La Fiscalía de Investigación Penal Nº 8 a cargo de Alejandro Bossatti elevó a juicio la causa por "usurpación" de tierras en contra de los dirigentes gremiales Yolanda Canchi (ATSA), Carlos Santillán, Alberto Arias, Álvaro Sandoval, Santiago Seillant y Adrián Mirkin del SEOM. Siendo estos últimos tres dirigentes recientemente liberados tras ser encarcelados por un reclamo contra la precarización laboral ante el intendente de la capital jujeña. Y también desde la fiscalía anticipan que ampliarían los procesamientos.
El 18 de diciembre del año pasado Bossatti ya había pedido la elevación a juicio, y la defensa de los imputados agotó todas las instancias legales manifestando oposición. Fue así que el Juez de Control Gastón Mercau, el mismo que llevó adelante el encarcelamiento ilegal de Milagro Sala, resolvió no hacer lugar al planteo formulado por la defensa, y el pasado 23 de febrero ordenó que continúen con los procesos judiciales. El 13 del corriente mes, luego de que la Cámara de Apelaciones compartiera los fundamentos de Mercau, se dio por finalizada la instrucción y la causa la semana que viene estará en la Sala Tercera del Palacio de Tribunales para fijar fecha de juicio.
La causa que se sigue es por la ocupación que llevó adelante el Frente de Gremios Estatales el 5 mayo del año 2015, reflejado oportunamente por nuestro medio, ante la nula respuesta frente a la falta de viviendas a los trabajadores municipales.
La falta de vivienda es una crisis que se mantiene abierta y saltó sobre el tapete, en la histórica toma de tierras del triángulo en Ledesma que se extendió por toda la provincia durante el 2011 dejando a la luz el déficit acuciante de más de 30.000 jujeños sin casa propia, y que tuvo como respuesta la represión que se cobró la vida de tres jóvenes trabajadores. Luego vino el plan de desvió con “Lote para todos” de Barrionuevo y Fellner, que ahora Morales lo reconvirtió en “Jujuy Hábitat”. Eso sí, el gobierno de Morales prometió la construcción de 3000 viviendas por año (bajando de las 7000 prometidas en su discurso de campaña acusando al gobierno anterior de robarse la plata), por ende, con este plan al menos faltan 10 años para cubrir el déficit actual de vivienda.
Pese al anuncio junto Gabriela Michetti en su “gira” por Jujuy del inicio al plan “Jujuy Hábitat”, a la lentitud del inicio de las obras de vivienda se contrapone la rapidez con que las fuerzas policiales amparados en las órdenes judiciales dictadas por el Juez Mercau, desalojan a las familias que reclaman por vivienda, como recientemente ocurrió con los desalojos en el “Aereo Club”, y en la 8va etapa del barrio “Túpac Amaru” de Alto Comedero en las primeras semanas de junio.
El problema de la asfixia por la falta de vivienda se traduce en hacinamiento en casas en donde viven dos, tres o más familias juntas. Según el Censo de 2010 La provincia registra un 6,7% de sus hogares con problemas de hacinamiento (más de 3 personas por habitación), cuando el promedio nacional es del 4,4%*. Son los trabajadoras y los sectores populares los que más sufren de estas situación insoportable, mientras una minoría de rentistas amasa fortunas cobrando alquileres a precios de las grandes urbes. De más está decir que en este negociado se benefician funcionarios y empresarios amigos que son los dueños de las propiedades y los cabecillas del rentismo inmobiliario.
La política de viviendas de Gerardo Morales es clara, un plan limitado y con trabajo precario de cooperativas y un gran negocio de los rentistas; desalojo y judicialización a los que no se conformen con esta miseria. La judicialización de la protesta está inscripta desde el primer día de gobierno, Morales y el massista Haquim, conforman un régimen policíaco en Jujuy, utilizando la mayoría automática que armaron en el Superior Tribunal de Justicia.
Desde este diario repudiamos la elevación a juicio de los dirigentes del Frente de Gremios Estatales y exigimos la libertad de Milagro Sala y la caída de las causas de todos los trabajadores procesados en la provincia. A su vez, es necesario que los sindicatos impulsen una lucha unitaria por un plan de obras públicas bajo control obrero, financiado con impuestos progresivos a las grandes fortunas capitalistas, y así construir todas las viviendas que hacen falta para el pueblo trabajador de la provincia.
* Las regiones con valores más elevados son los Valles (8,9%) y las Yungas (8,2%). Fuente INDEC |
