Cuando están por cumplirse 4 años de la toma del Indoamericano, pueden verse los resultados de la política gubernamental en el contexto de una crisis habitacional que sigue en ascenso: mientras las promesas hechas para terminar de levantar aquella toma siguen sin cumplirse, lo que sí avanzó fue la criminalización contra referentes de los movimientos sociales procesados a partir de aquellos hechos. También hubo un avance enorme en las villas, más puntualmente en la cantidad de gente que las habita: según un informe de la propia Secretaría de Hábitat porteña, las personas que viven en villas en la ciudad pasaron de 163.000 en 2010 a 275.000 este año. Esto tomando en cuenta los datos oficiales, aunque la cifra real superaría ampliamente este número, de acuerdo a distintos trabajos realizados en los últimos años.

Una ciudad cada vez más elitista

La gestión macrista pasó por diferentes etapas en lo que respecta a la política de vivienda, siendo acusada de subejecutar sistemáticamente la parte del presupuesto destinado a este rubro. Macri y su gabinete siguen un plan de fondo más general, que busca convertir a Buenos Aires en una ciudad moderna y cosmopolita, atractiva al turismo, que cumpla con estándares de calidad internacional. Una ciudad donde se favorecen los negocios de los desarrolladores urbanos y las grandes constructoras. A esto responden los planes de embellecimiento y revalorización de ciertas zonas, que tienen como contracara el encarecimiento de áreas como el sur de la ciudad, cuyos habitantes se ven expulsados cada vez más a los márgenes o fuera de la misma.

En lo que a vivienda se refiere, hubo diferentes etapas: desde la expulsión directa de sectores “indeseables” para la administración macrista mediante desalojos, hasta el otorgamiento de subsidios miserables y la creación y sucesiva desaparición de distintos programas y entidades estatales abocadas al tema de la vivienda, siempre con el foco en librar a la ciudad de quienes no “son bienvenidos” y reforzando esta política con un discurso xenófobo y criminalizador de la pobreza para legitimar su accionar.

El violento desalojo del predio del Indoamericano en 2010, debut de la Policía Metropolitana reprimiendo junto a la Federal, marcó un salto en el accionar tanto del gobierno porteño como del nacional.

Falsas promesas

El asesinato en el Indoamericano de tres habitantes de la Villa 20 que sólo buscaban un terreno para vivir junto a sus familias, fue seguido por otras medidas que buscaron apaciguar la situación desatada. Nación y Ciudad se unieron con ese fin, nuevamente, impulsando un censo que registró 13.300 personas necesitadas de una vivienda durante esa toma. Se montó un operativo basado en la promesa de otorgar en los siguientes tres años una solución habitacional a las familias, con el chantaje de que “todo aquel que usurpe no tendrá derecho a formar parte del plan de vivienda ni acceder a ningún plan social”. Esto lo planteó quien oficiara en ese momento de portavoz del gobierno nacional, Aníbal Fernández, para exhortar a quienes permanecían en el predio a abandonar el lugar.

Casi cuatro años después, los gobiernos de la ciudad y nacional no sólo no dieron solución a esas familias, sino que el problema habitacional en la ciudad y el país se agravó exponencialmente. Además de incrementarse sideralmente la cantidad de gente que vive en condiciones de precariedad en villas, las tomas de terrenos y conformación de asentamientos aumentaron al ritmo de un boom inmobiliario que significó desarrollos inmobiliarios mayoritariamente de lujo o para inversión de los especuladores inmobiliarios.

Unanueva toma en plena Ciudad de Buenos Aires hace dos meses culminó con otra represión feroz de ambos gobiernos, lo que obligó a la presidenta Cristina Fernández a anunciar posteriormente la creación de una Secretaría de Acceso al Hábitat y un plan inicial de urbanización de algunos barrios. Lo limitado de este plan, que se suma al también limitado PRO.CRE.AR., no llega a cubrir ni siquiera el mínimo de lo necesario en cuanto a recursos puestos al servicio de resolver la crisis habitacional galopante. Esto vuelve a poner e evidencia que tanto el gobierno nacional como el municipal, mientras siguen acordando grandes negocios inmobiliarios en la Legislatura porteña, sólo intentan tapar algunos baches ante el drama habitacional de millones, sin llegar a cumplir siquiera la ley 148 de urbanización de las villas, entre otras disposiciones que ya fueron sancionadas hace tiempo.