Tan extendida esta letal práctica militar que la prensa internacional da cuenta de la misma.
De acuerdo con el reportaje del periódico estadounidense, por cada enemigo que hieren, los marinos asesinan a 30. Mientras que los militares, por cada herido mataron a 8 personas.
La cínica explicación que dan desde la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena) y de la Secretaría de Marina, es que “los soldados de la nación están simplemente mejor entrenados y mejor equipados que los cárteles que combaten”.
De acuerdo con el rotativo, paralelo al despliegue del ejército en el país –decidido por el expresidente Felipe Calderón en su “guerra contra el narcotráfico”–, surgieron violaciones a los derechos humanos.
Sin embargo, planteó que “los militares permanecen relativamente inmunes, protegidos por un gobierno reacio a actuar contra la única fuerza capaz de combatir”.
En el último informe presentado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), este organismo “condenó el balance de México en materia de derechos humanos, incluyendo las ejecuciones extrajudiciales”, según The New York Times. Entre los casos de violaciones graves a los derechos humanos en los que participó el ejército, se cuentan la desaparición forzada de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa y la masacre de Tlatlaya. Pero hay muchos más de los cuales no se dispone suficiente información o no se han hecho públicos.
En cuanto a la práctica de la tortura, de 4,000 quejas que recibió la Procuraduría General de la República (PGR) desde 2006, sólo 15 resultaron en condenas.
A su vez, el diario estadounidense, señaló la responsabilidad del ejército del gigante del norte y “sus ‘crecientes lazos’ con las fuerzas armadas mexicanas”.
La maldición de la guerra contra el narco
No descubrieron la pólvora. El despliegue de la guerra contra el narco, durante el sexenio de Felipe Calderón se dio como parte de la Iniciativa Mérida. De allí salieron los fondos y el entrenamiento para las fuerzas represivas mexicanas –ejército, marina y policía.
Pero esto no se quedó ahí. Los agentes estadounidenses –que tienen presencia en México al menos desde los años de la guerra sucia– tienen autorización para portar armas al sur del río Bravo y andan disfrazados con uniformes mexicanos.
Son el ejército, la marina y la policía los perros al servicio de las trasnacionales y los empresarios que protegen e imponen los megaproyectos, los que impidieron el acceso al complejo Pajaritos de los familiares de los petroleros desaparecidos en la explosión. Son estas fuerzas represivas las que tiran gases y nuevas armas contra las y los maestros que salen a las calles. Los que amedrentan. Los que violan, como el soldado que violó a una niña por $700 pagados a quien la entregó. Los que matan, como en Tlatlaya y Ayotzinapa. Los que desaparecen, como a los 43 normalistas. Los que torturan, como se ve en videos que se filtran a las redes sociales.
Si a esto se le suma la escalada de medidas que coartan las libertades democráticas que pretende imponer Peña Nieto -como la declaración de estado de excepción, la reforma al Código Militar, la ley contra la tortura y la geolocalización y hasta prohibir las manifestaciones con la excusa de contingencia ambiental- queda claro que la línea del gobierno y el imperialismo estadounidense es amordazar el descontento social.
Un descontento que se mantiene por momentos a flor de piel, como cuando se dio el movimiento democrático por Ayotzinapa en 2014, pasa por una temporada de estado latente y vuelve a resurgir ahora en la lucha magisterial en distintos puntos del país contra la reforma educativa creada según los dictados de los organismos internacionales.
Que maestras y maestros se mantengan en la lucha, que reciban apoyo de otros sectores, así como las luchas de las maquilas que se dieron en el norte, o “pequeñas” escaramuzas ante la falta de pago de utilidades, pone en evidencia que a un sector del pueblo trabajador no lo doblegan el ejército, ni la marina ni la policía ni el crimen organizado.
Es necesario retomar con todo la lucha contra la militarización del país. En primer lugar, el magisterio, como una medida de autodefensa. Y sumar a trabajadoras y trabajadores de todos los sectores, la juventud, las mujeres y los pueblos originarios. | 
