La megaminería en Argentina, el modelo biopolitico instaurado a partir de los 90 y continuado por los sucesivos gobiernos, permite que las multinacionales se manejen como un “segundo Estado”, con beneficios extraordinarios a pesar de los enormes daños ambientales y las enfermedades que ocasionan en las poblaciones aledañas.
La minería a cielo abierto tiene distintos tipos de explotación: por recolección o “Harvesting mining”, exploración por destape (striping Mining), por canteras o “Quarry Mining”, aluvial o “Alluvial Mining”, a Tajo o Rajo Abierto (“Open Pit”) y subterránea. Luego de la extracción, los minerales son procesados utilizando uno o varios métodos, uno de los más conocidos la lixiviación en pilas (heap leaching).
Argentina registra antecedentes mineros desde épocas precolombinas, con picos exploratorios en distintos momentos del siglo XX.
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Modelo biopolítico
El marco regulatorio sancionado a comienzos de la década del 90 permite analizar aspectos de la megaminería en tanto modelo biopolítico.
Un informe de Alejandra Antonelli de 2011 hizo foco en dos macrofenómenos, verificables en la acelerada implantación de empresas canadienses y australianas, financiadas por las Bolsas de Vancouver, Toronto y Sidney
Este nuevo marco dio lugar a que se pusieran en marcha yacimientos como La Alumbrera (Catamarca), Cerro Vanguardia (Santa Cruz) y Salar de Hombre de Muerto (Catamarca).
¿Cuéles son esos dos macrofenómenos? La desestatalización del territorio y desterritorialización del Estado.
El marco regulatorio surgido de la Constitución de 1994 establece que corresponde a las provincias el dominio original de los recursos naturales existentes en su territorio y el establecimiento del dictado del Código de Minería por parte del Congreso, conjuntamente con el acuerdo establecido en 1993 entre el Poder Ejecutivo Nacional y los gobernadores de todas las provincias a través de la firma del “Acuerdo Nacional Minero” a partir del cual se sancionó la ley de Protección Ambiental para la actividad minera.
Esa norma generó que se desarrollasen diversas estrategias por parte de dispositivos hegemónicos que procuraron y procuran su legitimación en todos los ámbitos, incluido el ámbito científico, mediante la captación de investigadores por parte de las multinacionales, para evitar un discurso contundente sobre las consecuencias de dicha actividad por parte de la comunidad científica en su conjunto.
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Leyes a medida del capital transnacional
La megaminería constituye un complejo modelo biopolitico económico-financiero, no una simple industria.
La megaminería ingresó al país con marcos regulatorios laxos, que benefician a los grandes capitales mundiales. Si se analizan las legislaciones producidas en completa sinergia con las “inversiones” extranjeras directas, se puede de manera concomitante la matriz neoliberal del Estado a nivel global y regional.
En 1997, y ratificado en el 2000, se realiza el tratado argentino-chileno para posibilitar Pascua Lama, el proyecto de oro y plata, único de carácter binacional del mundo a cargo de Barrick Gold. Ambos Estados cedieron las cuencas hidrográficas, los glaciares y los periglaciares cordilleranos a la minera canadiense. Tiempo después, de manera más silenciosa, se iniciaron las exploraciones de Bajo La Alumbrera y Cerro la Vanguardia.
El desarrollo de todos estos emprendimientos mineros, especialmente los emblemáticos casos de La Alumbrera y el Veladero, demostraron que los mismos carecen de “licencia social” dado que los pobladores rechazan toda actividad que modifique su ambiente y sus derechos adquiridos.
Actualmente en Argentina se desarrollan los proyectos minerosÁguilas (plomo, zinc y plata) y Pirquitas (plata y estaño) en Jujuy, Bajo La Alumbrera (cobre y oro) y Salar del Hombre Muerto (litio) en Catamarca, Cerro Vanguardia (oro y plata), Manantial Espejo (plata y oro), Mina Martha (plata) y San José (plata y oro) en Santa Cruz, y Veladero (oro y plata) y Gualcamayo (oro y plata) en San Juan.
La consagración del extraccionismo minero transnacional también ha tenido un amplio respaldo en los autodenominados “gobiernos progresistas” bajo la retórica nacional-popular.
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Impactos en el medio ambiente
Numerosos estudios han demostrado que la actividad de la megaminería tiene un alto impacto en el medio ambiente y por consiguiente en la salud humana.
Las emisiones sólidas, propias de las actividades extractivas durante la voladura y arranque de material, o en el proceso de carga y transporte afecta de manera directa a la atmósfera. También los gases emitidos productos de la combustión de la maquinaria, además de los producidos durante la extracción. Entre los principales gases están el dióxido de carbono, el monóxido de carbono, el dióxido de azufre, entre otros. Algunos de estos gases contribuyen al calentamiento global de acuerdo a numerosos estudios científicos.
Otra forma de contaminación de la atmósfera es mediante los aerosoles tóxicos producidos durante la explotación y sobre todo durante los procesos que implican el riesgo de aspersión de pilas de mineral con sustancias de alta toxicidad (ácido sulfúrico y cianuro).
