Foto: Víctor Gutiérrez. Cosecha de papa
Bolivia se ha caracterizado a lo largo de la historia por ser uno de los países con los niveles más bajos de ingreso per cápita y de crecimiento económico de la región, con niveles de industrialización tendientes a cero, salvo algunos nichos como fue y continúa siendo la actividad primario exportadora con uso intensivo de capital y de mano de obra [1]. Justamente esto último es lo que le habría permitido al país “aprovechar” los beneficios del alza de precios de importantes materias primas luego de la crisis financiera del año 2008 para colocarse según reconocimiento del Banco Mundial como un país de ingresos medios y con tasas de crecimiento que durante estos últimos años en promedio alcanzaron el 5%. Esta tendencia ahora empieza a caer aunque según algunos pronósticos [2] todavía este año se alcanzaría una tasa positiva de alrededor 4.1% a 4,6%.
Los últimos ocho años de gobierno estuvieron caracterizados por una serie de políticas enfocadas a desarrollar servicios de telecomunicaciones, transporte e infraestructura entre otros que aunque no representan procesos de industrialización en sí mismos, son un punto de apoyo para los diversos programas y/o políticas de industrialización que pudieran desarrollarse. Junto con ello, el gobierno ha venido impulsando algunos planes de apoyo para el fortalecimiento de sectores como el agroindustrial, turismo y otros así como la redistribución de recursos a través de bonos para sectores amplios de la población que ha permitido el aumento de su capacidad de compra contribuyendo así al desarrollo del débil mercado interno nacional. Combinado con todo esto, se han puesto en marcha algunos planes orientados a fortalecer el desarrollo agropecuario como han sido los incentivos a la producción de soja, de quinua, de lácteos, de trigo, de arroz, maíz entre otros productos, que pese a los inciertos resultados en el largo plazo, están permitiendo particularmente a algunos sectores de productores asociados contar con mercados estables para sus productos, además de un cierto soporte institucional por vía de las empresas estatales que de alguna manera facilita el acceso a insumos para la producción y en menor medida provee asistencia técnica. Sin embargo, hay que señalar que estas intervenciones llegan a un espectro reducido del sector rural sin cambiar las relaciones de dependencia.
En este marco, por ejemplo, el caso de la quinua no ha sido una excepción. Un producto que de ser consumido en el ámbito local y fundamentalmente para la auto subsistencia de las comunidades productoras tradicionales, se vio súbitamente convertido en un producto apetecido por el mercado europeo. Esta situación provocó una significativa subida en los precios internacionales disparando los niveles de producción internos que llegaron a quintuplicarse [3]. Comunidades que estaban relativamente aisladas se vieron de pronto vinculadas a las exigencias e influencias del mercado internacional. Esto por un lado, ha permitido en algún grado la implementación de mejores técnicas en los procesos productivos, pero también, modificaciones en las prácticas y formas de organización del trabajo en las actividades agrícolas y pecuarias de estas comunidades.
Sin embargo, hoy con la reciente caída de precios de la quinua, que pasó de un pico de Bs. 2000 a Bs. 300 a 400 el quintal, se abren severos interrogantes sobre el futuro económico de las comunidades involucradas en la producción de este cultivo. Asimismo esta vulnerabilidad y dependencia de la fluctuación de precios del mercado mundial cubre con un manto de sombra los eventuales planes de industrialización y desarrollo agrario para este sector.
Los primeros pasos de una industrialización que no termina de nacer
Revisamos brevemente algunos momentos e hitos históricos que proporcionan elementos de análisis sobre algunas recurrencias en la historia de la industrialización del país para luego analizar más concretamente las características del sector agrario. El atraso y postergación del país, tiene como causas primarias la dependencia y subordinación al imperialismo, con el que las clases dominantes nacionales establecieron, desde sus orígenes, estrechas relaciones comerciales y sociales, como fue el caso de los barones del estaño y sus vínculos con capitales ingleses y norteamericanos y un extenso territorio en el que primaron durante más de un siglo el enriquecimiento de las clases dominantes sobre la base de apropiarse del excedente social de manera rentista, ya sea sobre la base de la renta agraria o del trabajo no pagado a las comunidades indígenas. Este excedente, sin embargo, aunque permitió una relativa capitalización en los centros mineros, en general era consumido en forma también rentista, lo que impidió el surgimiento de procesos de modernización y desarrollo capitalista endógeno. Posteriormente y pese a importantes procesos de lucha como fue la revolución del 52, nuevos ciclos de subordinación y dependencia se desarrollaron en el país, desde mantener el carácter primario exportador y por lo tanto un rol subordinado en el mercado mundial, con la consiguiente transferencia de valor por el intercambio desigual entre materias primas y productos industriales, ciclos de endeudamiento y dependencia de los intereses extranjeros, etc.
