Foto: AP Photo/Ross D. Franklin
Las medidas ejecutivas presentadas por Obama consisten en extender la Acción Diferida para los jóvenes migrantes que llegaron a territorio estadounidense durante su niñez (DACA), y el equivalente para los padres (DAPA). Aplican a las personas llegadas a Estados Unidos antes de 2014.
De aplicarse, alrededor de 5 millones de migrantes indocumentados obtendrían permiso de trabajo temporal que estarían obligados a renovar cada tres años y evitarían la expulsión del país.
Podrían haber beneficiado a 5 millones de personas sin estancia legal en el gigante del norte, mientras más de 6 millones seguían con el peligro de enfrentar la cárcel y la deportación.
Las medidas de Obama habían sido suspendidas por el juez Hanen de Texas en 2014, a pedido de 26 gobernadores.
Fueron de Alabama, Arizona, Arkansas, Carolina del Norte, Carolina del Sur, Dakota del Norte, Dakota del Sur, Florida, Georgia, Idaho, Indiana, Kansas, Luisiana, Maine, Michigan, Mississippi, Montana, Nebraska, Nevada, Ohio, Oklahoma, Tennessee, Texas, Utah, Virginia Occidental y Wisconsin.
El argumento: que el mandatario estadounidense había abusado de su poder ejecutivo y que las acciones ejecutivas violan la Constitución y las leyes estadounidenses.
Lo que queda: Obama, deportador en jefe
Con el empate del fallo, las esperanzas de millones de migrantes se esfumaron. Pero también se desmoronó el proyecto de Obama de despedirse del poder dejando como legado sus medidas ejecutivas, una acción que hubiera beneficiado al partido demócrata en las elecciones presidenciales de noviembre próximo.
Al fracasar el intento de descongelar la DAPA y la DACA, lo único que queda en el horizonte son las órdenes de redadas y deportaciones, cárcel y criminalización implementadas por Obama, que están en curso. Una política antiinmigrante, incluso criticada por sectores del partido demócrata, que le valieron el mote de “deportador en jefe”.
Lo que queda son miles de familias separadas por la fuerza, madres encarceladas con sus niños, migrantes que huyeron de la violencia y la miseria en sus países de origen que ahora están en riesgo de ser deportados, aun cuando sus vidas están amenazadas.
Y la otra cara de la moneda: los empresarios que contratan a trabajadores migrantes seguirán siendo beneficiados por las precarias condiciones que viven los extranjeros indocumentados en Estados Unidos: con el temor constante de la deportación, se ven obligados a aceptar los peores salarios y a no gozar de prestaciones.
También en México y Centroamérica muchas familias pueden ser afectadas: no sólo por el destino de sus seres queridos en el gigante del norte, sino también porque con las deportaciones se cortará el envío de remesas, un apoyo económico de primer orden en muchas regiones.
Por los derechos de los migrantes
En estos días, ante la brutal represión desatada por el gobierno mexicano contra el magisterio, se han expresado voces de apoyo en distintas ciudades estadounidenses. Las y los migrantes expresaron su solidaridad hacia el pueblo oaxaqueño y los maestros que enfrentan la reforma educativa al sur del río Bravo, en Los Ángeles y Nueva York.
Estos lazos se refuerzan desde las movilizaciones en repudio a la violencia policial contra la comunidad afroamericana y la solidaridad con Ayotzinapa.
Una unidad forjada a través de la frontera, que articule la fuerza de los de abajo, con la juventud estadounidense, con las trabajadoras y los trabajadores precarios que consiguieron el aumento al salario mínimo de 15 dólares la hora, es el camino para conquistar plenos derechos para las y los migrantes, políticos, sociales, sindicales. Para lograr el libre tránsito a través de las fronteras, para terminar de una vez por todas con la separación arbitraria de familias. | 
