En este artículo sostenemos que lejos de haber sido un combatiente de los intereses del capital concentrado en el agro, como quiso posicionarse con la supuesta “gesta” del 2008, el gobierno ha sido el principal impulsor de la “profundización” del modelo menemista de producción agraria. El Plan Estratégico Agroalimentario y Agroindustrial (el PEA) definido por el gobierno hacia el año 2020 es la evidencia más cabal de las verdaderas intenciones de cara al sector. Una proyección de la expansión de la producción de granos un 60% en menos de 10 años y la superficie implantada un 27% (es decir, la continuación del modelo sojero sin un solo balance de lo acontecido en su década de gobierno), que ni los mismos apologetas del modelo del agrobusiness se animan a explicitar.
La clave para entender el supuesto enfrentamiento entre el gobierno y las patronales agrarias es el papel fundamental que ha tenido la renta agraria –junto con la caída del valor de la fuerza de trabajo- en el sostenimiento del modelo de acumulación de capital en argentina luego de la devaluación del 2002. A partir de ello se han generado ciertos “mitos” de la política kirchnerista sobre el sector que proponemos revisar a continuación:
1- “El gobierno limita el poder de las grandes multinacionales agrarias”
En la Argentina, desde épocas inmemorables ha sido la producción agropecuaria de la región pampeana la principal responsable de proveer divisas al país, gracias a la particularidad de contar con suelos de una fertilidad mundialmente reconocida, amplias llanuras, con cercanía a los puertos y la capital nacional. Desde ese entonces ya los jugadores del tablero estaban configurados en torno a un conjunto reducido de compañías extranjeras que se ubicaban en los nodos estratégicos de la cadena productiva (exportadoras, acopiadoras, transporte, semilleras, aceiteras), aliados con los grandes burgueses-terratenientes locales y un conjunto numeroso de capitalistas más pequeños, propietarios en su mayoría de explotaciones agrarias de tamaño medio y chico.
A partir de la última dictadura militar, y principalmente desde los años ´90, se han producido cambios muy veloces. El más novedoso es la expansión de la soja, que desplazó en protagonismo a las producciones tradicionales pampeanas (ganadería, trigo y maíz). Entre fines de los años ´80 y la actualidad, la superficie agrícola total se ha expandido 15 millones de hectáreas (71%) dentro de las cuales la soja fue preponderante con un incremento de más de 14 millones de hectáreas, alcanzando en la campaña pasada casi 20 millones de hectáreas y una cosecha de 54 millones de toneladas. Si bien cambió el cultivo estrella, el papel del sector primario exportador en la provisión de divisas se mantiene inalterado, incluso ha crecido. En la actualidad, un cuarto del comercio exterior del país corresponde al complejo sojero, Argentina aporta cerca del 50% de las exportaciones mundiales de aceite y harinas de soja y el 73% en las de biodiesel. La liquidación anual de divisas por exportaciones de granos alcanzaron los 23.000 millones de dólares en el 2013.
En conjunto con la expansión de la siembra de soja (con la desregulación menemista de los años ´90 que, entre otras medidas, eliminó la Junta Nacional de Granos en 1991 y aprobó la introducción de la semilla transgénica de soja RR en 1996) se han generado cambios en las estrategias empresarias, con nuevos sujetos (y no tan nuevos) y modalidades de organización económica y financiera, denominados agribusiness o agronegocios, favoreciéndose la rentabilidad de los grupos empresarios globales y una mayor integración en el mercado mundial. Se trata de empresas rurales integradas como “Los Grobo”, Cresud, Werthein, Bemberg, Adecoagro (Soros), El Tejar, entre otras, que desarrollan actividades que van desde la siembra hasta la comercialización, pasando por la realización de la cosecha, la provisión de insumos y servicios técnicos a las explotaciones agropecuarias, como así también el acopio. Muchas pertenecen también al núcleo de la burguesía propietaria de grandes extensiones de tierras. Estas empresas son una vía de ingreso del capital financiero al agro, al igual que los pooles de siembra y los fondos de inversión agrícola, que se conforman para realizar inversiones de corto plazo concentrando importantes volúmenes de capital y bajando así costos de arrendamientos o de contratación de servicios.
Asimismo, las grandes empresas trasnacionales han acentuado su dominio al comienzo y al final del circuito productivo. Monsanto, Syngenta o Nidera y otras pocas monopolizan la tecnología de producción de insumos agrarios (semillas, herbicidas y fertilizantes) y establecen la pauta tecnológica. El procesamiento oleaginoso está dominado por puñado de empresas extranjeras (Cargill, Bunge, Dreyfus, Nidera). Además hay un 40% del procesamiento realizado por 4 grandes grupos nacionales (Molinos Río de la Plata, AGD, Vincentin y San Lorenzo).
Asimismo, en los eslabones finales estos grandes traders mundiales de granos tienen puertos propios y hasta un ferrocarril concesionado. En 2010, el 80% de las ventas de granos fueron realizadas por Cargill, Toepfer, ADM, Bunge, Dreyfus y Nidera. Esta composición se reproduce de manera similar en la exportación de aceites y pellets de soja.
