Ante la crítica situación que están atravesando fábricas y empresas recuperadas y gestionadas por sus trabajadores a raíz del tarifazo dispuesto por el Gobierno nacional, la diputada Myriam Bregman (PTS/Frente de Izquierda) presentó en la Cámara de Diputados de la Nación un proyecto de ley que declara la emergencia en materia de prestación de servicios públicos para las recuperadas y las exime del pago de luz, gas y agua por 24 meses.
El proyecto, que ya cuenta con el apoyo de diputados de diversos bloques, viene a dar cuenta de la necesidad de tomar medidas de emergencia para frenar el fuerte impacto del tarifazo en las empresas gestionadas por sus trabajadores, ya que en las últimas semanas han llegado boletas de servicios con valores imposibles de pagar por fábricas o empresas bajo gestión obrera. Por ejemplo, la emblemática cerámica Zanon en Neuquén recibió una factura de gas en abril que ronda los 8 millones de pesos.
Al respecto, Myriam Bregman puntualizó que “presentamos este proyecto porque sabemos de la difícil situación que están viviendo los trabajadores de las recuperadas en todo el país, porque creemos que debemos hacer todo lo posible para salvaguardar los puestos de trabajo que se han defendido con la lucha a través de las cooperativas y las gestiones obreras desde el 2001 hasta hoy. Hablamos de lugares recuperados por sus trabajadores, que resistieron los despidos y la desocupación, poniendo las fábricas y empresas a trabajar bajo gestión obrera. Como dijo mi compañero Raúl Godoy, diputado provincial en Neuquén y obrero ceramista, el aumento de tarifas es un golpe económico mortal para estas empresas recuperadas”.
Bregman explicó que “hoy estos tarifazos en los servicios públicos ponen en serio riesgo de continuidad a muchas de las cooperativas, ante la imposibilidad de afrontar semejantes aumentos. Esto implica el riesgo inminente de la pérdida de miles de puestos de trabajo que se mantuvieron gracias a la lucha y el esfuerzo de sus trabajadoras y trabajadores. Hablamos de una situación de extrema gravedad que amerita medidas de emergencia como la que estamos proponiendo: eximir por dos años del pago de los servicios públicos de electricidad, gas y agua, a fin de garantizar y resguardar la permanencia de dichos establecimientos y para la protección de las fuentes de trabajo, que en este caso conlleva relaciones desiguales en comparación con las empresas que no son gestionadas por sus trabajadores”.
En Argentina hay alrededor de 350 empresas recuperadas, que emplean a más de 25.000 trabajadores. Por poner sólo dos ejemplos de la grave situación que atraviesan estos establecimientos, en Cerámica Zanon de Neuquén la tarifa de electricidad subió de $ 360.000 en febrero a $ 1.600.000 en marzo y la de gas de $ 700.000 a $ 4.000.000. Ya en abril la factura de gas trepó a los $8.000.000. En la gráfica MadyGraf ubicada en Garín, provincia de Buenos Aires, por la tarifa de electricidad que factura Edenor de un promedio de $ 38.000 pasaron a un promedio de $ 230.000, lo que constituye un aumento del 600 por ciento. Y en la empresa Cammessa, mayorista de electricidad, pasaron de $ 268.000 a $ 482.000. Ejemplos como estos se multiplican en todo el país y encienden el alerta sobre la continuidad de las gestiones obreras, que este proyecto junto a otras medidas de lucha, viene a defender. |
