A la salida de la dictadura, el gobierno de Raúl Alfonsín, por decreto N° 436, emitido el 31 de enero de 1984, establecía una serie de normas que derogaba facultades que hasta ese entonces habían tenido los militares.
Desde 1984 hasta la fecha, los militares no podían disponer los nombramientos y cambios de destino del personal superior del grado de Coronel o equivalente. Tampoco podían impartir órdenes disciplinarias.
De este modo, el gobierno de Macri le vuelve a otorgar a las Fuerzas Armadas atribuciones para decidir ascensos, traslados, designaciones, premios. Otro paso adelante para recomponer las Fuerzas Armadas genocidas.
Este reaccionario decreto se suma al anuncio realizado esta semana del incrementó de un 9 % que se suma al 31 % otorgado hace unos meses, para retirados de Gendarmería y Prefectura (muchos provenientes de la dictadura) la suba será de un 55 % y las declaraciones realizadas por el presidente en el acto del Día del Ejército llamando a “dejar atrás enfrentamientos y divisiones”, en una clara apuesta a una reconciliación con las Fuerzas Armadas.
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