Pese a esto algunos intelectuales intentan identificar hitos y/o esbozos de industrialización a lo largo de nuestra historia. Así Seoane (2015) identifica tres momentos importantes donde se habrían desarrollado procesos incipientes de industrialización. Un primer momento habría emergido con la creación del ferrocarril que conectaba Antofagasta-Oruro hacia fines del s. XIX buscando el desarrollo de la actividad minera del país; un segundo momento surgió producto de las condiciones externas creadas luego de la primera guerra mundial, donde por primera vez se habría iniciado un proceso casi espontáneo de desarrollo industrial-manufacturero; y, un tercer momento cuya emergencia fue en la década de los 40 con el llamado Plan Bohan [4].
Tanto el primero como el tercer hito son procesos de industrialización parcial al servicio de la no industrialización en términos estratégicos, digo esto ya que en los hechos terminaron consolidando el rol primario exportador de la economía boliviana. Es decir, no desarrollaban el mercado interno e incluso las carreteras que se construyeron con el Plan Bohan (la marcha al Oriente) sólo contribuyeron a la apropiación y al consumo rentista del excedente agrario por parte de los terratenientes en el Oriente y el régimen de Hacienda en el Occidente, consolidando con ello lo que en el mundo académico North identificaría como una estructura de derechos de propiedad totalmente ineficiente. En esta misma línea, es interesante tomar como ejemplo algo que Zavaleta cuenta muy bien y es que al estallar la guerra del Chaco las localidades de Uncía y Llallagua consumían más electricidad que toda Bolivia junta, esto debido a los requerimientos de la actividad minera. Las empresas mineras del Norte Potosí gozaban para su tiempo de una de las más altas tecnologías comparable a los más altos estándares internacionales para la explotación minera (bombas, trituradoras, ingenios…) pero como el mismo Zavaleta afirma, ese nicho de industrialización minera, tuvo como consecuencia -producto de su relación y dependencia del imperialismo- mantener en el atraso y por ende en la desindustrialización al resto del país. Evidentemente el problema no es que se construyan carreteras o ferrocarriles, al contrario, son factores claves para potenciar cualquier proyecto serio de industrialización. Sin embargo, el problema era que estos avances quedaban reducidos a la apropiación rentista de una elite depredadora, en palabras de Miguel Ángel Rivera “la concentración de la riqueza limita la capacidad productiva de una gran parte de la población” reforzando con ello la existencia de una trayectoria (relación entre el desempeño económico de una sociedad y las estructuras de poder) que en los hechos perpetúa patrones de concentración de la riqueza impidiendo la generación de procesos aunque embrionarios de progreso técnico y desarrollo productivo o en términos marxistas impidiendo la reproducción ampliada de capital sobre la base de la subsunción real [5].
Un segundo periodo se da luego de la revolución del 52 caracterizado por el intento de avanzar en la modernización capitalista sobre la base de la retención estatal del excedente económico generado por la minería y la liberación de las fuerzas del mundo agrario que estaban contenidas por las ya mencionadas estructuras de derechos de propiedad ineficientes [6].
Aunque Seoane establece una suerte de continuidad en el modelo desarrollista boliviano iniciado por el Plan Bohan de los años 40, es necesario señalar algunos elementos nuevos. Un primer elemento es la ya mencionada “retención estatal del excedente” y donde el Estado se convierte en el sujeto activo central de la economía. Sin embargo, cuando el Estado, dado su nuevo rol, podría y debiera haberse convertido en el sujeto central del impulso para un proceso industrializador se limitó a hacer énfasis en la industria destinada más al consumo, sin avanzar en procesos que lograran elevación en la productividad y mucho menos en la innovación tecnológica. Es decir, se devaluó la producción de máquinas y de industria pesada. De este manera, se reafirmaba el reproche al proceso de industrialización característico en Latinoamérica que “habría iniciado con la producción de bienes de consumo y a menudo se limitó a éstos (…) no logrando hacer los progresos apropiados en la dirección de la fabricación de maquinaria y productos industriales semi-acabados” (Hirschman, 1995).
