Después de que el anteproyecto de Ley de Seguridad Ciudadana fuera objeto de duras críticas por parte de juristas y tras diferentes movilizaciones de colectivos y movimientos sociales, el Ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz optó por hacer unos pequeños ajustes "cosméticos" de cara a la galería, para poder presentar con mejores garantías el proyecto de Ley.
Pero sin duda, después de las primeras intervenciones parlamentarias, todos los grupos del arco parlamentario a excepción del propio Partido Popular se han posicionado en contra, en una enmienda a la totalidad de la Ley. Uno tras otro, todos los portavoces han coincidido en que esta Ley es un retroceso para las libertades y los derechos democráticos, y le han pedido al Ministro la retirada del Proyecto de Ley.
Aun así, con todos los grupos en contra, el PP puede aprobar la Ley haciendo uso de la mayoría absoluta con la que cuenta en el Parlamento.
Una de las intervenciones más contundentes contra la llamada “Ley Mordaza” ha surgido del Portavoz de Amaiur, Mikel Errekondo, el cual se ha puesto una mordaza en la boca durante unos segundos, dando a entender que la Ley de Seguridad atenta contra las libertades más básicas como es la de manifestación. Por su parte Joan Tardà, representante de Esquerra Republicana de Catalunya ha tachado de vergonzoso y fascista al titular de Interior.
Por su parte, la portavoz del PSOE Isabel Rodríguez, ha manifestado que si el Gobierno dejara de aplicar políticas de austeridad y recortes, la gente protestaría menos. Pareció no recordar que las políticas de austeridad y recortes comenzaron bajo el gobierno de Zapatero.
Con la Ley de Seguridad Ciudadana el gobierno busca sistematizar una campaña represiva que desde la emergencia del Movimiento 15M se viene intensificando para perseguir y criminalizar las protestas sociales.
Un ejemplo de la política del miedo que viene aplicando el Gobierno, incluso antes de que la Ley Mordaza entre en vigor, es el caso de los 74 años de prisión que pide la fiscalía a catorce jóvenes del 15M en 2011.
Otros casos ejemplificadores son los del joven activista Alfonso Fernández, más conocido como Alfon, acusado de llevar material explosivo en una mochila durante la Huelga General del 14N de 2012. Ahora se enfrenta a la posibilidad de cinco años de prisión, habiendo pasado más de dos meses en prisión preventiva y en régimen FIES -mayor control y vigilancia sobre el preso para obtener información-.
Otro caso es el de Katiana Vicens, secretaria general del sindicato CCOO en las Islas Baleares, para la que piden más de cuatro años de prisión acusada de romper presuntamente los cristales de un autobús durante la huelga general de marzo del 2012.
Estos casos son solo un botón de muestra de la campaña represiva con la que se pretende aniquilar las libertades democráticas más esenciales. En la actualidad son más de 200 sindicalistas y activistas los que están siendo o serán sancionados y procesados por defender sus derechos.
El Gobierno del PP declara así una guerra sin cuartel contra miles de activistas, jóvenes y trabajadores hartos de pagar los costes de la crisis capitalista, y que defienden sus derechos en las calles. | 
