Fotografía: Carlos Brigo
A modo de ejemplo, de las 500 familias desalojadas durante el operativo del sábado 23, la mayor parte fue reubicada en los reductos miserables que la Ciudad tiene dispuestos para dar “contención” a las personas en situación de calle, y otros se reubicaron por su cuenta en diferentes villas de Capital Federal. Y muy posiblemente durante un tiempo determinado haya políticos de los mismos partidos que piden eliminar villas y tomas que busquen usufructuar la situación de emergencia de estas personas. Pero dentro de pocas semanas pocos se preguntarán por ellos y seguramente estarán pagando alquileres exorbitantes por habitaciones insalubres, trabajando para poder conseguir una pieza donde dormir con sus familias.
Un procedimiento muy utilizado
Los desalojos no son una práctica nueva ni exclusiva de estas latitudes. En el país hay una larga historia de desposesiones de la población trabajadora y pobre, así como también hay tradición de resistencia a perder el techo. La más recordada es la que se conoció como Huelga de los Inquilinos, en los conventillos porteños, hace más de un siglo. Durante la última dictadura militar, la cara visible de los procesos más brutales de desalojo (entre muchas intervenciones urbanas que se realizaron) fue la del intendente Osvaldo Cacciatore, quien entre otras cosas intentó erradicar las villas de la ciudad. De esa época quedó el recuerdo de las topadoras barriendo con las edificaciones que obstaculizaban los planes del Brigadier Cacciatore y el gobierno militar para la ciudad. Más cerca en el tiempo, entre muchos otros hechos, quedó grabada en la retina la imagen de los policías tucumanos montados a caballo en 2011, echando a la gente de sus precarias viviendas a fustazo limpio, una escena casi medieval sino fuera porque también hubo modernos balazos de goma “para todos y todas”. Pocos días antes, la policía jujeña había matado a cuatro personas en una brutal represión, al desalojar un predio perteneciente (en los papeles) a la empresa Ledesma, del genocida Blaquier. Todo esto sucedió unos meses después de la represión en el Indoamericano.
Este tipo de desalojos, que en general tienen que ver con la necesidad del Estado de ganar tierras para ponerlas al servicio de intereses privados o utilizarlas en algunos de sus proyectos de urbanización, coexisten con otros procesos más relacionados con momentos de crisis económica, en los que también se afecta la vivienda de las clases medias.
En España, desde el inicio de la última crisis, muchas personas dejaron de pagar sus alquileres o hipotecas. El Estado español, resguardando el interés del capital inmobiliario, dejó vía libre para que la ejecución de desalojos se hiciera cada vez más masiva, provocando terribles situaciones que han llegado hasta suicidios ante la inminencia de la pérdida del hogar. Sólo durante 2012 más de 39 mil viviendas han sido entregadas a los bancos españoles. El número es aún más importante si tenemos en cuenta que desde el 2008 han sido más de 250 mil los desalojos ejecutados en ese país.
En Estados Unidos en 2008 los desalojos llegaron al alarmante número de 10 mil por semana, producto de la crisis (cuando se produjo la famosa “burbuja inmobiliaria”) mientras que los mismos bancos que la habían creado eran rescatados por el Estado. Situaciones parecidas se vivieron en nuestro país durante la crisis del 2001.
Macri: un largo historial echando gente a la calle
Uno de los latiguillos preferidos de distintos miembros del Gobierno de la Ciudad es que están “revalorizando la zona sur”. Esa revalorización de ciertas zonas, propiciando la instalación de sectores de clase media y de empresas con grandes beneficios impositivos, se está haciendo a costa del encarecimiento de las condiciones de vida y marginación de grandes franjas de población, cuyo caso más extremo llega a la paulatina expulsión de la ciudad mediante el desalojo. Durante los primeros años del mandato de Macri, esta política tuvo su cara más visible en la UCEP, verdadera fuerza de choque estatal al mando del entonces ministro de Ambiente y Espacio Público Juan Pablo Piccardo, actualmente a cargo de la empresa estatal que controla el subte SBASE. La UCEP fue denunciada hasta el cansancio por la brutalidad de su actuación en desalojos de hoteles u otras viviendas precarias y por golpear y llevarse las escasas pertenencias de personas que vivían en la calle. En diciembre de 2010, la política de desposesión del macrismo pegó un salto en calidad cuando la flamante Policía Metropolitana actuó para desalojar el asentamiento en los terrenos del Parque Indoamericano, en una brutal acción conjunta con la Policía Federal donde mataron a tres personas. Como se vio en el desalojo del sábado 23 en Lugano, donde las topadoras arrasaron con todo lo que encontraron a su paso, se reeditaron en clave del siglo XXI procedimientos que se creían propios de la dictadura y no de épocas de democracia. Queda cada vez más claro quiénes no “son bienvenidos” en la Ciudad. |