El carácter de las políticas durante el kirchnerismo no sólo no revirtió la canalización de estos beneficios concentrados, sino que se ha mantenido intacto el curso de los acontecimientos, en un marco que sólo se limitó a garantizar divisas a las arcas del Estado sin afectar las ganancias de los propietarios de la tierra y el capital. El gobierno ha sido un socio central del agronegocio sojero. Un caso ejemplar es la ley de semillas impulsada por el ejecutivo, llamada también “ley Monsanto” por configurarse a la medida de los intereses de la multinacional. La ley extiende el derecho de propiedad sobre la semilla en lo que se conoce como “derecho de obtentor” y básicamente prevé que Monsanto tendrá un monopolio absoluto en la comercialización y uso de las semillas patentadas (casi el 100% de las que hoy se utilizan) durante 20 años. Es decir, le permite una apropiación de regalías formidable.
Por más que el gobierno derroche duros discursos contra las patronales agrarias por la especulación con la retención de granos en silobolsas en espera de una devaluación o de mejores precios, lo cierto es que el poderío de los grupos económicos y la gran burguesía agraria no fue afectado y sigue imponiendo sus condiciones. La ley de abastecimiento no plantea una solución al problema.
2- “La disputa por las retenciones en 2008 fue una gran gesta a favor de los trabajadores”
Un punto emblemático de la política agraria kirchnerista ha sido la recaudación de divisas por medio de las retenciones a las exportaciones agrícolas. En el año 2008, el gobierno intentó avanzar un poco más sobre las ganancias extraordinarias (renta diferencial) elevando la alícuota de exportaciones. Para hacerlo, aducía con esto preservar el valor de la canasta de vida de los trabajadores que sería afectada por la inflación de precios de los alimentos. No obstante, esta disputa por la renta agraria se origina en la necesidad de sostener los crecientes subsidios a otros sectores del capital, un pilar fundamental del modelo de acumulación en Argentina luego de la crisis de 2001. Este avance sobre la renta provocó el rechazo de las patronales agrarias, que lejos de “perder” con la suba de las retenciones, no querían ver afectado su “derecho” al lucro privado en el cobro íntegro (o de gran parte) del precio del producto. El gobierno, con el intento de cambio en el arancel de las retenciones estaba actuando como garante de la reproducción del capital en su conjunto mediante la redistribución de la renta agraria a los capitales industriales de menor productividad. Pero tuvo que retroceder, aún tratándose de un impuesto que estaba lejos de ser confiscatorio. En ningún momento estuvo planteado por parte del oficialismo avanzar sobre la propiedad privada mediante la expropiación de capitales agrarios y terratenientes para apropiarse íntegramente la renta agraria y ponerla en función de las necesidades más urgentes de la clase trabajadora. Al mismo tiempo, avanzar con estas medidas, junto con el control estatal monopólico del comercio exterior, permitiría dar pasos importantes ante el problema de la restricción de divisas, que hoy está subordinado a la especulación de las exportadoras y los grupos concentrados del agro.
Sin embargo, en la disputa por el nivel de las retenciones a las exportaciones agrícolas nunca estuvieron contenidas las necesidades de la clase trabajadora. Mucho menos las de los trabajadores rurales que, con la complicidad de gremios “patronales” como UATRE, siguen detentando los índices más altos de empleo no registrado y las peores condiciones laborales.
3- No hay mito en la soja power: La levantan con pala
Lo que “levantan con pala”, a decir de la presidenta, los capitalistas agrarios y los propietarios de la tierra no es la soja sino los millones de pesos (y dólares) que se embolsan con este régimen noventista. Las ganancias que amasan los grupos concentrados que operan en la rama agraria y el resto de los sectores industriales beneficiados por la distribución de renta agraria es quizás uno de los aspectos más difíciles de negar por el gobierno en la era K.
En contraste, los trabajadores agrarios siguen teniendo las peores condiciones de vida y de trabajo, miles de familias han sido expulsadas violentamente del campo, se han desforestado descontroladamente millones de hectáreas de bosque nativo por el avance del cultivo de soja, entre otros “rojos” que arroja el resultado social del actual modelo de explotación agraria, en contraposición con los “verdes” que rigen la ganancia empresaria.
Sin duda, una de las representaciones más simbólicas del verdadero rostro de la política agraria de los últimos tiempos ha sido el discurso de la presidenta en 2012 en Nueva York elogiando “orgullosa” a Monsanto, anticipando ya su voto positivo a la nueva ley de semillas que favorece a la trasnacional. El gobierno está dispuesto a destinar enormes fondos que requiere la fiscalización de esta ley para favorecer el cobro de las regalías a Monsanto, pero no está dispuesto a invertir lo necesario para realizar una fiscalización que revierta las severas condiciones laborales de los trabajadores rurales. El recorrido de más de una década deja en evidencia que el gobierno no se propone torcerle verdaderamente el brazo al “agropower”, menos aún la oposición patronal que se encolumna directamente con las corporaciones agrarias. Para los trabajadores del campo y la ciudad, este esquema “extractivista” no es ningún negocio. |
