El Papa oficializó el decreto que apunta a quienes actuaron “negligentemente” en casos de abusos. La Red de Sobrevivientes de Abuso Eclesiástico dice que un “barniz de legalidad”.
En su edición dominical el diario del Vaticano L’osservatore romano anunció en tapa lo que el sábado 4 de junio había dispuesto Francisco. Según el decreto firmado por Jorge Bergoglio, de ahora en más los obispos que hayan actuado con “negligencia” en los casos de abusos serán “removidos”.
El decreto del Papa, titulado “Como una madre amorosa”, apunta a “precisar que entre las denominadas ’causas graves’ se incluye la negligencia de los obispos en el ejercicio de sus funciones, particularmente en relación con los casos de abusos sexuales a menores y adultos vulnerables”. El objetivo enunciado es reforzar los artículos del Código de Derecho Canónico en los que se estipula la posibilidad de expulsar a un eclesiástico por “causas graves”.
Uno de ellos es el artículo 193, el cual reza que “nadie puede ser removido de un oficio conferido por tiempo indefinido, a no ser por causas graves”. De acuerdo con la decisión motu propio del Papa, se actuaría en los casos en los que se den “serios indicios” de un comportamiento negligente.
Ante esas eventualidades, las congregaciones competentes de la Santa Sede estarían en condiciones de dar comienzo a una investigación, avisando previamente al sujeto estudiado, a quien se le concedería la posibilidad de defenderse.
Una vez se alcance una sentencia y se considere oportuna la suspensión del obispo, la Congregación podría optar, “en base a las circunstancias del caso”, si publicar “en el tiempo más breve posible” el decreto de suspensión o invitar al obispo a presentar su renuncia.
Por otro lado, el obispo en cuestión tendría un plazo de 15 días para presentar su renuncia. Si no se pronuncia en dicho plazo, la Congregación emitiría entonces el decreto de suspensión.
Tapa de L’ossevatore romano del domingo 5 de junio
La voz de las víctimas
Sin embargo, el decreto de Francisco deja un flanco muy importante abierto que mantiene el statu quo del Vaticano como sistema paralelo al laico, pues nada dice de llevar a los obispos ante la justicia ordinaria para que su participación en los casos de abusos sea investigada.
La presidente de la Red de Sobrevivientes de Abuso Eclesiástico, Barbara Blaine, en entrevista con este medio había desplegado las diferentes demandas ante la Santa Sede, entre las cuales reclamaban “rechazar encubrimientos actuales y futuros, castigando públicamente a prelados (como el cardenal Roger Mahony y otros) que están ocultando o han encubierto los delitos sexuales contra menores”.
Ante el decreto, el abogado canonista Carlos Lombardi se mostró escéptico. “Es otro barniz de ’legalidad’. Es una aberración jurídica, donde juegan a ser transparentes pero todo lo cocinan ellos, se juzgan entre ellos, nombran comisiones con juristas digitados por ellos, las personas que se elijan tradicionalmente no pueden pensar distinto, se fomenta el contubernio, el lobby y la violación de derechos. Si se lee en detalle, el acusado puede ’encontrarse’ con los superiores de las congregaciones. Eso se llama ‘alegato de oreja’”.
Tras marcar que las actuaciones del presidente del Episcopado, José María Arancedo, y los obispos de Mar del Plata, Antonio Marino, y de La Plata, Héctor Aguer, en los casos del colegio “Nuestra Señora del Camino” y del cura Ricardo Giménez respectivamente, podrían estar enmarcadas en la disposición papal sostuvo que “Francisco es finalmente quien decide. Yo pregunto: ¿y si el obispo que la congregación decide expulsar es amigo del Papa? No me extraña nada de lo que hacen, el problema es, como dicen los adolescentes, que la gilada les cree”.
Por su parte, Julieta Añazco, víctima del mencionado Giménez y referente nacional de la Red, quien viene denunciando la complicidad del Obispado de La Plata, fue contundente: “No le creo nada. A pesar de los anuncios e intenciones, las victimas de Argentina continuamos sufriendo abuso de poder por parte de los obispos. En La Plata hay un obispo que debería ser expulsado por encubrir al cura Giménez”.
No obstante, Añazco reveló que “el presidente del Tribunal Eclesiástico, presbítero Javier Fronza, me informó personalmente que hace veinte años que desde el Arzobispado están investigando al cura Giménez. No logro entender cómo les puede llevar tantos investigar a un cura que tiene la primera denuncia penal en el año 1985”.
En el caso de Fabián Schunk, cara visible de quienes llevaron a Ilarraz a la justicia, su reflexión en una reciente entrevista publicada en La Izquierda Diario es, como mínimo, inquietante en lo concerniente a la autocríticas de la jerarquía católica: “(…) Estoy totalmente convencido que de no ser por el gran avance en la justicia civil, hoy en la Iglesia el caso estaría dormido en el cajón del escritorio episcopal. Prueba de esto es la respuesta que los obispos le dieron al juez en su momento al ser citados para declarar: que declararían luego de estar resuelta la cuestión de fondo, la prescripción. Se jugaron a que esto prescribía. Quizás ahora, después de tanta lucha, podamos ser escuchados por Francisco”.
En defensa de la educación laica
El jueves 2 de junio, la sanrafaelina Carolina Elwart, representada por la Asamblea Permanente de Dedrechos Humanos, denunció ante el INADI Mendoza a la directora de la escuela Olegario V. Andrade de San Rafael, por permitir “a la Acción Católica que repartieran ’invitaciones’ a los niños de 3° grado y hacer proselitismo religioso”.
Desde la APDH indicaron que la denunciante “viene aguantando semejante abuso, no sólo por esas invitaciones sino porque en el libro de lectura Mi Departamento de San Rafael, que se reparte a los alumnos de las escuelas públicas y laicas, hay referencias a la religión católica y también adoctrinamiento”.
