Fotografía: Carlos Brigo
Se trata de Diosnel Pérez, militante del Frente Popular Darío Santillán e integrante de la junta vecinal de la Villa 20, y Luciano “Tano” Nardulli, referente de la Corriente Clasista y Combativa del barrio de Soldati. Fueron procesados en agosto de 2011 de “usurpación” y de ser “instigadores” de la toma del Parque Indoamericano ocurrida el 7 de diciembre de 2010. El juicio se desarrollará durante siete jornadas en el Juzgado Penal Contravencional y de Faltas N°21 a cargo de la jueza Cristina Lara.
El terreno público de Soldati, ocupado por familias sin vivienda o con viviendas precarias y hartos de vivir hacinados, fue desalojada y reprimida violentamente por la Policía Federal y la Metropolitana, dirigida por el secretario de Macri, Rodríguez Larreta, y Aníbal Fernández, el Jefe de Gabinete y responsable real hasta entonces de la Policía Federal, que presentaron este pacto como un “operativo conjunto”.
Las consecuencias: tres habitantes asesinados y decenas de heridos, entre los que había muchísimos niños.
Y los que van a juicio son los militantes. No hay un solo policía detenido ni procesado: les dictaron falta de mérito porque no se pudo determinar de dónde salieron las balas, ni quiénes adulteraron posteriormente las postas. Tampoco los responsables del operativo.
El gobierno, poco tiempo después de los graves hechos, puso en pie el Ministerio de Seguridad a cargo, en ese entonces, de Nilda Garré, confirmando que para el Estado la movilización por una demanda tan sentida como la de vivienda digna debe ser criminalizada y acallada por la fuerza.
Eso sí, para Diosnel y el Tano, desde 2011, -cuando los procesan-, al día de hoy, -que empieza el juicio-, todas las maniobras de los fiscales fueron puestas a andar: dos veces sobreseídos y dos veces más esos sobreseimientos revocados, hasta que, -la tercera es la vencida-, la Cámara los manda a juicio. Así nos lo relataba Nicolás Tauber, uno de los abogados de los compañeros: “Fueron sobreseídos en dos oportunidades, la primera vez por la jueza Nasar, que es la misma Jueza que ordenó el desalojo del Indoamericano; y en la segunda oportunidad por la jueza María Gabriela López Iñíguez. El primero se ordenó porque la jueza entendió que usurpar un predio público no era delito; la Cámara (Penal, Contravencional y de Faltas de la CABA) revocó ese sobreseimiento. Luego, los sobreseyó la jueza María Gabriela López Iñíguez, porque entendió que era manifiesta la falta de participación del Diosnel y el Tano en la causa, ya que los acusaban como organizadores. Entonces la Fiscalía lo que hizo fue cambiar la acusación, cuestión que no se puede hacer porque nunca los habían acusado de ser organizadores sino de ser coautores. Llegado a este punto, la Cámara dijo que como la causa era “atípica” correspondía que el tema se discuta en un juicio oral con mayor prueba. Entonces, quedó habilitada la instancia del juicio oral, y ahora con una nueva jueza, Cristina Lara”.
No están solos
Hoy están en el tribunal acompañados por muchísimos de sus compañeros del Frente Popular Darío Santillán y de la Corriente Clasista y Combativa y de organizaciones solidarias que repudian la represión y la criminalización de la protesta.
Nora Cortiñas, Elia Espen de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, el CELS, integrantes de la CTA, el CeProDH, Liberpueblo, Movimiento Evita, APDH Matanza, del Encuentro Memoria, Verdad y Justicia, CTD Aníbal Verón, MTR Cuba, Movimiento Villas al Frente, MP La dignidad, Corriente Nacional Emancipación Sur, MTL Rebelde, COB La Brecha, el Partido de los Trabajadores Socialistas, el Partido Obrero, entre otras tantas organizaciones sociales, políticas y trabajadores que serán parte de la jornada, la primera de siete que durará este juicio, que tiene planificado terminar el 31 de octubre.
Elia Espen, en diálogo con La Izquierda Diario, dijo que “estaré ahí con los chicos, acompañándolos. No podemos dejarlos solos, no podemos permitir que los condenen; ellos luchan por vivienda, en una ciudad rica, donde los pobres tienen que vivir en condiciones terribles”.
Los Centros de Estudiantes de Psicología y Ciencias Sociales de la UBA se pronunciaron por la absolución de los compañeros, al tiempo que exigieron la solución a los problemas de vivienda y el castigo a los asesinos.
El diputado nacional Nicolás Del Caño (PTS/FIT) señaló que “El macrismo y la justicia porteña, envalentonados por la política represiva del gobierno nacional, profundiza la persecución a los sectores combativos y que pelean por sus derechos, y en su sistemática discriminación a los inmigrantes. Ambos gobiernos son los responsables de los asesinatos en el Indoamericano, cuando todavía resuenan los disparos y las topadoras en el barrio Papa Francisco”.
Por su parte, Myriam Bregman, abogada del CeProDH y diputada electa del Frente de Izquierda, indicó que “se lleva a juicio oral esta causa como un mensaje contra todos aquellos que pelean por una vivienda digna. Berni y Macri están de acuerdo en reprimir y perseguir a habitantes de barrios humildes, estudiantes, trabajadores, organizaciones sociales. Sus fuerzas de seguridad no han dudado en asesinar y en utilizar todo tipo de maniobras como la que denunciamos del ’Gendarme Carancho’, infiltrar personal de las fuerzas de seguridad en las manifestaciones como en Lear, inventar causas o tirar gas pimienta en la cara de los diputados”.
Diosnel Pérez declaraba a La Izquierda Diario: “El gobierno de Macri y el fiscal Luis Cevasco quieren tener un precedente de persecución política: si la gente sigue luchando por sus derechos lo que va a pasar es esto. Nosotros vamos a seguir, no nos van a parar haciéndonos causas porque seguiremos luchando hasta que tengamos una vivienda digna como cualquier ciudadano”.
La Izquierda Diario seguirá cada audiencia de este juicio que, como dice Diosnel, puede sentar un precedente grave. No somos neutrales, estamos con los compañeros y reclamamos su absolución y vivienda digna para todos los habitantes de los barrios y asentamientos. |