Un segundo elemento importante, fue el intento de convertir al indígena en un sujeto productivo individual resaltando su rol de campesino y acercándolo más a la idea de un ciudadano capitalista. De esta manera, si bien con la reforma agraria se buscó superar problemas profundos como el sistema agrario latifundista y rentista del régimen de hacienda que primaba hasta ese momento, el problema es que aunque se puso fin al régimen de hacienda y se le entregó la tierra al campesino, no se avanzó en garantizar mercados, formas de acceso al crédito ni a la adquisición de tecnología ni a diversas formas de innovación productiva. Así, el “hermano” campesino quedaba librado a su suerte.
Desde el Estado no se tomaban en cuenta las características particulares de nuestro mundo agrario como lo era la propiedad comunal de la tierra y la imposibilidad legal de venderla ya que no era considerada una mercancía [7]. Para el pensamiento liberal este régimen de propiedad era sin duda ineficiente al no permitir un mercado libre de tierras, al no potenciar la competencia individual-capitalista y por lo tanto al impedir el desarrollo de la creatividad y la innovación productiva basada en la competencia. En línea con este pensamiento desde el Estado no se elaboraron proyectos ni propuestas políticas que permitieran pensar a la comunidad andina y su régimen de propiedad como un todo (con potencialidades y diferentes vocaciones productivas). Es decir, de diferentes maneras se pensaba en disolver la comunidad y al no poder disolverla terminó dando origen a un nuevo ciclo de exclusión económica y social de las masas campesinas, y volviendo a concentrar toda la riqueza nacional en los sectores mineros y urbanos.
Como diría Miguel Ángel Rivera “en el caso de la tierra los patrones de exclusión afectan el desarrollo de las instituciones que se requieren para canalizar el crédito e imponen altos costos al funcionamiento de la economía”. Esto que señala Rivera, se reflejó en el caso boliviano en el sistema financiero donde el campesino ni siquiera podía constituirse en sujeto de crédito ya que no tenía garantías que ofrecer.
Este problema que señalamos líneas arriba es también identificado por Pablo Laguna (2011) sobre las comunidades quinueras de la zona del perisalar. El identificaba ya desde los años 70 -momento en el que se daban pasos iniciales para la mecanización del agro en esa zona con la introducción de los primeros tractores y arado de disco-, las dificultades que atravesaban las comunidades campesinas y los campesinos individualmente para ser sujetos de crédito “(…) son pocas las familias que toman el riesgo de contraer créditos individuales y de crear cooperativas por la reducida cantidad de créditos ofertados por el BAB (Banco Agrícola de Bolivia) y por el elevado riesgo que representaba tanto el nivel elevado de garantías exigidas como los bajos precios de los productos agrícolas”.
Toda esta dinámica que se arrastra desde el año 52 va a empezar a ser cuestionada a fines de los años 80 y principios de los años 90. Por un lado desde el ámbito institucional-estatal desde el cual la burguesía impulsó la implementación de políticas neoliberales como parte de la búsqueda de una reconfiguración estatal al servicio del capital financiero internacional y del deshuese del Estado, es decir, desde arriba, y, por otro lado, desde abajo, con las luchas indígenas y campesinas que cuestionaban ese estado de postergación y que durante algunos momentos coincidieron con las luchas obreras y populares contra las privatizaciones, aunque sin llegar a impedir el avance de la ofensiva empresarial terrateniente.
El statu quo agrario cuestionado desde el Estado neoliberal y desde la movilización campesina
El fin del Estado del 52 a partir de la promulgación del DS. 21060 de 1985, marcó un cambio radical de todas las estrategias y políticas que se venían desplegando desde el Estado hasta ese momento. Para el caso que nos ocupa, desde el nuevo Estado neoliberal se implementaron medidas que buscaban fortalecer las instituciones estatales en el mundo agrario, así como contener las tendencias a la movilización campesina. Entre las principales medidas señalamos por un lado las tierras comunitarias de origen (TCO) y por otro lado la Ley de Participación Popular. Con las TCO se habilitó la posibilidad de que las comunidades agrarias pudieran obtener una coparticipación de la explotación de los recursos naturales existentes en su territorio. Esta medida que iba en consonancia con el reconocimiento del multiculturalismo -basado en el Convenio 169 de la OIT- permitía a las comunidades el control y la administración de sus recursos. Con la “participación popular” que daba algunos pasos en la descentralización administrativa y financiera del Estado se facilitó que algunos sectores agrarios pudieran beneficiarse de la captación de recursos para el desarrollo municipal y/o local. Asimismo, esto reforzó la presencia estatal e institucional en lugares que habían sido históricamente excluidos de toda vida económica y social del país. Aunque esto no permitió el inicio de procesos de industrialización de manera automática, fueron medidas que daban lugar al surgimiento o la consolidación de sujetos jurídicos capaces por ejemplo de ser sujetos de crédito. Es decir, reforzando los intentos previos de constituir interlocutores capaces de asumir obligaciones no solamente con instituciones del Estado, sino también y principalmente con instituciones no gubernamentales (ONGs) que impulsaron algunos proyectos de mejoras técnicas en distintos rubros (semillas, ganado, artesanías, etc.) de carácter local pero de dudosa sostenibilidad. Junto con esto y fundamentalmente impulsado por necesidades políticas, se llevó adelante en algunas zonas de colonización, proyectos de desarrollo alternativo a la hoja de coca. Estos proyectos buscaban no sólo el reemplazo de la producción excedentaria de cultivo de la hoja, sino además dar paso a la producción de nuevos cultivos (palmito, piñas, cítricos, etc.) los cuales terminaron chocando muchas veces con falta de mercados o con bajos niveles de producción que impedían la posibilidad de asumir compromisos con el mercado externo.
