Hasta el momento nunca hubo ninguna persona presa por estas muertes. El 18 de abril, diez años después del incendio, comenzó el juicio donde los imputados son los talleristas (Sillerico y Correa), mientras que los dueños de la marca (Damián Fischberg y Javier Geiler) no fueron siquiera citados a declarar, a pesar del pedido de la querella.

Durante los 12 días que duraron las audiencias del juicio brindaron su solidaridad cientos de organizaciones sociales y de derechos humanos. También la legislatura porteña aprobó por unanimidad una declaración de apoyo a la Campaña por Justicia por las Víctimas del Taller Textil de Luis Viale, presentada por los legisladores Patricio Del Corro, Marcelo Ramal y Fernando Vilardo.

Según relata el diario del juicio “La Dra. Norma Bouyssou planteó en primer lugar una serie de cuestiones técnicas por las cuales a su entender se debe anular el juicio. Seguidamente se concentró en una batería de argumentaciones orientadas a justificar la explotación de mano de obra que tenía lugar en el taller, a partir de argumentos abiertamente racistas utilizados para denigrar al imputado como “un tipo con un contexto mental primitivo”, que vino de un pueblo adonde “algunos como máximo se duchaban la cara sacando agua de un pozo”, y que como tal no podía entender las reglamentaciones locales. Según la defensora pública se trató de un “delito culturalmente motivado”, ya que “si para nosotros esto es reducción a la servidumbre, para Sillerico es alojar a sus paisanos”.

Un argumento tan parecido –y tan reaccionario- al utilizado por el ex juez Oyarbide en la causa contra Soho al decir que la explotación era uso y costumbre de los bolivianos.