Según un informe del Centro de Estudios Igualdad Argentina, ligado al Partido Socialista, en la ciudad de Rosario el 30% de los hogares no posee los ingresos necesarios para pagar el alquiler del departamento más barato de un dormitorio sin que afecte severamente sus ingresos, es decir, sin que el precio del alquiler supere el 30% de éstos.

Traducción: si un joven trabajador tiene la pretensión de “emanciparse”, tiene que pensar en empeñar al menos el 40% o el 50% de su salario en el alquiler de un departamento que se lo come la humedad, que al mes va a tener problemas de cañerías y del cual nunca va a ser propietario. Y eso que no contamos impuestos, expensas y “gastos administrativos”.

Esta cifra se calcula en base al ingreso de la población en comparación con los valores de los alquileres, tomando como referencia el año 2013. La cifra empeora aún más si se considera un departamento de dos habitaciones (de los más económicos) donde el porcentaje asciende al 40% de los hogares. Si pensamos en un departamento de 2 habitaciones de valor promedio, la cifra aumenta al 70% de la población que no puede afrontarlo.

Esto indica un desfasaje entre el ingreso de la población trabajadora y el gran negocio inmobiliario; sin ningún tipo de control estatal, aumentan los precios de los alquileres arbitrariamente para acrecentar sideralmente su rentabilidad. El boom inmobiliario es una burbuja; lejos de traer el sueño de la “casa propia” y de acabar con el déficit habitacional, logró un gran aumento de la oferta de alquileres, pero a precios viles.

El mismo informe indica que “en 2001 la ciudad de Rosario tenía un 13% de hogares inquilinos y en 2010 un 19%, lo que muestra que en los últimos 10 años en Rosario se sumaron 24.000 hogares nuevos al mercado de alquileres (en promedio por año se incorporaron 2.671 hogares). Esta situación posiciona a Rosario como la segunda ciudad después de Buenos Aires en porcentaje de hogares inquilinos (superando la media del país)”.

Mientras tanto, desde el año 2010 se calcula que hay alrededor de 50.000 familias con carencia habitacional y que al menos 200.000 personas viven en asentamiento irregulares ubicados en las zonas periféricas de la ciudad, sin acceso al agua potable, sin cloacas o sin luz.