El pasado lunes se leyó sentencia en el caso del joven bahiense fallecido en el 2010 a raíz de una explosión en un depósito clandestino de la empresa Camin Cargo Control. Metz fue absuelto, nuevamente la Justicia garantiza la impunidad patronal.
Juan Cruz Manfredini, era un jóven de 25 años que comenzó a estudiar seguridad e higiene en la ciudad de la Bahía Blanca con la aspiración de conseguir un buen trabajo. La oferta de tiempo completo recibida en el 2008 a cambio de un trabajo con buenas perspectivas dejó el estudio en segundo plano. Metz lo contrata y enseguida comienza a trabajar, había sido contratado para tomar muestras y testear la calidad de los materiales transportados. Estas muestras de gas butano y propano, petróleo crudo, gasoil, y fertilizantes – entre otras- eran almacenadas en un dúplex. Un día como cualquier otro, producto de la explosión, Juan Cruz terminó con quemaduras en el 95 % de su cuerpo al abrir la puerta del depósito clandestino, 4 días después muere en el hospital.
La justicia falló a favor de la empresa, sentenciando la impunidad. La misma familia de Juan Cruz contaba en una entrevista en La Izquierda Diario a 4 años de la muerte del jóven que “Juan Cruz perdió la vida por la corrupción y la precarización laboral. Detrás de cada precarización hay corrupción de la Municipalidad, y del Consorcio del Puerto”.
El caso de Juan Cruz es un ejemplo a cielo abierto de lo que significa la vida de los jóvenes que engrosan las filas de la precarización laboral para las mismas patronales; apenas una variante en un cálculo frío de ganancias y pérdidas, una variante de la rentabilidad. El mismo día que se leía la sentencia, se repetía como tragedia la misma escena. Nuevamente un jóven de 25 años caía de 8 pisos de altura en una obra en construcción, ahora se espera su recuperación. La estadística fría muestra que seis de cada diez jóvenes trabajadores de entre 18 y 24 años tiene un empleo informal, y de esos seis, más de la mitad son mujeres.
Precarización laboral: muerte e impunidad
Las estadísticas de muerte en “accidentes” laborales y enfermedades llegan a 2.3 millones por año según la Organización Internacional del Trabajo, y el Informe Anual de Accidentabilidad y Actividad Económica Declarada para el año 2014 indicando un descenso en el índice de casos reportados, pasando de 50,2 a 46,8 cada mil casos cubiertos. Hay que tener en cuenta que este último estudio consta de casos que fueron declarados, y que los “accidentes” del empleo precarizado parecen no contar entre ellos.
Entre las provincias que están por encima del índice medio, Buenos Aires ocupa el quinto lugar con el 54,9 cada mil casos cubiertos, luego de Santa Fe que encabeza la lista con 60,4 casos, Córdoba 60,1, Mendoza 56,9 y Río Negro 55,3. En Buenos aires, según esta estadística oficial, las actividades que más accidentes reportan son en primer lugar las industrias manufactureras, seguida por los servicios sociales y el comercio.
La década de los 90 dejó una derrota sobre la espalda de la clase obrera argentina: La división de en precarizados y tercerizados, los contratos basura, el trabajo a destajo, la profundización del trabajo en negro, los salarios por debajo del costo de vida y la escasa o nula seguridad laboral, ni hablar de la casi inexistente representación sindical de estos trabajadores.
Fue con este mismo sistema de funcionamiento que durante la década kirchnerista se hizo gala de la creación de 4 millones de empleos precarios, que fueron los músculos que sostuvieron el “boom de la automotriz” en Argentina, entre otros. Estos trabajadores son conocidos como “asalariados pobres” por no alcanzar el costo de la canasta básica familiar.
Esta profundización del menemismo encuentra en Macri, Triaca y las burocracias sindicales los mejores aliados para seguir avanzando en un gobierno de los ricos y para los ricos La excusa de“ Mi Primer Empleo” desnuda toda una política del gobierno hacía la juventud: subsidiar a las empresas multinacionales millonarias como Mc Donnalds para aquellos jóvenes que no puedan acceder a la educación superior, mientras la justicia lanza un fallo retrógrado, que plantea que sólo las direcciones sindicales podrán convocar a medidas de fuerza, es decir, que más del 35% de los trabajadores y trabajadoras no tienen el derecho ni siquiera a manifestarse. Este fallo de la Justicia es puro cinismo, como si las direcciones sindicales que hoy están garantizando la tregua y dejando pasar el ajuste y los despidos del macrismo y el FpV se hicieran eco de uno de los problemas estructurales que atraviesa la clase obrera: la precarización laboral que nos mata.