Esta política estatal sobre el mundo agrario se vio a su vez interpelada por una creciente movilización campesina e indígena que desde las marchas por tierra y territorio de los años 90 reclamaron formas de intervención estatal para terminar con la pobreza y la postergación campesina. Es llamativo como las movilizaciones de los pueblos indígenas de tierras bajas exigían la titulación individual de tierras con el objetivo de avanzar en la capitalización individual de estos pueblos. Contradictoriamente en las zonas occidentales del país debido al fuerte arraigamiento de tradiciones comunales cuestionaban los intentos de mercantilización de la tierra impulsada desde el estado neoliberal. Aunque aparentemente antagónicas las movilizaciones de tierras bajas y de tierras altas el motor que guiaba las mismas era la búsqueda de salir de la pobreza y el atraso. Es significativo -y hay que tener en cuenta que en el levantamiento aymara de septiembre del 2000 encabezado por Felipe Quispe al frente te la CSUTCB- que el grueso de las demandas eran de carácter productivo y financiero. La exigencia de decenas de tractores, camiones, créditos baratos, fertilizantes semillas entre otras ponía en evidencia la voluntad y el deseo de las amplias masas campesinas de superar el estado de postergación y avanzar en proceso de industrialización de sus economías agrícolas. Por otro lado, la persistente movilización cocalera en el Chapare, puso de manifiesto el fracaso de los planes de sustitución de la hoja de coca y de industrialización de otros cultivos.
Algunas recurrencias que dificultan la industrialización en el sector agrario
En primer lugar se hace necesario determinar qué tipo de necesidades debe resolver la industrialización; es decir, ¿son las necesidades del mercado internacional o las necesidades del mercado interno a las que se debe atender? De manera recurrente en nuestra historia se priorizaron las primeras. Si bien hoy en día el actual el gobierno ha logrado fortalecer el mercado interno, como se mencionó líneas arriba, sobre la base de un aumento de los ingresos de gran parte de la población, esto no es acompañado con el correspondiente desarrollo de la industria nacional, por lo que en los hechos, estas medidas lo que hacen es favorecer al empresariado importador. Esta situación evidencia una estructura económica vulnerable y fuertemente dependiente del mercado internacional [8] como bien lo refleja entre otros ejemplos, el caso de la quinua. Otra muestra de ello se observa en la cada vez mayor presencia de diferentes productos alimenticios provenientes principalmente de Perú, Chile y Argentina, cuyo fin es abastecer la demanda interna [9] situación que muestra nuevamente la continuidad del modelo económico boliviano de concentración en los rubros de hidrocarburos y minería con la correspondiente desatención de otros sectores económicos, como la producción de alimentos básicos entre otros productos para el consumo.
Los históricos niveles de pobreza (apenas atenuados en los últimos años) y los reducidos y estrechos patrones de consumo que esta situación recrea y perpetua se convierten en un obstáculo objetivo. Por señalar un ejemplo, podemos referirnos a como durante los años 90, cantidades de palmitos provenientes del “desarrollo alternativo” se acumulaban y pudrían en las riberas de los ríos del Chapare al no contar con mercados internacionales que pudieran absorber esa producción, que tampoco era asimilada por el estrecho mercado interno que no conocía ni el producto ni lo veía como parte de su dieta alimentaria. Esta situación ponía de relieve no sólo la necesidad de ampliar el mercado interno sobre la base de una elevación sustancial de la capacidad de compra de franjas cada vez más amplias de la población, sino también promover desde el Estado el cambio de patrones culturales de consumo que permitieran diversificar la demanda y por lo tanto también la producción [10].
