El exministro de Planificación Federal Julio De Vido y el exsecretario de Transporte Ricardo Jaime fueron procesados ayer por decisión del juez federal Sebastián Ramos en la causa que investiga la renegociación de los contratos ferroviarios entre 2003 y 2009.
“Incumplimiento de los deberes de funcionario público” y “negociaciones incompatibles con sus funciones”, fueron los delitos que cometieron según el magistrado. Además les trabó un embargó por $ 500 millones a cada uno.
Según el escrito del Juez, que fue publicado por el Centro de Información Judicial, quedó “acreditado con el grado de probabilidad exigido por el ordenamiento procesal, de acuerdo a las constancias incorporadas a la causa, que Ricardo Raúl Jaime, en su calidad de Secretario de Transporte de la Nación y miembro del Comité Sectorial de Renegociación y Análisis de Contratos de Servicios Públicos de la Unidad de Renegociación y Análisis de Contratos de Servicios Públicos, no designó a los profesionales y técnicos del sector de transporte ferroviario de pasajeros”.
De Vido, por su parte, dejó correr, “no habiendo impartido órdenes o arbitrado los medios necesarios destinados a que se avanzara con el procedimiento de renegociación de los contratos de servicios públicos de transporte ferroviario de pasajeros, no se inició ni se progresó en el proceso de renegociación de dichos contratos”.
No es la primera vez de ambos exfuncionarios kirchneristas. De Vido ya fue procesado por el juez Claudio Bonadio en mayo pasado por su responsabilidad en la masacre ferroviaria de Once, ocurrida en febrero de 2012. Por esa misma causa Jaime permanece cumpliendo condena en el penal de Ezeiza.
El exsecretario de Transporte también fue condenado en octubre de 2015 por aceptar dádivas de la concesionaria ferroviaria TBA, a la que supuestamente debía controlar. Esto es mencionado por el juez Ramos en su escrito como un hecho “indiciario”.
La denuncia fue iniciada en agosto de 2012 por Edgardo Carranza, perteneciente a la Asociación Civil de Defensa del Pasajero y del Usuario de Transportes (Adepaut).
Según denuncia Carranza, existió un “acuerdo entre funcionarios públicos y las empresas concesionarias de los servicios de ferrocarriles, para que éstas no llevaran adelante los planes de inversión establecidos en 1994 al momento de producirse la concesión del sistema ferroviario”. | 
