismos crecientes de persecución política y de recorte de las libertades democráticas que hoy se usan para atacar a estos abogados y Zapata y sus familias, ya que serán usados contra los trabajadores y el pueblo y cualquiera que se anime a cuestionar las políticas del gobierno de Evo Morales. |