Así mismo, debemos señalar que la necesidad de un activo rol estatal en la protección de la incipiente industria nacional, siempre fue obstaculizado por los intereses de las trasnacionales y los grandes grupos económicos que desarrollaron una cultura y política económicas de carácter rentista respecto del Estado y por lo tanto una clase dominante esencialmente parasitaria desde el punto de vista de la producción e industrialización, y cuyo rol central fue siempre ubicarse como proveedores del Estado, importadores o proveedores de servicios, es decir, actividades de un retorno de capital relativamente rápido y seguro. La necesidad de los trabajadores y de las amplias mayorías campesinas indígenas y populares de avanzar en procesos de industrialización para terminar con la pobreza estructural, con la dependencia extrema de los vaivenes de precios del mercado internacional, plantea la urgente necesidad de empezar a discutir porque la clase obrera, si construye su propia herramienta política en forma independiente, es la única que está en condiciones de llevar adelante la ruptura con todos los lazos que nos atan al imperialismo, fuente primaria de dependencia, en vista que tanto desde los sectores oligárquicos, como los que se han puesto de nacionalistas o “progresistas” como el actual gobierno, se niegan a dar pasos en este sentido.
Notas:
1. Petróleo-gas y minería principalmente.
2. CEPAL,www.stratfor.com
3. Quinua y Territorio. Nuevos Desafíos. Gobernanza local y producción sostenible de Quinua Real en Bolivia. AVSF (Autoría conjunta de VSF – CICDA y Comunidades del Intersalar), 2014.
4. El año 1942 Merwin Bohan elaboró el “Informe de la Misión Económica de los Estados Unidos a Bolivia” conocido como Plan Bohan. Este documento es considerado uno de los primeros estudios realizados sobre la situación económica de Bolivia en general y del sector agropecuario en particular. Bohan encabezó varias misiones desde Estados Unidos hacia la región latinoamericana, su propósito era efectuar diagnósticos sobre la situación de las economías en esas zonas, y, sobre esa base, desarrollar planes de largo plazo para generar crecimiento. Para el caso boliviano, el diagnóstico de este Plan indicaba que Bolivia era el país con mayor atraso de Sud América. Sin embargo, según Machicado (1988 citado en Albarracín, 2013) la importancia de este Informe radicaría en el hecho de que fue el primer intento en Bolivia de romper con la dependencia de la explotación y exportación de materias primas como los minerales plateando como salida la integración de otros sectores estratégicos como el agrícola.
5. Zavaleta, en “Lo Nacional Popular en Bolivia” afirma que sería preferible que haya subsunción real para la construcción nacional, es decir es una condición para el surgimiento de la sociedad civil y avanzar en el sentido del “Estado Integral” como expresión de la Nación.
6. “Derechos de propiedad ineficiente” son en realidad una manera elegante para referirse a los problemas de latifundio, gamonalismo y diversas formas de propiedad que no permiten abrir procesos de industrialización y modernización agraria. Es una forma de evadir el problema de que la cuestión agraria está estrechamente vinculada al problema nacional por tanto al imperialismo.
7. La tierra es de quien la trabaja.
8. Para una mayor explicación sobre la situación de vulnerabilidad de la economía boliviana ver el artículo “Una crítica a la Agenda Patriótica del Bicentenario 2025. Planificar para consolidar el capitalismo de Estado” por Toño Laure, en esta misma revista.
9. Según información proporcionada por el Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimenticia, SENASAG, se trata de alrededor de 30 productos alimenticios que ingresan al país por diversas vías para abastecer al mercado interno: Acelga, arveja, ají, ajo, lechuga, camote, cebolla, plátano, tomate, tunta, zapallo, zanahoria, papa, vainita, pimentón, pepino, pera, palta, pomelo, naranja, mandarina, mango, manzana, melón, membrillo, durazno, kiwi, uva, granadillas y ciruelo.
10. En este sentido es sumamente interesante el proceso observado por Seoane de los años 20, ya que el espontáneo proceso de desarrollo manufacturero y artesanal inaugurado por la urgencia de abastecer las necesidades de la población local, tenía una correspondencia en el mercado y en las necesidades del consumo interno, cuestión que no se repitió con la misma intensidad en los otros procesos e intentos de industrialización. |
