En la madrugada del lunes se producía la explosión, se cree que por una caldera, en Laboratorios Apolo ubicado en el barrio La Tablada, en la zona sur de Rosario. Aparte de la destrucción completa de las instalaciones de la firma, también se produjeron importantes daños en las casa vecinas provocados por la onda expansiva de la detonación. Al momento se contabilizan 5 heridos, uno de ellos internado gravemente en el Hospital Baigorra por quemaduras.
Laboratorios Apolo es una de las firmas más importantes en el rubro. Es una empresa farmacéutica dedica a la fabricación, fraccionamiento y envasado de soluciones parentales de gran volumen. Provee a una gran parte del sistema de salud privado y público del país, y también exporta sus productos al Paraguay. Provee de sueros a hospitales y ha llegado a producir más de un millón y medio de unidades por mes, con una facturación que en el 2012 estaba estimada en 44 millones de pesos.
Recientemente se dio a conocer que si bien la empresa cuenta con la habilitación desde 1998 para funcionar y cada año la misma fue renovada, las ordenanzas municipales prohíben que este tipo de actividades, la fabricación de sueros fisiológicos, funcionen en un centro de manzana. Resta conocer la explicación de las autoridades municipales que den cuenta de esta irregularidad.
Sin embargo los hechos ocurridos en la zona de sur de Rosario volvieron a proyectar las sombras de una empresa denunciada, no sólo por las condiciones de precarización laboral de sus empleados así como las adversidades que tuvieron que enfrentar sus trabajadores al momento del cierre temporal de la misma en el año 2012. Uno de los que fuera dueño de la firma, Jorge Manuel Salinas entre 2005 y 2012, estuvo involucrado en la causa por los desvíos de fondos del Pami y por un fraude millonarios que en el 2010 alcanzaba la cifra de 21 millones de pesos.
De mafias y medicamentos
En 2010 se conocía la denuncia hecha por la ex ministra de Salud, Graciela Ocaña, al entonces gerenciador del Pami y titular de una droguería, Rubén Romano. Romano junto a otros empresarios del rubro, entre ellos Salinas, estaba a la cabeza de uno de los fraudes que ocupó las principales planas de los medios nacionales.
El mecanismo consistía en la venta de troqueles de medicamentos con descuento total o parcial de 7.500 jubilados fallecidos. Se sabe que esos fondos hasta llegaron a paraísos fiscales. De la operación no sólo participaban Romano y Salinas, sino también Osvaldo Corti, Miguel Ángel Fernández Bedoya y Daniel Roberto Lesch. Todos ellos fueron procesados sin prisión preventiva por el juez federal Octavio Aráoz de Madrid por el delito de fraude al Estado.
Romano también estuvo vinculado a la causa por el Triple Crimen de General Rodríguez, que destapó la ruta de la efedrina en Argentina. El hecho es que Romano mantenía contactos comerciales con Sebastián Forza a través de la venta de un medicamento conocido como factor 7. En aquel entonces preparaban una estafa al Pami de tres millones de pesos en una maniobra en la cual estaba involucrado el laboratorio de Forza, el propio Romano y la Fundación contra la Homofilia.
De estafador a dueño de Apolo
Jorge Manuel Salinas llega a Laboratorios Apolo en 2005. Hasta ese entonces la firma pertenecía a los hermanos Iudica. Desde su asunción como dueño de la empresa los trabajadores denuncian que Salinas no dio señales de vida. El hecho se agrava en 2012 cuando se da un proceso de vaciamiento paulatino. Salinas de esa manera dejaba una deuda de casi tres millones de pesos con sus trabajadores en concepto de sueldos y aguinaldo. Para saldarla ofrecía un reintegro de los salarios en 24 cuotas .
De esta manera se fue dando un proceso paulatino de vaciamiento que fue desabasteciendo a los hospitales y sanatorios de insumos básicos, situación que se tornó crítica al ser Apolo uno de los pocos laboratorios que produce medicamentos “soluciones especiales” para emergencias. En aquel entonces los trabajadores denunciaban a Salinas por vaciar una empresa que facturaba 44 millones de pesos.
Mientras el vaciamiento tenía lugar una vez más Salinas se encontró envuelto en un nuevo fraude. Los trabajadores denunciaron a la justicia que entre febrero de 2011 y principios de 2012 los sueros que vendía la empresa no habían pasado por los controles técnicos y de calidad obligatorios. Una vez más una causa llegaba a los pasillos de la justicia con Salinas como el principal acusado.
Mientras tenían lugar todas estas irregularidades bajo la gestión de Salinas la empresa recibía la visita de importantes políticos de la provincia de Santa Fe y Rosario. En un comunicado del 27 de junio de 2010 de la Juventud Federal Reutemista aparecen el ex diputado nacional Carlos Carranza y el concejal Diego Giulano visitando la planta. Todo ello a pesar de que las denuncias contra Salinas ya eran públicas y el empresario se encontraba procesado.
Luego de un largo conflicto, en donde los trabajadores resistieron el vaciamiento y formaron una cooperativa, aparece un nuevo dueño: Ariel Furfaro. Furfaro mantiene relaciones públicas con organizaciones del kirchnerismo como la que dirige Alicia Kirchner. Los trabajadores denuncian que Furfaro sería un testaferro de Jorge Manuel Salinas. Las condiciones de precarización poco cambiaron, solo 35 de los 150 trabajadores empleados estaban registrados.
La explosión ocurrida en Rosario en la madrugada del lunes destapa una compleja trama donde confluyen empresarios que no sólo hacen fortuna a través del fraude y la extorsión laboral. Una vez más la combinación de impunidad empresarial y complicidad política de los diferentes niveles del Estado sacude a la ciudad Rosario. | 
