Este jueves 23 de Junio sucedió un lamentable episodio en la E.E.S N°22 de Zárate, en el que una docente que dictaba clases en ese establecimiento recibió una golpiza de su alumna y de varios de sus familiares. El hecho de violencia se habría desatado por un teléfono celular, que luego de que la docente le pidiera reiteradas veces a la alumna que lo guardara, decide retirárselo lo que generó la agresión de la alumna y sus familiares.
Este hecho totalmente repudiable, generó la solidaridad de más de 200 docentes que se reunieron hoy en la puerta de sede de inspección y jefatura distrital para que se tomen medidas frente al hecho acontecido.
Ahora bien, si se hace una reflexión de manera más profunda en cuanto a este hecho acontecido, que no es un hecho aislado, sino que cada vez son más los casos en que la violencia escolar (¿violencia social?), se hace presente en las escuelas bonaerenses, cabe pensar y ligarlo directamente a las condiciones de vida en la que la juventud está destinada a vivir en estos días, en donde la escuela no es más que un fiel reflejo de lo que estos jóvenes viven en sus casas, en sus barrios, en la sociedad en general.
Estos actos de violencia, merecen un absoluto repudio de los trabajadores de la educación y de toda la comunidad educativa, pero también merecen un análisis profundo.
La herencia de “la década ganada” y la escuela que quiere “Cambiemos”
En una sociedad que tiene como base el enriquecimiento de una pequeña minoría a expensas del trabajo de millones y que condena a la miseria y la exclusión a cientos de miles (según la CTA el nivel de pobreza se ubicó en 19,7% en 2015, datos correspondientes al primer semestre del año, que representa 8,4 millones de personas aproximadamente. El nivel de indigencia se ubicó en el 4,5% durante el segundo trimestre de 2015) y ante esto, pretender que la Escuela sea una “isla aparte” en la que los problemas estructurales derivados de esta tremenda desigualdad social no aparezcan, o que cuando lo hagan sean atendidos por quienes trabajan en ella como problemas individuales o a lo sumo como casos de una “asocial” violencia escolar, se parece al cuento del árbol que tapa el bosque.
Si el problema de la violencia atraviesa a la sociedad y a la Escuela Pública es porque existen condiciones terribles de vida para mucha de las familias que son parte de nuestra comunidad educativa.
Esta violencia “madre” generada por las mismas condiciones materiales de existencia y que es reproducida socialmente, puertas adentro de la escuela lleva el nombre de violencia escolar. Cuando hechos aberrantes como del que fuera víctima la docente zarateña ocurren, no todos quieren hablar de lo que hay por debajo, mientras se destinan millones para subsidiar empresas multimillonarias, para la educación pública solo migajas.
Son las “políticas educativas” de gobiernos que pasaron y siguen pasando las responsables de profundizar la pobreza y la desigualdad con sus mandamientos de desfinanciamiento y descentralización, condenando a millones de alumnos de las familias más pobres a nuevas formas de violencia y exclusión: repitencia, deserción, baja calidad del conocimiento; y a los docentes a trabajar en condiciones tremendas con salarios bajos teniendo que hacer el trabajo de dos o tres personas, el famoso doble turno.
Las frases repetidas en los establecimientos, como “Calidad educativa”, “Igualdad de oportunidades”, “Inclusión con calidad”, son repetidas hasta el hartazgo y pierden sentido, si frente a estos casos de violencia no se contemplan en la realidad de las escuelas. Esta realidad que violenta por igual a docentes y familias, sin presupuesto sensatos para los comedores, sin equipos profesionales que acompañen la tarea pedagógica.
Son los docentes los que año a año y día a día, pelean contra viento y marea no sólo por un salario de calidad (que siempre y gracias a las cúpulas sindicales cierran por la baja), también pelean contra otro tipo de "violencia escolar", la violencia del desfinanciamiento y la precarización laboral: hoy un docente ingresante tiene que vivir con $8.880 al mes, la mitad de lo estipulado para la canasta básica familiar. Esta realidad, lejos de alejar al docente de las familias de la comunidad educativa, lo emparentan en la misma realidad del ajuste, como sujetos que están obligados a cumplir el rol de “trabajador” y “contención” de una realidad que lo excede. | 