A nivel del terreno produce cambios en los ecosistemas naturales de la región. La desertización, la erosión y la pérdida de suelo fértil es una de las principales consecuencias de esta actividad. Sumado a la modificación a nivel paisajístico como es la modificación del relieve, impacto visual, alteraciones de la dinámica de los procesos de ladera.
Otro punto relevante son los peligros geotécnicos ocasionados por la megaminería como la desestabilización de las laderas por sobrecargas o excavaciones a nivel freático. Los suelos pierden sus propiedades físicas sufriendo variaciones en su textura (porosidad, permeabilidad), pérdida de estructura edáfica por mezcla de horizontes, compactación, variaciones en el régimen hídrico por alteraciones en el nivel freático, pérdida física del suelo por extracción y arranque, acumulación de vertidos (escombreras y balsas), acidificación, contaminación con metales pesados, como cobre, plomo, cadmio, mercurio, metaloides e hidrocarburos y adición de sales al suelo.
En cuanto a la contaminación hídrica pueden ocurrir alteraciones en la dinámica fluvial como la variación del trazado y perfil de la corriente fluvial, por excavaciones, diques o represas con el aumento del riesgo de inundación, pérdida de masas glaciares, acumulación de partículas, contaminación por metales pesados, debido a la lixiviación.
Y en la salud
Todos estos daños ambientales tienen un impacto directo sobre la salud humana con la aparición de todo tipo de enfermedades, algunas llegando a ser mortales.
El desprendimiento de las sustancias tóxicas producidas en la actividad megaminera producen intoxicación o envenenamiento. Los nitratos y monóxidos emanados producen náuseas, vómitos, asfixia, decaimiento, irritación del tejido pulmonar, pérdida de la conciencia y muerte afectando principalmente a los trabajadores y a los pobladores de la zona.
Las partículas producidas por la detonación quedan suspendidas en el aire en forma de una nube de polvo con sustancias tóxicas-radiactivos que pueden ser arrastrados por el viento hasta 1.000 kilómetros.
El sílice produce severos daños en las células pulmonares de manera irreversible, provocando silicosis, enfermedad progresiva y degenerativa. El polvo de plomo ingresa por vía respiratoria, por ingestión, por la piel, provocando saturnismo, alterando el sistema nervioso, produciendo alteraciones en el carácter, irritabilidad, insomnio, dificultades motrices. Vale aclarar que el plomo es agente causal de malformaciones congénitas, abortos, insuficiencia renal entre otros trastornos graves.
Con respecto a la manipulación del plomo, hay numerosos antecedentes. Uno de ellos es Abra Pampa, un pueblo en la provincia de Jujuy en donde la actividad cerró hace 25 años pero la empresa dejó una montaña de escombros que hasta el día de hoy solo han sido removidos en un 17 %.
En 2007, un estudio de la Universidad de Jujuy reveló que el 81 % de los niños de Abra Pampa tienen plomo en la sangre en concentraciones dañinas para su salud.
En 2015 se conoció la información que en San Juan tres pueblos del municipio de Iglesia ingresaron en emergencia sanitaria producto del derrame de más de 224.000 litros de solución cianurada, aunque en Jachal se estimó que la rotura de la válvula de un tanque derramó 3.800.000 litros de la mina Veladero, explotada por la empresa canadiense Barrick Gold.
Un peritaje estableció que en los ríos sanjuaninos Potrerillos, Jachal, Blanco, Palca y Las Taguas no solo se halló cianuro sino metales pesados. Además se encontraron concentraciones de sales y cobalto en el agua de red domiciliaria.
En enero de 2016, se conoció el primer caso de un niño que presenta niveles por encima de los permitidos de arsénico en sangre. Pero dada la magnitud de la situación, la cantidad de personas afectadas por la contaminación ambiental en San Juan, puede ser muy superior.
Premio a la contaminación y la muerte
Mientras las evidencias de contaminación de la actividad de la megaminería se multiplican, el gobierno de Cambiemos premia a las mineras con la quita de retenciones, sumado a que ya tienen un marco muy favorable para realizar la explotación en Argentina desde la década del 90.
Desde hace décadas los sucesivos gobiernos mostraron, por un lado, indiferencia y desidia ante las graves problemáticas de los pobladores, no solo no interviniendo ante las flagrantes maniobras de las multinacionales sino escondiendo deliberadamente el reclamo permanente de las asambleas de distintas pueblos que se oponen fuertemente a una actividad. Y por otro lado mostraron el rostro más brutal del Estado capitalista, reprimiendo a esas mismas asambleas y poblaciones cuando éstas tomaron la decisión de protestar activamente en las calles y rutas del país.
Frente al aval oficial a una actividad que tiene como toda finalidad acumular fortunas “viviendo de la corteza” a cualquier costo, incluso el de la vida humana, solo algunos medios y agrupaciones han mostrado la problemática en su real dimensión. | 
