Fotografía: Archivo
Virginia Sosa, actual presidenta de FADETUC (Familiares de Desaparecidos de Tucumán), fue la primera en aportar su testimonio iniciada la jornada de la tarde. A su marido José Zenón Ruiz, de 26 años, se lo llevaron encapuchado de su domicilio en la madrugada del 27 de julio de 1975. Él se desempañaba como agente de la dirección de asuntos penales. Contó que tanto ella como su padre recibieron fuertes golpizas por parte de los miembros de la policía que ingresaron. Dijo que en el operativo se encontraba Roberto Heriberto Albornoz y que nunca más volvió a ver a su marido.
Sosa contó que estuvo en el centro clandestino que funcionaba en la Escuela Diego de Rojas, en Famaillá, porque un amigo de él le dijo que lo vio ahí, y que tenía el número 33. Para ese entonces, tres hermanas de Virginia estaban también desaparecidas. Con toda la familia sobre sus hombros, continúo la búsqueda de sus hermanas y de Ruiz. Habló con el Director de Asuntos Penales, Del Pino, presentó habeas corpus, fue la Jefatura de Policía, no había respuesta. Así llegó hasta la puerta de “La Escuelita”, donde vio como arrastraban los cuerpos envueltos en bolsas y los tiraban arriban de un camión.
Al finalizar su declaración, la testigo pidió permiso para leer la nómina de los obreros del Ingenio San José que se encuentran desaparecidos entre los que mencionó a, Leandro, Rafael y José Fote, Juan Faustino Rodríguez, Abraham Rodríguez, Segundo Martínez, Miguel Herrera. Los restos del obrero Brizuela fueron identificados en el pozo de Vargas.
A su turno, Ana María López, hermana de Ricardo Ernesto López, obrero de la construcción de 22 años. Relató que fue secuestrado de su domicilio la madrugada del 27 de febrero de 1976, cuando uniformados ingresaron por las ventanas, cayendo uno en la cama de la testigo la que fue brutalmente golpeada. Se supo que estuvo en el centro clandestino de la Jefatura de Policía donde fue torturado y que figura en la lista “índice de declaraciones de delincuentes subversivos” con la sigla “DF” (“Destino Final”, sigla utilizada para el registrar los asesinatos).
Contó que sus familiares hicieron diversas gestiones para dar con su paradero, incluyendo un habeas corpus que fuera rechazado por el condenado ex juez Manlio Martínez. En la misma madrugada fueron secuestrados otros familiares de la testigo: Marta López de Robles y Alberto Robles; y un amigo y vecino de López, también desaparecido, obrero de la construcción de 16 años, Rolando Romero.
Finalizando la audiencia, se presentaron como testigos la esposa e hija de Miguel Mejía, y su hermano, ex detenido desaparecido Enrique Mejía. Los tres hermanos, Miguel Ángel, Enrique y Francisco, fueron detenidos en mayo de 1975. Enrique, estuvo detenido en la sede del INTA, mientras que sus hermanos fueron llevados al canchón de la citrícola San Miguel, empresa en la que se desempeñaban como tractorista y cosecheros.
En el canchón fueron torturados y luego trasladados a la “Escuelita” de Famaillá. Los tres hermanos fueron liberados luego de haber sido brutalmente torturados, y pasar aproximadamente un mes desaparecidos. Según relataron la hija y esposa de Miguel, y como fue luego ratificado por la pericia psicológica, el sobreviviente se encuentra muy mal de salud producto de la angustia y miedo que le producen el recuerdo de lo vivido durante su secuestro. El canchón de la citrícola que estaba ubicado en Famaillá, funcionaba como centro clandestino de detención. Sus dueños, la familia Mata, nunca fueron investigados en este proceso.
Debido a considerarlo sobreabundante, la fiscalía desistió de la declaración programada del testigo de contexto, el historiador Roberto Pucci. La audiencia continurá hoy viernes, a las 9 horas, en la sala del Tribunal Oral Federal.
Vía libre a la provocación, privilegios e impunidad para los genocidas
Cuando aún, conmocionada luego de su declaración la presidenta del organismo de DDHH, no se había retirado del estrado, el presidente del Tribunal Oral Gabriel Casas, invitó a pasar al genocida “Tuerto” Albornoz a ejercer su derecho de defensa. Como ya lo ha hecho en otras oportunidades en que estuvo acusado, se dedicó a desacreditar a la testigo tratándola de mentirosa, insultándola a ella y al público, que ante la indignación le gritaba genocida y violador.
Ante la pregunta de Casas de si la audiencia iba a hacer silencio y se escuchó desde el público: “nos vamos a callar cuando estemos muertos”. Albornoz levantaba el pulgar al tribunal ante la advertencia de que procedería a desalojar la sala. Después de hablar e insultar el ex policía, el presidente del tribunal le recordó “Sr. Albornoz, ya sabe que puede pedir la palabra toda vez que la pida”.
Resulta una ofensivo para los sobrevivientes y víctimas, y sobre todo a la memoria de los compañeros detenidos desaparecidos, la actitud del Tribunal de no esperar que se terminara de retirar la testigo. Albornoz provoca e insulta durante las audiencias, mientras alega “razones de salud” para gozar del arresto domicilario. Este privilegio ya le había sido concedido en 2013 y luego se lo revocaron por las reiteradas denuncias por parte de familiares de desaparecidos que lo veían todos los días por las calles de la ciudad de la Banda del Río Salí, y también en la capital. |
